- Durante casi 30 años, Carlos Zorrilla y las organizaciones de las que es cofundador han ayudado a evitar que seis empresas llevaran adelante explotaciones mineras de cobre a cielo abierto en el valle de Íntag, en Ecuador.
- Como líder y figura pública, Zorrilla suele brindar asesoramiento a comunidades que enfrentan dificultades similares, por lo que en el año 2009 publicó una guía sobre cómo proteger a la comunidad propia de la minería y de otras operaciones extractivas.
- En la guía de 60 páginas comparte su sabiduría y recursos, como información sobre los riesgos sanitarios y medioambientales de las minas, señales tempranas de advertencia que apuntan a que se establecerá una empresa y consejos para mitigar los daños en caso de que una mina avance.
- En una entrevista con Mongabay, Zorrilla afirma que lo más importante es frenar la mina antes de que comience a operar.
Carlos Zorrilla es considerado como uno de los líderes de lo que, según la población local, es el movimiento de resistencia contra la minería más prolongado de América Latina.
Cuando él tenía 11 años, su familia emigró de Cuba a Estados Unidos en 1962. Zorrilla se mudó al valle de Íntag en Ecuador en la década de los setenta, por amor al ecosistema de bosque nuboso de la región. Poco tiempo después de llegar, también se instaló en la zona la primera de las empresas mineras.
Durante las siguientes décadas, Zorrilla y las organizaciones de las que es cofundador, entre ellas Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), ayudaron a impedir que cinco empresas mineras transnacionales y una compañía nacional desarrollaran sus explotaciones en uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.
Zorrilla y los integrantes de la comunidad afirman que, en el proceso, enfrentaron amenazas personales, campañas de desprestigio, detenciones y violencia. Sin embargo, el movimiento también consiguió victorias históricas, como un caso constitucional que defendió los derechos de la naturaleza contra la minera Coldeco, de propiedad estatal chilena, y la empresa nacional de minería ecuatoriana en 2023.
Como líder y figura pública, las personas que enfrentan amenazas similares suelen recurrir a Zorrilla en busca de asesoramiento. En respuesta, él y dos colaboradores publicaron Protegiendo a su comunidad en contra de empresas mineras y otras operaciones extractivas. Una guía para la resistencia en 2009 y una versión actualizada en 2016. (La guía también está disponible en inglés, francés e indonesio bahasa).
“Tras librarnos de dos empresas mineras, no dejaban de preguntarme cómo demonios lo habíamos hecho”, le cuenta Zorrilla a Mongabay. “En vez de seguir respondiendo a quienes preguntaban, escribí el manual. Es mucho más fácil simplemente decir: ‘¡Lea el manual!’”.
En la guía de 60 páginas se comparten experiencias y recursos, como información sobre los riesgos sanitarios y medioambientales de las minas, estrategias para impedir la minería antes de que comiencen las explotaciones, señales tempranas de advertencia que apuntan a que se establecerá una empresa y consejos para mitigar los daños en caso de que una mina avance.
Zorrilla afirma que lo más importante es detener la mina antes de que comiencen sus actividades. Para hacer hincapié en este punto, también publicó Elementos para proteger a su comunidad de la minería y otras industrias extractivas, que se enfoca en evitar la minería antes de que consiga ganar terreno.
“Frenen a las empresas antes de que corrompan a sus comunidades y antes de que encuentren depósitos mineros económicamente viables”, dice. “Una vez que comienzan a invertir en actividades de exploración, deshacerse de ellas se torna cada vez más difícil”.
La minería es un problema divisorio en las comunidades indígenas y locales. Hay quienes ven los beneficios económicos para abordar la pobreza, poseen sus propios proyectos mineros y destacan la necesidad de negociar mejores convenios de distribución de beneficios o colaboraciones con los proyectos mineros como una forma de autodeterminación.
“Pero estos memorandos solo funcionan con las empresas mineras éticas, las cuales son más raras que una gallina con dientes”, afirma Zorrilla.
Las opiniones de Zorrilla sobre la minería son polémicas. Tras la publicación de la guía para la resistencia, el presidente de Ecuador de aquel momento, Rafael Correa, la denunció en la televisión pública catalogándola de interferencia “desestabilizadora” dirigida por intereses extranjeros, en una jugada que Zorrilla afirma que significó una “publicidad excelente para el manual”.
