REDACCIÓN.-
Hermosillo, Sonora; 7 de octubre de 2026.- El Congreso de Sonora retomó el análisis de dos iniciativas que plantean modificar las reglas para proteger a niñas, niños y adolescentes: una para elevar de 12 a 16 años la edad mínima para considerar válido el consentimiento sexual y otra para aumentar la pensión alimenticia provisional cuando se desconozcan los ingresos de la persona deudora.
Las propuestas, impulsadas por la diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena), fueron discutidas nuevamente en un parlamento abierto con participación de organizaciones civiles, autoridades, especialistas en derechos humanos y atención a víctimas, estudiantes y representantes de distintos sectores.
La reforma al Código Penal busca modificar el umbral que actualmente establece la legislación sonorense. El Código vigente considera violación equiparada la cópula con una persona menor de 12 años, aun cuando exista consentimiento, mientras que el delito de estupro contempla actualmente relaciones con personas mayores de 12 y menores de 18 años cuando el consentimiento se obtiene mediante seducción o engaño.
La iniciativa presentada por Castro en septiembre de 2025 plantea elevar a 16 años la edad legal mínima para el consentimiento sexual y realizar modificaciones relacionadas con otros delitos sexuales, entre ellos violación equiparada y actos sexuales, con el propósito de evitar vacíos o contradicciones entre las distintas disposiciones penales.
El planteamiento también contempla que las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes de edades similares no sean criminalizadas por el simple hecho de elevar el límite, siempre que no existan violencia, coerción o alguna condición de abuso, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa.
El segundo proyecto modifica el artículo 521, fracción III, del Código de Familia. Actualmente, cuando se desconocen los ingresos del deudor alimentario y no se aporta información suficiente sobre su situación económica, el juez debe fijar provisionalmente una pensión de 20 UMA mensuales para un acreedor, cantidad que aumenta en 10 UMA por cada acreedor adicional.
La propuesta plantea sustituir esa referencia por 16 salarios mínimos mensuales para un solo acreedor, además de aumentar el monto en 10 salarios mínimos por cada acreedor adicional y establecer una referencia de 26 salarios mínimos cuando se trate de una persona acreedora con discapacidad.
La diferencia económica es significativa. Cuando la iniciativa fue presentada, en mayo de 2025, el propio Congreso calculó que las 20 UMA representaban 2 mil 260 pesos mensuales, mientras que los 16 salarios mínimos equivalían a 4 mil 460.80 pesos, prácticamente el doble. También estimó una pensión de al menos mil 115.20 pesos semanales por hija o hijo.
Con los valores vigentes en 2026, la comparación es todavía mayor: la UMA tiene un valor mensual de 3 mil 566.22 pesos, pero las 20 UMA a las que se refiere el artículo representan 2 mil 346.20 pesos al utilizar el valor diario; en tanto, 16 salarios mínimos de la zona general, con el monto actual de 315.04 pesos diarios, equivalen a 5 mil 40.64 pesos mensuales.
La discusión sobre ambas reformas se da en un contexto en el que el embarazo en niñas y adolescentes continúa siendo un problema en Sonora. Datos del INEGI muestran que durante 2025 se registraron mil 783 nacimientos de madres menores de edad en la entidad; de ellos, 94 correspondieron a niñas de 14 años o menos. Aunque el número representa una reducción de 53% respecto de 2015, los casos persisten.
El Gobierno de Sonora también puso en marcha en 2025 un registro específico para niñas y adolescentes madres o embarazadas menores de 15 años, como parte de las acciones para identificar y atender estos casos.
Durante el encuentro, las y los participantes señalaron la necesidad de tomar en cuenta recomendaciones internacionales sobre protección de niñas, niños y adolescentes y plantearon que el proceso legislativo incluya también la opinión de personas menores de edad, además de especialistas y autoridades.
Las dos iniciativas no han sido aprobadas ni están vigentes. La de pensiones alimenticias fue presentada en mayo de 2025 y permanece en comisión, mientras que la relativa al consentimiento sexual fue presentada en septiembre de ese año y también continúa en análisis legislativo.
El proceso continuará el viernes 9 de octubre con un nuevo parlamento abierto en Caborca, donde se prevé recibir más propuestas antes de que las comisiones legislativas determinen el contenido de los eventuales dictámenes.
Imágenes: Libera Radio.
