La denuncia ocurre tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo electoral. El Órgano Interno de Control también presentó seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026.— El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, en medio de las investigaciones por posibles actos de corrupción y conflictos de interés relacionados con contrataciones millonarias durante la administración de la sonorense Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó recientemente la presidencia del organismo.
Mediante el comunicado 490, fechado el 6 de noviembre, el INE informó que solicitó a la Fiscalía investigar posibles conductas delictivas y determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, el organismo no identificó públicamente a las personas denunciadas ni precisó los montos, contratos o periodos de gestión involucrados, pese a asegurar que mantiene una política de cero tolerancia frente al uso indebido de recursos públicos.
La denuncia se produce en un contexto de señalamientos sobre contratos relacionados con la producción de credenciales para votar y la elección judicial de 2025. De acuerdo con información publicada por La Jornada, el Órgano Interno de Control del INE presentó otras seis denuncias penales contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones, utilización de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público.
El mismo órgano de fiscalización informó que, entre 2014 y 2025, cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos electorales locales. Las compañías estarían relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos vínculos con Taddei han sido objeto de señalamientos periodísticos. La cifra corresponde a contrataciones identificadas por el órgano fiscalizador y no debe confundirse con un monto de recursos cuyo desvío ya haya sido acreditado.
La salida de Taddei, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023, ocurrió en medio de esta controversia. Aunque el comunicado oficial no la menciona, La Jornada reportó, con base en fuentes legislativas, que la exconsejera presidenta y el empresario Alfredo Hernández Casillas figurarían entre las personas involucradas en las denuncias presentadas por el Órgano Interno de Control.
El caso coloca bajo escrutinio la administración de recursos de una de las instituciones fundamentales del sistema electoral mexicano. Mientras la FGR deberá investigar las posibles responsabilidades penales, el INE enfrenta otra exigencia: explicar públicamente qué contratos están bajo revisión, quiénes participaron en su autorización y cómo se permitió que las presuntas irregularidades llegaran hasta este punto.