En tanto el mundo se aleja del uso de combustibles fósiles, la demanda de minerales cruciales para alimentar tecnologías de energía “limpia”, tales como los automóviles eléctricos, aumenta. Por consiguiente, la minería también aumenta.
No obstante, muchos expertos afirman que la minería en Ecuador, en especial en el valle de Íntag, es simplemente una mala idea. Al margen de los terremotos, las precipitaciones, las pendientes pronunciadas y la falta de infraestructura, se trata de un país con una variedad de otras opciones para el desarrollo, tales como el potencial de ecoturismo o la agricultura sostenible.
“Desarrollar la minería a gran escala en un país tan rico es realmente una mala elección”, afirma William Sacher, profesor e investigador en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, quien estudia la minería a gran escala y su impacto. “Si realmente se sacan las cuentas en términos de costo y beneficio, si se tienen en cuenta los costos de la minería a gran escala, estos superan a los beneficios”.
El trabajo de Zorrilla con DECOIN para resistir la minería, así como para restaurar bosques y cuencas hidrográficas, ha sido reconocido internacionalmente con diversos premios, como con el Premio de Ecuador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2017. Este año, Zorrilla ganó el premio de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza por defenderlos.
Es su conexión con la naturaleza, dice, lo que lo mantiene motivado. “Es difícil expresar con palabras la conexión que siento con la tierra y la gente, con la comunidad biológica de la que formo parte”, cuenta. “¿Qué más podría hacer alguien que siente que es una parte integral de una comunidad? ¿Cómo no defenderla de las fuerzas que la destruirían?”.
En una entrevista con Liz Kimbrough de Mongabay, Zorrilla habla sobre la guía y sus experiencias.
—¿Qué fue lo que lo inspiró para escribir esta guía?
—Creo que hubo dos razones principales que me motivaron a escribir la guía. La primera y más importante fue que pasamos por mucho cuando nos enfrentamos a una empresa minera japonesa y a una canadiense en los años noventa y principios de los años 2000, y tuvimos que encarar esas luchas sin tener idea de cómo hacerlo. No dejaba de desear que hubiera alguna información concreta sobre cuáles eran las mejores maneras de que las comunidades enfrentaran la presencia de estas empresas. Por mucho que busqué a mi alrededor, no pude encontrar nada.
Pensé que otras comunidades podrían beneficiarse de nuestra experiencia al enfrentar con éxito a dos corporaciones mineras transnacionales y bloquear el desarrollo minero en nuestra área (hasta principios de 2024, la sociedad civil en Íntag ha podido impedir que cinco empresas mineras transnacionales y una nacional abrieran una mina).
La segunda razón es mucho más práctica. Tras librarnos de dos empresas mineras, no dejaban de preguntarme cómo demonios lo habíamos hecho. En vez de seguir respondiendo a quienes preguntaban, escribí el manual. Es mucho más fácil simplemente decir: “¡Lea el manual!”.
—Usted menciona que impedir un proyecto en fase de exploración es mucho más fácil que detenerlo una vez iniciada la minería. ¿Cuáles son algunas señales de alerta temprana a las que las comunidades deberían prestar atención?
—En primer lugar, es conveniente aclarar por qué es mucho más difícil frenar una mina una vez abierta. Una gran empresa minera puede incurrir en gastos por cientos de millones de dólares en costos de exploración, costos de los que, en la mayoría de los casos, el país que otorga las licencias podría ser considerado responsable si la empresa minera no logra desarrollar el sitio minero. Esto es el resultado de que un país firme tratados de inversión bilaterales con otros países para proteger las inversiones de empresas privadas.
Entonces, en esencia, cuanto más invierte una empresa en un proyecto, más caro le resulta al país signatario pagarle a la empresa minera para que regrese a casa.
La otra razón es que, cuanto más tiempo lleva una empresa minera en un territorio, más probabilidades tiene de aprender a captar a personas e instituciones, y no pierde el tiempo en hacerlo. Sucede lo mismo que al contraer cáncer u otras enfermedades similares: hay que tratarlo lo antes posible, de lo contrario, se vuelve mortal o daña tanto el organismo que este no puede defenderse.
