REDACCIÓN.-

Hermosillo, Sonora. 06 de Agosto de 2026.- En el marco del doce aniversario del derrame de tóxicos ocurrido en el Río Sonora, el Movimiento en Defensa del Agua del Río Sonora advirtió que la reciente crisis de turbiedad registrada en la presa El Molinito podría estar relacionada con el arrastre de sedimentos contaminados acumulados desde el desastre ambiental de 2014 y exigió la intervención inmediata de autoridades federales para determinar si existe algún riesgo para la población.

En un posicionamiento público, la organización cuestionó que el problema haya sido atribuido únicamente a la turbiedad provocada por las lluvias y sostuvo que los sedimentos movilizados hacia la presa podrían contener metales pesados depositados durante años tras el derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado ocurrido en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Como sustento de su preocupación, el Movimiento citó el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y publicado en septiembre de 2023, el cual documentó la presencia de elementos como aluminio, antimonio, arsénico, bario y mercurio en sedimentos recolectados a lo largo del Río Sonora, señalando que estos resultados evidencian una persistencia de contaminación asociada a la actividad minera.

La organización afirmó que hasta el momento no existe información pública sobre análisis específicos de los sedimentos que llegaron recientemente a la presa El Molinito y criticó la ausencia de instituciones federales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) para evaluar la posible presencia de contaminantes.

Entre sus demandas, el Movimiento pidió auditorías químicas independientes al agua que ingresa y sale de la planta potabilizadora, la publicación de los resultados de laboratorio realizados por las autoridades, la presencia inmediata de Cofepris y Profepa en la zona, así como un monitoreo público y permanente de la calidad del agua que abastece a Hermosillo. A juicio de la organización, la contingencia actual no debe verse únicamente como un efecto de las lluvias, sino como una posible consecuencia de un problema ambiental que, asegura, permanece sin resolverse doce años después del derrame.

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