Hermosillo, Sonora, 16 de noviembre de 2026.— Una niña de aproximadamente dos años fue expuesta al uso de un cigarrillo electrónico por una adolescente en Hermosillo, en un episodio que quedó grabado y fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a la pequeña inhalando del dispositivo y reaccionando con tos, mientras la joven que lo sostiene sonríe y le da palmadas en la espalda.

No fue un accidente doméstico ni una situación en la que una niña encontró un objeto peligroso sin que nadie pudiera impedirlo. En una de las grabaciones, una joven le acerca deliberadamente el vapeador a la boca. En otra, la pequeña manipula el dispositivo y lo utiliza nuevamente, ante la presencia de otras personas.

La difusión de los videos provocó indignación y denuncias públicas que exigieron la intervención de las autoridades. Lo que para quienes participaron pudo haber parecido una diversión o una ocurrencia digna de compartirse en internet constituye una conducta de enorme irresponsabilidad: exponer a una niña que no tiene capacidad de comprender ni rechazar los riesgos de lo que le están haciendo.

La edad de las involucradas no disminuye la gravedad de los hechos. Ser adolescente no significa desconocer que una niña de dos años no debe fumar, vapear ni ser utilizada como protagonista de una grabación que pone en riesgo su salud.

El caso también obliga a mirar más allá de quienes aparecen en pantalla.

¿Dónde estaban los adultos responsables de la bebé? ¿Quién supervisaba a las adolescentes? ¿Cómo pudo una niña tan pequeña quedar expuesta a un dispositivo de esta naturaleza, aparentemente en más de una ocasión, sin que alguien interviniera para protegerla?

Estas preguntas no son secundarias. La protección de la infancia no puede depender de que un video se vuelva viral y provoque suficiente indignación para que las autoridades actúen.

Fiscalía investiga a tres adolescentes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el domingo 15 de noviembre que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Como parte de las diligencias, se recabaron entrevistas y se ordenaron estudios médicos y toxicológicos a la niña. También se dio intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar su bienestar y protección integral.

La Fiscalía solicitó a un juez especializado en justicia para adolescentes la celebración de una audiencia inicial de formulación de imputación contra tres adolescentes señaladas en la investigación.

Hasta ahora, la institución no ha informado qué conducta específica atribuye a cada una, ni ha dado a conocer los resultados de los estudios practicados a la pequeña.

No es vapor de agua ni un juego inofensivo

Los cigarrillos electrónicos pueden contener nicotina y otras sustancias potencialmente dañinas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el aerosol de estos dispositivos puede incluir partículas diminutas, metales pesados y compuestos químicos perjudiciales para la salud.

La exposición a productos de vapeo representa un riesgo particularmente importante para niñas y niños pequeños. Entre sus posibles efectos se encuentran tos, vómitos, intoxicación y dificultades respiratorias. La gravedad depende de las sustancias presentes, la cantidad y la forma de exposición.

En este caso todavía no se ha informado qué contenía el dispositivo ni si la niña sufrió alguna afectación médica. Precisamente por ello son indispensables los estudios ordenados por la Fiscalía.

¿Y la responsabilidad de los adultos?

La investigación no debería limitarse a establecer quién sostuvo el vapeador, quién grabó o quién compartió las imágenes.

También es necesario esclarecer bajo qué circunstancias estaba la niña, quién tenía su cuidado y si existieron omisiones de protección por parte de los adultos responsables.

Del mismo modo, el caso plantea una pregunta incómoda sobre la supervisión y educación de las propias adolescentes: ¿qué está ocurriendo en sus entornos para que una conducta de esta naturaleza termine convertida en contenido para redes sociales?

La adolescencia es una etapa de formación, pero eso no convierte en aceptable cualquier conducta. La responsabilidad de educar, establecer límites y enseñar respeto por la integridad de otras personas corresponde también a quienes están a cargo de ellas.

Una niña de dos años no es un juguete, un experimento ni un recurso para conseguir reproducciones en internet.

La indignación pública debe traducirse en algo más que insultos y señalamientos en redes: atención médica, protección efectiva de la pequeña, esclarecimiento de las responsabilidades y medidas para impedir que hechos semejantes vuelvan a ocurrir.

Porque la pregunta de fondo es tan sencilla como perturbadora: ¿cuántas personas tuvieron que estar presentes para que esto ocurriera y ninguna protegiera a la niña?