La disputa entre Gloria Trevi y Penguin Random House por el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, ha dejado de ser únicamente un conflicto sobre el uso del nombre y la imagen de una cantante. La resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que restringe esas referencias incluso con fines informativos o periodísticos, plantea una cuestión de mayor alcance: ¿hasta dónde puede una persona impedir que se investigue y publique una historia de interés público en la que está involucrada?
La obra, publicada en 2024, reconstruye el expediente penal del caso Trevi-Andrade a partir de documentos judiciales, testimonios de más de diez víctimas y fuentes periodísticas. Su autora, Karla de la Cuesta, relata también su experiencia como sobreviviente de explotación sexual y laboral dentro de la organización dirigida por Sergio Andrade. El libro examina la valoración judicial de las pruebas y las circunstancias del proceso que concluyó con la absolución de Trevi. La investigación y los cuestionamientos sobre ese proceso no modifican dicha absolución, pero forman parte del derecho de las víctimas a narrar sus experiencias y de la sociedad a conocerlas.
Una resolución que va más allá del libro
El 27 de julio de 2026, el IMPI emitió una resolución que, según la editorial, le prohíbe utilizar el nombre y el rostro de Trevi en la obra, incluso con propósitos periodísticos, y le impone una multa superior a medio millón de pesos, además de advertir posibles sanciones adicionales. Penguin Random House impugnó la decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y denunció que el instituto no examinó debidamente las excepciones legales para el uso informativo de imágenes ni el carácter de interés público de la investigación.
La editorial advierte que ese criterio podría convertirse en una herramienta para obstaculizar investigaciones sobre personajes públicos. El riesgo no se limita a las grandes empresas editoriales: también alcanza a periodistas independientes, pequeñas publicaciones y sobrevivientes que buscan dar a conocer sus testimonios. El posible efecto inhibidor consiste en que el temor a sanciones económicas o litigios prolongados lleve a autores y medios a dejar de investigar o publicar asuntos legítimos de interés social.
El caso adquiere especial relevancia porque Todo a la luz aborda testimonios de mujeres que denunciaron abusos dentro del entorno de Sergio Andrade. Restringir una investigación que recoge sus voces plantea preguntas sobre el acceso público a esos relatos y sobre las posibilidades de las sobrevivientes de participar en la reconstrucción de una historia que también les pertenece.
Trevi responde y acusa a la editorial de difundir falsedades
Este jueves, Gloria Trevi difundió un comunicado en el que rechazó el contenido del libro y sostuvo que continuará ejerciendo acciones legales contra la autora, la editorial y quienes, a su juicio, difundan información falsa o inexacta. También acusó al director de Penguin Random House México, Roberto Banchik, de lucrar con publicaciones que considera difamatorias. Se trata de acusaciones de la cantante que no quedan acreditadas por su declaración.
Trevi aseguró que no solicitó al IMPI medidas que restringieran la libertad de expresión y anunció que revisará sus litigios para desistirse de cualquier procedimiento que pudiera afectar el ejercicio periodístico. Esa postura contrasta con los efectos de la resolución denunciados por Penguin Random House, que precisamente combate las restricciones sobre el uso de su nombre e imagen en una investigación documental.
Por ahora, una suspensión judicial permite que el libro continúe comercializándose mientras el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resuelve el fondo del litigio. La medida es provisional: no significa que la resolución del IMPI haya sido anulada definitivamente.
El desenlace tendrá implicaciones que trascienden a las partes involucradas. En discusión están los límites entre el derecho a la propia imagen, la protección frente a afirmaciones falsas y las libertades de expresión e información. También está en juego la posibilidad de que las víctimas narren sus experiencias y que esas historias sean investigadas, contrastadas y publicadas sin que una controversia administrativa se convierta en un mecanismo de silencio.
