La Secretaría de las Mujeres dio a conocer que el día de ayer, diez entidades del país presentarán de manera simultánea iniciativas para actualizar la definición del delito de abuso sexual en sus Códigos Penales, como parte del “Plan Integral contra el Abuso Sexual”, cuyo objetivo es fortalecer la atención, la prevención y la procuración de justicia para mujeres, niñas y adolescentes.
La titular de la dependencia, Citlali Hernández Mora, explicó que con estas presentaciones ya suman 22 estados que tienen la propuesta registrada en sus congresos locales, mientras que una entidad logró el avance en comisiones.
Con esto, subrayó, se busca que las 32 legislaturas estatales homologuen este tipo penal.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Anais Burgos, indicó que existe un trabajo coordinado entre legisladores locales y federales para revisar todas las normas relacionadas con la protección de mujeres, niños y adolescentes. A este esfuerzo le han llamado el “Acuerdo de Xicoténcatl”, cuyo propósito es armonizar leyes y cerrar brechas de impunidad.
¿Qué plantea la reforma?
Hernández Mora detalló que la propuesta incluye modificar el Artículo 260 del Código Penal Federal para establecer una definición más amplia del abuso sexual, que abarque cualquier acto de carácter sexual realizado sin consentimiento, como tocamientos, roces, caricias, exhibiciones o representaciones explícitas. La conducta podrá sancionarse tanto si ocurre en espacios públicos como privados.
Las penas contempladas van de tres a siete años de prisión, además de multas equivalentes a 200 a 500 UMAs. También se plantea que las personas agresoras deban asistir a talleres de reeducación con perspectiva de género, así como realizar servicio comunitario. El delito se perseguirá de oficio y contará con agravantes en caso de que el responsable sea servidor público, utilice violencia o pertenezca a un grupo religioso.
Reformas pendientes en materia de igualdad
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, Martha Lucía Mícher, enumeró temas que aún requieren ajustes legislativos, entre ellos:
• Incorporar perspectiva de género, igualdad salarial y derecho a una vida libre de violencia en constituciones locales.
• Investigar como feminicidio toda muerte violenta de mujeres y tipificar violencia ácida y química.
• Garantizar espacios seguros y combatir la impunidad.
• Capacitar a funcionariado público.
• Impulsar la Ley Monzón, Ley Olimpia, Ley Sabina y la Ley de Violencia Vicaria.
• Prohibir la difusión de material audiovisual relacionado con feminicidios (Ley Ingri).
• Avanzar en la prohibición de la violencia obstétrica.
Las autoridades reiteraron que el objetivo del plan es enviar un mensaje claro: “No están solas”, y construir un marco legal robusto para combatir la violencia sexual en todo el país.
