En sesión ordinaria, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen que modifica el artículo 167 Quater del Código Penal del Estado de Sonora, propuesta que mandó el gobernador Alfonso Durazo y que fue recibida a principios de agosto.
El artículo mencionado establece penas hasta por 10 años a quién tome fotos o videos de cuerpos víctimas de algún hecho violento y los comparta en internet.
Se le llama Ley Ingrid por Ingrid Escamilla, cuyo cadáver fue expuesto por medios y redes sociales en 2019.
Sin embargo, lo aprobado el 10 de marzo y que entró en vigor el 07 de junio fue rechazado por colectivos de buscadoras de desaparecidos, toda vez que como parte se su búsqueda, suelen compartir partes de cuerpo y ropa hallados en tumbas clandestinas para facilitar la posible identificación, y expresaron que ello podría acreditarse como delito.
También colectivos de periodistas argumentaron que la redacción era insuficientemente clara y que podría llegar a utilizarse como instrumento de presión o chantaje contra alguien del gremio.
Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra, pues estimó que el citado artículo contiene vicios de inconstitucionalidad, considerando que es violatorio del derecho a la libre expresión, entre otros.
Por lo anterior, en la nueva redacción se deja bien claro que el delito lo ejecutarán solo si son servidores públicos de corporaciones policiales y de impartición de justicia quienes graben o fotografíen y difundan cadáveres con fines de morbo u otros.
El dictamen aprobado se turno para ser presentado en una próxima sesión plenaria.
Estuvieron presentes los diputados Diana Karina Barreras, presidenta, Rosa Elena Trujillo Llanes, Beatriz Cota Ponce, Ivana Celeste Taddei Arriola, María Jesús Castro Urquijo, María Alicia Gaytán Sánchez y el diputado Ernesto Roger Munro López.
