La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República una quinta denuncia penal por presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), esta vez por recursos relacionados con la organización del Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022.
La denuncia fue presentada el 28 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y deriva de la auditoría de cumplimiento forense número 67 de la Cuenta Pública 2022.
Uno de los principales hallazgos corresponde a los recursos que Conade entregó a la Federación Mexicana de Taekwondo para organizar el campeonato mundial celebrado en Guadalajara.
La Federación recibió alrededor de 73.5 millones de pesos y pagó 73.475 millones a 13 proveedores. La ASF concentró su revisión en nueve de ellos, que recibieron 65.668 millones de pesos, equivalentes al 89.4 por ciento de los recursos ejercidos.
Servicios millonarios que no pudieron acreditarse
La fiscalización encontró deficiencias para comprobar la realización de servicios relacionados con arbitraje, transporte, alimentación, hospedaje, videograbación, escenografía, decoración, limpieza y seguridad privada, entre otros.
Parte de la documentación entregada no contenía información suficiente para demostrar cantidades, características o lugares en los que supuestamente se prestaron determinados servicios.
La auditoría encontró además un dato particularmente llamativo: algunas de las empresas contratadas no contaban con personal suficiente para realizar los trabajos que les habían sido asignados.
Entre ellas aparecen VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote, que tenían registrado un solo trabajador, pese a haber sido contratadas para prestar servicios que incluían internet, videograbación, generación de señal televisiva, limpieza y seguridad. Ambas recurrieron a subcontrataciones, pero tampoco se presentó documentación suficiente para acreditar la ejecución de los trabajos observados.
La revisión también detectó gastos superiores a los autorizados en servicios para jueces, médicos y personal multidisciplinario, alimentación, ceremonias oficiales y adquisición de material deportivo.
Sonora también aparece en la auditoría
La fiscalización no se limitó al Mundial de Taekwondo.
Entre otros recursos revisados aparecen contratos por 21 millones de pesos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, 11 millones del Instituto del Deporte de Tlaxcala y nueve millones de la Federación Mexicana de Voleibol.
Y aquí tenemos un dato especialmente pertinente para Libera: la auditoría también señala una entrega irregular de tres millones de pesos a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
Cinco denuncias y alrededor de 544 millones bajo observación
La denuncia presentada en agosto es la quinta promovida por la ASF por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Guevara.
Las cinco acciones penales derivan de cuatro auditorías forenses correspondientes a las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2022, en las que quedaron aproximadamente 544 millones de pesos en irregularidades que no fueron aclaradas durante los procesos de fiscalización.
La primera denuncia fue presentada en 2023, dos más en 2024, otra en 2025 y la quinta el pasado 28 de agosto.
En revisiones anteriores, la Auditoría documentó problemas relacionados con contratación de servicios, entrega de apoyos y comprobación del ejercicio de recursos públicos. Entre ellos figuran apoyos económicos otorgados a 428 entrenadores que, según la fiscalización, no formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.
Ana Gabriela Guevara encabezó la Conade entre 2018 y 2024 y durante su administración rechazó reiteradamente las acusaciones de corrupción y defendió el manejo de los recursos del organismo.
Las denuncias de la ASF no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal contra Guevara ni significan que los 544 millones de pesos hayan sido acreditados judicialmente como un desvío cometido personalmente por ella. Corresponde ahora a la FGR investigar los hechos, identificar eventuales responsabilidades individuales y determinar si existen elementos para proceder penalmente.
