LETRA DE CAMBIO

Columna de opinión sobre salud pública, política sanitaria y tecnología en salud

Dr. Alejandro Arellano Guzmán | Libera Radio Hermosillo

Décadas de apuestas por infraestructura visible dejaron sin médico, sin medicamento y sin resolución al primer nivel de atención. El resultado no es una falla operativa: es una decisión política con consecuencias clínicas medibles.

Hay una escena que cualquier médico del sur de Sonora conoce de primera mano. El paciente llega a urgencias con una crisis hipertensiva, glucosa en 580, o una infección que lleva diez días sin tratamiento. No llegó tarde por negligencia ni por descuido. Llegó tarde porque no había médico disponible en su centro de salud cuando lo necesitó, porque la cita para ese mes ya estaba agotada, o porque simplemente aprendió que ir directamente al hospital era más confiable que intentar el primer nivel. Ese paciente no es la excepción. Es el resultado predecible de un sistema que durante décadas apostó por la infraestructura hospitalaria visible y fotografiable, mientras dejaba desangrar silenciosamente la atención primaria.

México tiene 2.0 médicos por cada mil habitantes en el sector público, según datos de la OCDE para 2021. El promedio de los países miembros es de 3.5. Pero el déficit no es solo numérico. Es de distribución y de nivel de atención. Una proporción significativa del personal médico disponible se concentra en hospitales de segundo y tercer nivel, en ciudades con mayor densidad de servicios, mientras que las unidades de primer nivel en municipios rurales y semiurbanos del sur de Sonora operan con plantillas incompletas, horarios reducidos y alta rotación de personal.

El efecto es una paradoja costosa: el sistema gasta más por paciente atendido en urgencias de un hospital general que en consulta de primer nivel, y sin embargo sigue invirtiendo proporcionalmente menos en fortalecer ese primer nivel que podría evitar que la urgencia ocurriera. Un día de hospitalización en el IMSS tiene un costo unitario significativamente mayor que decenas de consultas preventivas. La aritmética es clara. La política pública, durante décadas, ignoró esa aritmética.

El hospital se inaugura. El centro de salud se desfinancia.

El debilitamiento de la atención primaria en México no es un accidente ni una falla técnica. Es el resultado acumulado de decisiones de política pública que privilegiaron la visibilidad sobre la efectividad. Un hospital nuevo se inaugura con fotografía, discurso y cobertura mediática. Un centro de salud bien dotado, con médico permanente, medicamento asegurado y agenda accesible, no genera ese tipo de capital político. Y sin ese incentivo, el primer nivel siempre pierde en la competencia presupuestal.

El documento de análisis del sistema de salud mexicano publicado en Salud Pública de México señala que los Servicios Estatales de Salud, que son el principal proveedor de atención primaria para la población sin seguridad social, han sufrido un largo proceso de desgaste institucional que abarca al menos tres administraciones federales. La falta de medicamentos básicos, la precariedad de infraestructura y la ausencia de personal especializado en los centros de salud deterioran la confianza ciudadana en el sistema público y generan la migración hacia urgencias hospitalarias, consultorios adyacentes a farmacias privadas, o simplemente hacia la automedicación.

Ese fenómeno tiene un nombre en la literatura de política sanitaria: desintermediación del primer nivel. El paciente aprende que el sistema de atención primaria no resuelve, y lo evita. Y al evitarlo, genera mayor presión sobre los niveles de atención que sí responden, retroalimentando un ciclo que hace al sistema progresivamente más caro, más reactivo y menos preventivo.

La OPS y México firmaron una estrategia que reconoce exactamente este problema.

En noviembre de 2025, la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron la Estrategia de Cooperación OPS-México 2026-2031, cuyo eje central es fortalecer la atención primaria como puerta de entrada a redes integrales de servicios de salud. El secretario de Salud, David Kershenobich, declaró en esa presentación que la presidenta Sheinbaum ha colocado la salud como prioridad nacional con énfasis en prevención y atención primaria. Esa es la dirección correcta. Y lo es porque la evidencia internacional es inequívoca: los sistemas de salud organizados en torno a una atención primaria sólida tienen mejores resultados en salud poblacional, menor gasto per cápita y mayor equidad territorial.

