Por Reyna Haydeé Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO.- Un contubernio entre particulares, Tribunal Agrario, notarios y la omisión de la Sedatu, mantienen en la lucha por sus tierras a un grupo de ejidatarios de El Arenal, que hoy llegaron de Jalisco para ver al presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle su intervención ante el despojo que los acecha. No lo lograron.
Sesenta y tres años de lucha, con una sentencia firme desde 1999 que obliga a la Sedatu, antes Reforma Agraria, a darles la documentación que los acredita como dueños de mil 114 hectáreas en el ejido Santa Cruz del Astillero en El Arenal, Jalisco, a 25 kilómetros al poniente de Guadalajara.
Ellos tienen la posesión, siembran maíz, algo de agave, es su patrimonio, algunos viven ahí y está justo en el Área Nacional Protegida del Bosque La Primavera. Una región con otros añejos conflictos de tierra, de despojos, ambientales y la otra lucha por la protección del bosque.
La mancha urbana los fue cercando, como a otros ejidos, y quedar cerca de la zona metropolitana de Guadalajara hizo que particulares se interesaran en sus predios, dos de ellos, se autoproclamaron dueños y con apoyo del notario Guillermo Vallarta, mostraron escrituras presuntamente falsas que hoy los tiene en medio de un litigio ante el Tribunal Unitario Agrario número 13, desde hace 30 años.
Para los ejidatarios esto ha durado tanto tiempo porque “presidentes, secretarios, autoridades están con los ricos”, lamenta uno de los ejidatarios.
Otra vez la corrupción e impunidad de autoridades agrarias
Los ejidatarios acusan que los funcionarios, principalmente del Tribunal Unitario Agrario número 13 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) actúan en favor de los empresarios particulares.
En 2011, el mismo tribunal unitario emitió una sentencia para que la Sedatu “proceda a la compra de e indemnización de mil 114 hectáreas que reclaman José Luis Merchant Ovando y Juana Chávez Gutiérrez. La dependencia federal se ha negado a cumplir esta sentencia también.
“Pedimos urgentemente su intervención para resolver el problema agrario que tenemos, toda vez que particulares en contubernio con autoridades agrarias pretenden despojarnos de las tierras y el bosque que constituyen nuestro patrimonio, creado con muchos sacrificios desde hace más de 60 años”, indican en el documento que dejaron por escrito en Atención Ciudadana.
Esta es la segunda ocasión que viajan a la Ciudad de México para intentar ver al presidente, la primera fue el 29 de mayo de este año intentaron ingresar a la conferencia matutina del presidente, para plantearle su caso, pero los mandaron a la Sedatu, ningún titular los atendió.
“Sentimos que al dirigirse a nosotros lo hizo de una manera altanera, seguramente porque somos campesinos, y nos dijo que aunque le solicitamos al presidente de la República en la carta que entregamos ese mismo día en Palacio Nacional, no era posible…”, le cuentan al presidente en un oficio entregado el 10 de agosto del 2023.
Dos meses después, el 9 de octubre, la directora de Atención Ciudadana, Gabriela Romero, les escribe diciéndoles que el presidente le encomendó “recibir su solicitud y gestionar una respuesta”. Por eso, este lunes 6 de noviembre están de nuevo en la Ciudad de México.
Desde las seis de la mañana, el grupo representativo de los 100 ejidatarios de Santa Cruz del Astillero, se apostaron frente al balcón principal de Palacio Nacional con mantas con leyendas como: “Autoridades agrarias y particulares con intereses inmobiliarios quieren despojarnos de tierras que desde 1960 nos fueron entregadas por las propias autoridades agrarias”.
“Campesinos del ejido Santa Cruz del Astillero, municipio del Arenal, Jalisco, pedimos justicia, porque autoridades agrarias nos quieren despojar de las tierra que desde más de 60 años nos fueron dadas por ellas mismas”, destacan en otra manta que incluso dirigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la que también piden respeto a sus derechos agrarios y humanos.
Hugo Rivera, tesorero del comisariado ejidal, destacan que esta segunda ocasión tampoco los recibió el presidente, pero su intención es exponerle su situación y pedirle que intervenga, para que la Sedatu ejecute las sentencias ya firmes desde 1999 y 2011.
¿Y cuál es la petición al presidente?
“Que nos legalice (la tierra) por medio de la Sedatu, que nos de la definitiva para ya poder estar en paz”, expresó con esperanza.
Corrupción tribunales agrarios: Informe pendiente
El programa estratégico del Registro Agrario Nacional 2021-2024, indica que hasta el año 2020 tenían registrados “más de 500 conflictos agrarios… siendo el 80 por ciento de gran relevancia por su impacto social y medio ambiental”.
En ese documento se establece también que al inicio del sexenio de López Obrador: “Se identificó una estructura administrativa del sector agrario formada por funcionarios de oficinas centrales y delegados que eran operadores políticos del partido en el Poder, gran parte de ellos articulados en redes de corrupción, del RAN, de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias”.
Funcionarios que “actuaban al servicio de acaparadores de tierras y de grandes empresas inmobiliarias que facilitaban despojos y negaban derechos legítimos de ejidatarios y comuneros”.
En la conferencia matutina del 17 de junio del 2022, el presidente López Obrador reconoció la impunidad y corrupción en los tribunales agrarios, “porque era algo que estaba muy enraizado”.
En esa misma conferencia se comprometió a que Sedatu daría un informe sobre los avances del programa estratégico del RAN, sobre los conflictos y si se avanzó en el combate a la corrupción en los tribunales agrarios. Hasta la fecha no se ha dado el informe.
