Los Comités de Cuenca Río Sonora señalaron que las autoridades y empresas reconocieron fallas de comunicación con la población. También solicitaron un plan integral que incluya acciones sobre el agua, el suelo y la salud.
Hermosillo, Sonora, 29 de octubre de 2026.— Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) exigieron que las autoridades federales informen directamente a las comunidades sobre las obras de remediación ambiental que se realizan en la región, luego de que habitantes de San Rafael rechazaran la presencia de maquinaria relacionada con la instalación de sitios de confinamiento de materiales contaminados.
Durante una reunión celebrada el miércoles 28 de octubre en Ures, representantes de los comités se reunieron con personal de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como con empresas encargadas de los trabajos.
De acuerdo con los comités, las compañías explicaron los procedimientos que utilizan para identificar la presencia y concentración de metales en el suelo y determinar las áreas que requieren mayor atención. Hasta ahora, reportaron más de 200 mediciones como parte de la caracterización de los terrenos.
Sin embargo, los representantes comunitarios señalaron que persisten dudas sobre el alcance de las obras, los lugares donde se realizarán y las medidas previstas para proteger a la población.
San Rafael: obras sin información suficiente
Uno de los principales asuntos abordados fue lo ocurrido en San Rafael, donde habitantes rechazaron la presencia de maquinaria vinculada con los sitios propuestos para el confinamiento de materiales.
Según los CCRS, durante la reunión las autoridades y las empresas reconocieron que faltó proporcionar información oportuna y explicar directamente a la comunidad las características del proyecto.
Los comités insistieron en que informar únicamente a las autoridades municipales o ejidales no garantiza que la población conozca las intervenciones previstas en su territorio.
Las comunidades deben saber qué trabajos se realizarán, dónde se ubicarán las instalaciones y cuáles serán sus posibles implicaciones antes de que comiencen las obras, señalaron.
Como resultado, se acordó que las reuniones relacionadas con los sitios de confinamiento se realicen directamente en las localidades involucradas y con suficiente anticipación para que sus habitantes puedan plantear preguntas y preocupaciones.
Piden un plan integral y acceso a documentos técnicos
Los representantes comunitarios solicitaron conocer el programa de remediación y sus anexos técnicos, así como contar con un plan integral que articule las responsabilidades de Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades sanitarias.
La DGGIMAR se comprometió a compartir documentación técnica sobre las acciones previstas, mientras que los comités solicitaron una reunión general o un informe público para explicar el calendario y las características de las obras.
Otro acuerdo fue elaborar un documento sobre las oportunidades de contratación de personal y servicios locales, los requisitos de participación y los procedimientos para incorporar a habitantes de la región.
De acuerdo con los CCRS, las autoridades y el consorcio empresarial se comprometieron a entregar esa información a más tardar el 29 de octubre.
También se planteó la necesidad de formalizar compromisos surgidos en reuniones anteriores que todavía no aparecen en los anexos técnicos ni en los contratos.
Entre ellos se encuentra la caracterización del sistema de presas El Molinito–Abelardo L. Rodríguez, cuya incorporación documental será analizada por Arturo Gavilán, representante de la autoridad ambiental.
Conagua vuelve a estar ausente
Uno de los principales señalamientos de los Comités de Cuenca fue la nueva ausencia de la Comisión Nacional del Agua en la reunión.
Aunque previamente se había planteado su participación, los representantes comunitarios indicaron que todavía no cuentan con una fecha para abordar los asuntos relacionados con la calidad del agua y las responsabilidades de esa dependencia.
También señalaron que siguen pendientes las discusiones sobre salud pública y la coordinación entre las distintas instituciones federales.
La exigencia cobra relevancia por los antecedentes de contaminación en el río Sonora, afectado en agosto de 2014 por el derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre procedente de instalaciones de Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.
Más de doce años después, las comunidades continúan reclamando acciones de reparación ambiental, vigilancia sanitaria y acceso a información sobre las condiciones del territorio.
Los acuerdos deberán traducirse en resultados
Los CCRS reconocieron la disposición al diálogo y los avances en la explicación de los procedimientos técnicos, pero advirtieron que las reuniones no sustituyen la obligación de informar públicamente sobre los trabajos.
También señalaron que no corresponde a las organizaciones comunitarias asumir la responsabilidad de explicar proyectos que deben ser presentados con claridad por las autoridades y empresas encargadas.
La reunión dejó compromisos de entrega de documentos, información sobre contrataciones y encuentros con las comunidades, pero su cumplimiento todavía deberá verificarse.
Los comités reiteraron que la remediación del río Sonora requiere transparencia, participación de la población y coordinación efectiva entre las instituciones responsables.
