Carta abierta al Congreso de Sonora, posicionamiento de colectivos feministas

A LA CIUDADANÍA,

DIPUTADAS Y DIPUTADOS:

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA LXII LEGISLATURA:

Lo sucedido el pasado 14 de agosto del 2020, puso en evidencia que el poder legislativo no sólo no tomó en cuenta las observaciones hechas con anticipación por activistas y diputadas, sino que no atendió los posicionamientos de las colectivas Sonorenses del 3 de agosto (entregado al Congreso del Estado y sellado de recibido junto con cuadro comparativo de la Ley Olimpia, notificado en la gaceta parlamentaria el 5 de agosto), así como los publicados los días 13 y 15 de agosto. El poder legislativo violentó los derechos humanos de las manifestantes y prensa al no permitir su paso al pleno y ejerció violencia física, psicológica, política e institucional hacia las activistas y diputadas.
Se privó de la libertad a una compañera activista y se alteró el video que fue filtrado a los medios de comunicación, lo cual revictimizó a las manifestantes y activistas y generó violencia comunitaria.
Denunciamos que hay acoso digital y presencial a las activistas que apoyaron en redes sociales y a las que estuvieron de manera presencial apoyando.
Este acto de represión fue una estrategia orquestada, ya que hubo presencia de empleados de seguridad del congreso o del gobierno del estado, que no llevaban uniforme oficial, que se infiltraron para correr rumores entre las manifestantes y más tarde se les vio adentro del congreso.
En este clima hostil, es urgente recordarles nuestro derecho a vivir libres de violencias, por lo tanto, exigimos que nos integren de manera oficial con una invitación formal para participar en el proceso de manera activa bajo condiciones seguras.
La Convención Belem Do Pará, la Convención para eliminar todas las formas de Discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales (PIDESC), la constitución federal y local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (General y Estatal) establecen que todas las autoridades deben prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra nosotras, en congruencia con este marco jurídico que nos protege y que tanto han enunciado durante la lectura del dictamen.
Tomando como antecedente los criterios de reparación de daños por violencia de género establecidos en la sentencia del campo algodonero exigimos una disculpa pública de parte del Presidente de la Mesa Directiva a nombre de todo el Congreso, así como un exhorto al pleno del Estado de Sonora, por haber cometido acciones y omisiones que permitieron:

a) Violencia de estado mediante la represión del equipo de seguridad que aisló y golpeó a una de nuestras compañeras y difusión de video grabado en el interior del recinto legislativo generando violencia comunitaria en diversos medios digitales donde fuimos el centro de burlas, estigma y revictimización.

b) Violencia política con prácticas machistas durante las sesiones que se ejerce contra las diputadas al callarlas y negarles el uso de la voz de manera reiterada y en contraste la otorgan con facilidad a diputados, en específico Eduardo Urbina que usó su participación como Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos durante la sesión de comisiones para descalificar como “inmadura” una opinión de las legisladora, María Dolores Del Río, infantilizándola por disentir, reforzando estereotipos de que las mujeres “no sabemos decidir”.

c) Violencia institucional por obstaculizar y retrasar con actos y omisiones la participación de las mujeres independientes y de colectivas feministas en el proceso legislativo de este dictamen, pues desde el inicio no se contempló una agenda que permitiera una amplia difusión, participación y acercamiento con la ciudadanía, justificando sus decisiones por el contexto de contingencia sanitaria.

El Congreso debe adaptarse al nuevo contexto y no usarlo de pretexto para evadir sus compromisos con la declaración de principios y acciones de un PARLAMENTO ABIERTO, generando alternativas de inclusión y apertura para nosotras.

Por todo lo anterior, acuñamos estos principios para exigir:

Que se deseche ese dictamen que no es Ley Olimpia y es una Ley Mordaza que afectaría a ciudadanía en general, periodistas y principalmente a mujeres que son las que mayormente sufren violencia digital.
Disculpa pública del Congreso hacia las manifestantes. Para que el Congreso del Estado tenga legitimidad para continuar un proceso legislativo que invoca el interés de proteger los derechos humanos de las mujeres primero debe reivindicarse asumiendo públicamente sus fallas frente a nosotras, con un mensaje claro para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su ámbito, que nos incluya y reconozca nuestra participación ciudadanía como sujetas de derecho y nos brinde GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.
Nuestro derecho a participar en el seguimiento para que todos y todas las integrantes del pleno del congreso escuchen nuestras voces y propuestas para exponer las observaciones y las razones por las que este congreso debe respetar la redacción del paquete de reformas impulsada por Olimpia Coral con el respaldo de colectivas feministas, con énfasis en la reforma al artículo 167 bis del Código Penal del Estado de Sonora. Por lo cual, solicitamos:

Derecho a la Información.

Con fundamento en el artículo 94 BIS fracción I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que nos asignen un espacio visible en la página oficial del Congreso para que publiquen una ponencia escrita por una representación elegida por nosotras con observaciones al dictamen en comento.
Los lineamientos para el registro de organizaciones civiles, o personas independientes para recibir de forma electrónica los asuntos turnados a las comisiones de Igualdad de Género y Justicia y Derechos Humanos, y se realicen todas las gestiones para que seamos registradas de inmediato.
Con fundamento el artículo 109 fracción XV de la misma norma, pedimos los lineamientos para permitir el desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso no presenciales que debieron ser emitidos por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

Solicitamos que durante las sesiones virtuales se establezca como obligatorio mantener encendidas las cámaras de principio a fin aplicando los criterios para retardos e inasistencias a quien no cumpla con este requisito en tiempo y forma.
Que se publique la gaceta parlamentaria con un tiempo mayor a veinticuatro horas y nos informen de manera oportuna para integrar a la ciudadanía en el proceso legislativo.
Gestionar de inmediato la integración de una mesa de trabajo que nos incluya para darle seguimiento a este y otros temas relacionados con los derechos humanos de las Mujeres.
Que la integración de cada Mesa Directiva del Congreso del Estado se apliquen los criterios de paridad horizontal y vertical.

Accesibilidad y difusión.

Este punto lo retomamos casi textualmente: “Asegurar que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público” y por lo tanto reclamamos que se retiren las cortinas de hierro porque reflejan lo contrario a este principio. Además, demandamos que durante la sesión del pleno en el cual se incluya la aprobación del dictamen ampliamente comentado, se autorice e informe por escrito con al menos tres días de anticipación, que se nos permite el acceso a una comisión representativa de las diversas colectivas feministas locales, así como Olimpia Coral Melo y su abogada acompañante, para garantizar nuestra presencia.

POR UN CONGRESO LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES:

!NADA PARA NOSOTRAS SIN NOSOTRAS!

NO ES LA LEY OLIMPIA, ES LEY MORDAZA

Para toda respuesta favor de dirigirse al siguiente correo:

asambleafeminista@outlook.com con copia a los anotados abajo.

COLECTIVAS FIRMANTES CORREO

La Marcha De Las Putas Sonora marchadelasputasonora99@gmail.com

La Morada Biblioteca de Mujeres

Jurídicas Feministas

Sangre Violeta

Red Feminista Sonorense lboenred@gmail.com

Cadena Feminista Sonora cadenafeministason@gmail.com