La OPS estima que ampliar las intervenciones de atención primaria en países de ingreso medio podría salvar 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de vida en 3.7 años para 2030. La misma organización calcula que la atención primaria puede contribuir al logro del 75 por ciento de los progresos en salud previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas no son proyecciones optimistas de un organismo internacional con interés político en el tema. Son estimaciones respaldadas por décadas de evidencia comparada en sistemas de salud de todo el mundo.

México también tiene evidencia propia. El programa HEARTS, implementado con apoyo de la OPS, pasó de cubrir el 3.8 por ciento al 33.8 por ciento de las unidades de salud en cinco subsistemas nacionales durante 2025, beneficiando a más de 34 millones de personas con protocolos estandarizados para el manejo de hipertensión y riesgo cardiovascular en el primer nivel. Es un avance real y documentado. Muestra que cuando hay voluntad institucional, metodología probada y seguimiento sistemático, el primer nivel puede funcionar. La pregunta es por qué ese modelo no es la norma en todo el sistema, y particularmente en los municipios del sur de Sonora donde la carga de enfermedades crónicas es mayor.

Lo que el sur de Sonora necesita que ocurra, no solo que se anuncie.

Fortalecer la atención primaria no es un objetivo abstracto. Tiene condiciones operativas concretas y verificables. La primera es garantía de médico general disponible en horario completo en todas las unidades de primer nivel, sin huecos de cobertura en fin de semana o días festivos. En el sur de Sonora, donde hay localidades a más de una hora del hospital de referencia más cercano, un centro de salud sin médico los lunes no es una incomodidad administrativa: es una barrera real de acceso que se traduce en diagnósticos tardíos y complicaciones prevenibles.

La segunda condición es abasto confiable de medicamentos esenciales. Un médico de primer nivel que no puede prescribir el antihipertensivo o el hipoglucemiante que el paciente necesita porque no hay existencia en la farmacia, pierde capacidad resolutiva y pierde la confianza del paciente. Esa confianza, una vez perdida, no se recupera con decretos.

La tercera es integración real con el segundo nivel. El médico general que puede hacer una teleconsulta con un especialista del hospital de referencia, o que puede derivar con un sistema de referencia y contrarreferencia que funciona, tiene una capacidad resolutiva que multiplica el valor de cada consulta. Sin esa integración, el primer nivel opera como una isla.

La Estrategia OPS-México 2026-2031 identifica exactamente estas tres condiciones. El Servicio Universal de Salud las incluye como objetivos declarados. Lo que falta no es diagnóstico ni declaración de intención. Lo que falta es que esos compromisos se traduzcan en presupuesto específico, en metas por municipio y en mecanismos de rendición de cuentas que permitan saber, en 2027 y en 2028, si el médico general del sur de Sonora está disponible, si tiene medicamento y si puede derivar cuando lo necesita.

La letra de cambio más antigua del sistema.

El médico general es la figura más antigua y más relegada del sistema de salud mexicano. Está en el discurso de todas las reformas y en el presupuesto de ninguna. Es el profesional que más pacientes atiende, que más enfermedades crónicas controla y que más urgencias puede prevenir, y sin embargo es el que tiene menor jerarquía institucional, menor remuneración relativa y menor inversión en su formación continua y en sus condiciones de trabajo.

Recuperarlo no es nostalgia por un modelo del pasado. Es la decisión técnica más costo-efectiva que el sistema de salud mexicano podría tomar. Y en el sur de Sonora, donde la densidad de especialistas es baja, las distancias son largas y la carga de enfermedad crónica es alta, esa decisión tiene un impacto directo y medible en la salud de la gente que vive aquí.

México firmó en noviembre de 2025 una estrategia que dice que lo entiende. El sur de Sonora tiene derecho a exigir que esa comprensión se mida en consultorios con médico, en farmacias con medicamento y en pacientes que no tienen que llegar a urgencias para que alguien los atienda. Esa es la letra de cambio más antigua del sistema. Y lleva décadas sin cobrarse.

Dr. Alejandro Arellano Guzmán

Médico | Maestro en Gestión de Salud Institucional | Doctorante en Gestión de Salud

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