El Congreso del Estado de Sonora aprobó con dos terceras partes de los diputados presentes a Lyzeth Salcedo Salinas como la nueva Comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, a pesar de que algunas organizaciones civiles y de víctimas impugnaron el proceso desde la semana pasada.
El pleno aprobó que el dictamen se tratara como de obvia y urgente resolución, por lo que se aprobó también de manera económica los términos del proceso, según el cual si uno de los integrantes de la terna enviada por el ejecutivo obtenía las dos terceras partes o más de los diputados presentes, ya no se llamaría a votación por los otros dos.
La diputada presidenta Karina Barreras Samaniego llamó a votación en primer lugar por Salcedo Salinas, especialista en temas económicos y ha ocupado puestos de la administración pública, quien logró la mayoría requerida para ser designada por como la nueva Comisionada.
El proceso ha sido objetado por organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y otros colectivos que llamaron a que el Congreso devolviera la terna y que se reiniciara el proceso, pues de acuerdo a estos ninguno de los integrantes cumplía con el perfil.
El día martes 13, los grupos mencionados junto con el Observatorio Feminista Clara Zetkin y Justicia Pro Persona A.C. emitieron un comunicado y una petición de firmas en plataforma , exigiendo al Congreso del Estado que devolviera la terna al gobernador Alfonso Durazo, que éste aceptara la devolución y que se reiniciara el proceso “para que las personas con formación adecuada puedan presentar su candidatura”.
La importancia de que los funcionarios sobre el tema sean personas con experiencia y capacidad probadas, además de sensibilidad y empatía, adquiere aún mayor relevancia en una entidad donde crecen las desapariciones, las fosas comunes y la violencia, según lo argumentado por los organismos.
También critican que la convocatoria al proceso no tuvo la suficiente difusión en la prensa y redes sociales, que no se consultó ni se tomó en cuenta a muchas de las organizaciones de familiares de víctimas, como los colectivos de mujeres buscadoras, y que ninguno de la terna presentada por le gobernador tiene en su currículum el haber trabajado con víctimas o sus familiares en años recientes.
Según lo consignado por la periodista Silvia Núñez Esquer, en un artículo publicado en mujersonora.com, los otros integrantes de la terna eran José Luis Bojórquez Ortega, “especialista en Derecho de Seguros y fianzas. Cuenta con experiencia en litigios de seguros y fianzas así como en litigio especializado de alto impacto en materia de seguros”.
La otra integrante, María Magdalena Rivera Carrillo es Licenciada “es una reconocida promotora cultural y se ha desempeñado en varias administraciones en diversos puestos relacionados con desarrollo de proyectos educativos, culturales y divulgación científica. Ha sido Subdirectora de vinculación, cultura y arte, así como coordinadora de los programas de tutorías y fomento a la lectura, escritura y artes en los Centros de desarrollo comunitario de la zona urbana y Poblado Miguel Alemán.”
Lizeth Salcido Salinas, quién fue la única de los tres que se presentó a la entrevista con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, “es especialista en desarrollo económico, se ha desempeñado en varios puestos de la administración pública relacionados con ese tema. Es abogada especializada en contratos y ha sido proyectista en el poder judicial. Fue Asesora jurídica de la Comisión de Asuntos fronterizos de la LVI Legislatura de la Cámara de diputados.”
No es la primera vez que la designación del titular de la Comisión es impugnado por la sociedad civil. En el sexenio pasado, Claudia Pavlovich designó a una persona en forma directa y brincándose la normatividad, después de que la anterior legislatura le devolviera hasta en 3 ocasiones la terna enviada, precisamente por no cumplir con el perfil.
En esta ocasión, la única voz que se pronunció en contra fue la diputada Rosa Elena Trujillo, quien dijo que el procedo debía ser muy transparente, que debería existir una consulta previa a los organismos, pues la terna no tenía la preparación para atender a quienes están pasando por un proceso de desaparición forzada, etc.
“Tenemos la posibilidad, este Congreso, de hacer que este proceso no sea una simulación. hay que hacer convocatoria a universidades, a expertos, a quienes coordinan colectivos de búsqueda, que haya evidencia de todo”, advirtió la diputada de Movimiento Ciudadano.
Redacción: Libera Radio
Foto principal: Silvia Núnez Esquer
