Ciudad de México.– ARTICLE 19 México y Centroamérica cuestionó el uso del espacio gubernamental “Derecho de Réplica” para monitorear y calificar la conversación pública, luego de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) exhibiera una supuesta “red de amplificación digital” integrada por periodistas, analistas, políticos y cuentas de redes sociales.

La organización defensora de la libertad de expresión advirtió que no corresponde al Estado mexicano utilizar recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y señalar a medios, periodistas o ciudadanos por sus contenidos o posiciones críticas hacia el gobierno.

El pronunciamiento se refiere a la presentación realizada el 12 de agosto por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien expuso un análisis sobre una presunta red digital que, según afirmó, se encontraba “bien coordinada”.

La presentación dividió la supuesta estructura en cuatro capas e incluyó cuentas de periodistas, comentaristas, analistas políticos, opositores y perfiles presuntamente anónimos. ARTICLE 19 señaló que el Gobierno atribuyó distintas funciones a esos grupos y sostuvo que existía una acción organizada entre sus integrantes, pero no presentó la metodología técnica ni los criterios utilizados para llegar a esa conclusión.

Para la organización, este tipo de ejercicios puede generar estigmatización contra periodistas y provocar que personas se abstengan de participar en el debate público ante el temor de ser exhibidas desde una plataforma gubernamental. También cuestionó que recursos públicos sean utilizados para monitorear conversaciones en internet y calificar la difusión de mensajes críticos como “inorgánica”.

ARTICLE 19 señaló además que, durante las 48 horas posteriores a la presentación, aumentaron los mensajes intimidatorios contra periodistas y medios incluidos en las listas, mediante etiquetas como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios, así como acusaciones de recibir dinero, instrucciones de la oposición o incluso de gobiernos extranjeros.

La organización recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en 2021 sobre los riesgos de utilizar espacios revestidos de autoridad estatal para señalar a periodistas, a raíz de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

ARTICLE 19 sostuvo que el Estado debe mantener una posición neutral frente a los discursos de interés público y que las expresiones relacionadas con asuntos públicos, particularmente aquellas dirigidas a autoridades e instituciones, cuentan con una protección reforzada. Los funcionarios, agregó, están sujetos a un mayor umbral de tolerancia frente a la crítica.

También cuestionó las atribuciones legales de la Consejería Jurídica para realizar este tipo de monitoreo. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal citado por la organización, sus funciones se concentran principalmente en brindar asesoría y apoyo técnico-jurídico a la Presidencia, revisar proyectos normativos, nombramientos, resoluciones y emitir opiniones sobre tratados internacionales.

ARTICLE 19 advirtió que acusar la existencia de redes coordinadas para impulsar narrativas contra el gobierno sin presentar evidencia o información técnica que sustente esa afirmación puede contribuir, precisamente, a la desinformación.

Como antecedente, recordó además que recientemente un juez federal concedió un amparo al investigador Ignacio Gómez Villaseñor contra Infodemia MX y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La resolución ordenó retirar publicaciones que lo señalaban por difundir información falsa y abstenerse de realizar señalamientos similares sin contar previamente con elementos suficientes, objetivos, imparciales y verificables.

Para ARTICLE 19, ampliar las facultades del Estado para vigilar y clasificar la conversación pública sin transparentar metodologías ni evidencias puede generar efectos inhibitorios y autocensura entre quienes participan en el debate público.