Columna LETRA DE CAMBIO, opinión sobre salud pública, política sanitaria y tecnología en salud
Por: Dr. Alejandro Arellano Guzmán* | Libera Radio
El pasado 23 de octubre celebramos el Día del Médico. A mis colegas de Cajeme, de Sonora y de todo el país: gracias por sostener la atención con jornadas largas, con recursos que muchas veces no alcanzan y con decisiones que se toman en minutos. Ese trabajo casi nunca sale en los anuncios. Esta columna empieza por reconocerlo.
El mismo 23 de octubre, el gobierno federal anunció un sistema de inteligencia artificial para distribuir medicamentos en hospitales públicos. El subsecretario Eduardo Clark presentó el proyecto, con la meta de que opere a partir de enero de 2027.
Antes de celebrar o de desconfiar, conviene hacer una pregunta sencilla: ¿esto cambia lo que pasa en la consulta? Hay tres cosas que cualquier paciente o médico puede verificar. Primera: si su centro de salud ya tiene expediente clínico digital. Segunda: si el medicamento recetado llega sin que el paciente tenga que buscarlo en otra unidad. Tercera: quién puede consultar sus datos y cómo se protegen.
La presidenta Claudia Sheinbaum describió el problema con una frase que cualquier usuario reconoce: “Que no nos vuelva a pasar que hay un medicamento en el almacén y que no llega al centro de salud, sino que todo se haga de manera automática vinculado con el expediente clínico del paciente”. Esa frase describe una falla real. El medicamento se compra, se almacena y nunca llega a quien lo necesita.
La propuesta es conectar dos bases que hoy viven separadas: el inventario, con cantidades y ubicaciones, y el expediente clínico, con diagnósticos y tratamientos. Cuando se conectan, la distribución deja de depender de llamadas y solicitudes manuales. Eso es un avance. También significa que el sistema conocerá, persona por persona, qué medicamento necesita cada quien.
Por eso la pregunta central no es técnica. Es quién controla esos datos. Un expediente guarda enfermedades, tratamientos e historial de consultas. Si el sistema de distribución puede consultarlo, alguien debe definir quién accede, para qué, por cuánto tiempo y bajo qué auditoría. Esas respuestas no aparecen en el anuncio. Deben existir antes de que el sistema funcione, no después.
En la primera edición de esta columna hablamos de expedientes fragmentados entre instituciones. Hoy la fragmentación llegó al almacén. El marco legal ya existe: según la reforma a la Ley General de Salud publicada en enero de 2026, el expediente clínico electrónico y la interoperabilidad entre instituciones son obligatorios. La interoperabilidad es la capacidad de un sistema para leer la información de otro sin perderla. La pregunta es cuánto de esa obligación ya se cumple.
El subsecretario Clark informó, en la misma conferencia, que el IMSS-Bienestar tiene 2 mil 914 puntos del primer nivel con expediente electrónico, receta electrónica e inventarios. Pero reconoció que faltan 4 mil 796 unidades. La meta ahora es febrero de 2027.
Sonora tiene su propio dato de esta historia. Un análisis de Primera Plana sobre los registros del monitoreo de suministro de medicamentos encontró que, al 29 de mayo de 2026, faltaban por entregar 74 mil 483 piezas de medicamentos oncológicos en el estado: 60 mil 793 en el IMSS ordinario y 13 mil 690 en IMSS-Bienestar. En el Hospital Infantil del Estado, 1,690 piezas solicitadas seguían sin llegar. En el Centro Estatal de Oncología “Ernesto Rivera Claisse”, eran 1,592.
Esas no son cifras abstractas. Cada pieza es un tratamiento pendiente. Cada tratamiento pendiente es una familia que vuelve a la farmacia, o a la clínica, a preguntar por algo que ya fue pedido. Y ahí es donde la columna quiere volver al tablero que la quinta edición ya cuestionaba: un tablero público no sirve para decorar una inauguración, sirve para contestar tres preguntas. ¿Cuántas piezas se pidieron? ¿Cuántas llegaron? ¿Desde cuándo faltan?
Los calendarios de estas transiciones merecen seguimiento público. El INSABI, creado en 2020 para sustituir al Seguro Popular, terminó desapareciendo: en 2023 la Cámara de Diputados aprobó su extinción. La lección no es que las instituciones fallen por diseño. Es que las transiciones largas necesitan calendarios públicos, presupuesto sostenido y revisión que no dependa de quién esté en el cargo.
Por eso propongo tres cosas. Primera: un tablero de avance público, por unidad y por entidad, con las metas de expediente digital, receta electrónica e inventarios, y con las piezas pendientes de entrega. Segunda: que antes de enero de 2027 se defina por reglamento quién consulta los datos del sistema de distribución, con qué fines, con qué registros de acceso y con qué auditoría externa. Tercera: que el sistema pase por una evaluación independiente en universidades públicas antes de llegar a todo el país.
Ninguna de estas propuestas exige tecnología nueva. Exige lo que ya se pide a cualquier compra de medicamentos: que se sepa quién compra, qué se entrega y quién revisa. Si el sistema sabe dónde está cada caja de un fármaco, la ciudadanía debe saber quién lo audita y cómo se corrigen los errores.
Si el gobierno cumple, en 2027 una paciente de Navojoa, de Hermosillo o de cualquier otra ciudad sonorense recibirá su medicamento porque el sistema lo detectó a tiempo. Si no cumple, el medicamento seguirá en el almacén, y el expediente digital será una base de datos más con un nombre bonito.
La prueba que propuse al inicio sigue vigente, y tiene tres pasos que cualquiera puede dar: revisar en su centro de salud si existe el expediente digital, preguntar si el medicamento recetado llegó y averiguar quién protege sus datos. Tres preguntas, sin permiso de nadie.
La letra de cambio de la digitalización no se cobra en el anuncio. Se cobra en la farmacia, cuando el paciente pregunta si su medicamento llegó y la respuesta sigue siendo “todavía no”.
*Médico | Maestro en Gestión de Salud Institucional | Doctorante en Gestión de Salud
