Luis Enrique Ortiz/El Breve Espacio
El combate a la impunidad que sin duda alguna y a toda vela con viento en popa dirige la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha llegado a Sonora y no es poca cosa.
Hasta que lo dijo ayer el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, en su conferencia “bruanchenera” de ombligo de semana, nadie se había fijado que la delincuencia organizada casi ha sido erradicada (al menos aplacada) en la basta región que comprende los municipios de Caborca, Santa Ana, Altar, Saric y más allá.
Ello ha abierto la posibilidad de importantes inversiones turísticas que podrían detonar actividad económica en las casi vírgenes playas del litoral centro-norte de Sonora.
“Durante mi gobierno, podemos decir con satisfacción pero sin bajar la guardia, que gracias al apoyo de nuestra presidenta y la coordinación plena entre todas las instituciones de seguridad pública, para el combate a la impunidad hemos recuperado los ranchos y campos de cultivo de la región del Desierto, además de dos minas que eran asoladas por la delincuencia organizada”, explicó el mandatario.
Un caso a destacar, es el de Hermosillo que de ser una de las capitales más seguras de México, la presencia de al menos dos grupos del hampa, vio elevar sus índices delictivos desde mediados del 2024.
Tan sólo en los últimos tres meses del año pasado se contabilizaron 108 homicidios y si le sumamos enero de 2026 la cifra se eleva a 140, más de uno diario de manera sostenida durante 123 días.
Sin embargo, durante febrero el número de asesinatos disminuyó a nueve, lamentables sí, pero 72 por ciento menos que en enero que registró 32 casos.
El comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, da un dato que puede ayudar a comprender lo que sucede en la capital de Sonora.
“En el periodo referido se elevó la ejecución de órdenes de aprehensión, lo que incrementó en 115 por ciento la detención de homicidas, para ello se realizaron diferentes acciones, dentro las que destacan alrededor de 150 cateos”, detalló el jefe directo de los agentes del Ministerio Público.
No se le puede regatear un milímetro a los resultados que expresan verdadera voluntad de combatir al crimen por parte de la presidenta Sheinbaum y al gobernador Durazo.
Pero no deja de llamar la atención la enorme diferencia entre lo antes narrado y el caso Waldo´s.
En el primero -y qué bueno- la ley a secas, en el segundo que implica a personas de influencia y políticos de alto nivel, la cosa cambia.
El 1 de marzo se cumplieron cuatro meses de la tragedia en una tienda Waldo´s de Hermosillo, cuyo incendio tras una explosión de un transformador de electricidad dejó como resultado 24 fallecimientos y causó heridas a 15 personas.
El pasado 24 de diciembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas y ejecutó siete, mismas que de acuerdo a la institución merecían prisión preventiva.
Por argucias legales, todos están libres bajo medidas cautelares y uno más (ex secretario municipal) que fue vinculado a proceso el 25 de febrero, también estará en libertad durante el mismo.
Ni siquiera los responsables directos, es decir los dueños, están pagando por una masacre que, de no existir voracidad y corrupción, no debió pasar.
Falta transitar hacia el combate a la impunidad de la delincuencia de cuello blanco que sigue enquistada en diversas esferas de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como otros implicados en la larga cadena de complicidades que tanto dolor, impotencia y coraje ha provocado.
La frase “nadie por encima de la Ley”, debe aplicarse en los hechos, tal cual: Nadie por encima de la Ley.
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