Otra razón por la que es imperativo frenar a una empresa en su etapa inicial o antes es que, cuanto más tiempo explore una empresa minera, mayor será la posibilidad de que encuentre un yacimiento de minerales económicamente viable. Si lo logran, es mucho más probable que las empresas convenzan a los gobiernos para que otorguen todos los permisos y hagan la vista gorda en casos de actividades ilegales. También es mucho más fácil para la empresa encontrar inversores si puede demostrar que tiene una mina viable para desarrollar.
—¿Cuáles son las primeras señales de que una empresa está interesada en explorar un territorio?
—Se puede encontrar gente desconocida deambulando por la comunidad y haciendo preguntas. Otra es si, de repente, se descubre que particulares empiezan a comprar grandes extensiones de terreno. La comunidad podría ser objeto de encuestas sociales y económicas realizadas por un organismo gubernamental con el pretexto del desarrollo social o económico o de la identificación de necesidades sanitarias.
Tenga en cuenta que, para las empresas, es fundamental conocer todo lo posible sobre las comunidades y los habitantes con los que tratarán. Esto también se aplica a las necesidades de los gobiernos locales. Por ejemplo, pueden identificar necesidades básicas, como la falta de servicios sanitarios básicos, infraestructura vial y escolar que necesita reparación, falta de agua potable, etcétera. Una vez esbozadas estas necesidades, ofrecerán ayuda financiera a la comunidad o a los gobiernos subnacionales para abordarlas. A menudo incluso ofrecen crear los llamados grupos u organizaciones de desarrollo, como cooperativas agrícolas o grupos de mujeres, y proporcionar financiación inicial para abordar algunas de las necesidades. Es posible que las empresas firmen convenios financieros con gobiernos locales o estatales para ayudar a cubrir los costos de abastecer a las comunidades de productos de primera necesidad.
No hace falta decir que el financiamiento siempre tiene condiciones, la menor de las cuales es que los gobiernos subnacionales y los grupos comunitarios apoyen la presencia de la empresa minera y, posteriormente, el desarrollo de la mina.
Lo más importante que hay que recordar es que el objetivo principal de las empresas es crear una dependencia total de lo que proporcionan, ya sea empleo, mantenimiento de carreteras, agua potable o prestaciones sanitarias básicas. Los habitantes se acostumbran tanto a contar con los servicios brindados por las empresas que olvidan que han vivido sin ellos toda su vida o que es responsabilidad del gobierno estatal o nacional brindarlos. La dependencia puede llegar a instituirse de tal manera que las personas lugareñas dejen de solicitar a los gobiernos locales o nacionales que proporcionen los servicios y dependan únicamente de las empresas. Esto también puede aplicarse a los gobiernos subnacionales, especialmente cuando los gobiernos nacionales reducen intencionalmente su financiamiento como estrategia para que los proyectos mineros obtengan el apoyo de la población local.
Al mismo tiempo, las empresas recopilan información básica sobre la comunidad y también identifican actores clave dentro de la comunidad. Se trata de personas que tienen influencia o a quienes se podría preparar para que ocupen un puesto de autoridad. Son las primeras personas a las que se capta. Podría ser alguien con éxito en los negocios o un líder comunitario muy respetado. Tales personas, a su vez, harán gran parte del trabajo para la empresa, como convencer a sus vecinos y sus vecinas de que la minería es la mejor manera de la que la comunidad y las familias disponen para salir de la pobreza. O que es una verdadera tontería no aceptar el apoyo de la empresa para construir ese camino que todos siempre quisieron. Esa propaganda es infinitamente más eficaz cuando la patrocinan personas que usted conoce y respeta.
—¿Cuáles cree que son algunas de las mejores formas de frenar una mina antes de que empiece?
—La mejor manera de saber a qué se enfrenta usted es averiguar todo lo que pueda sobre la empresa: aspectos como quiénes son los propietarios, la historia de la empresa, las principales fuentes de financiación y dónde cotizan sus acciones (si es una empresa que cotiza en bolsa).
Una vez que sepa todo lo posible sobre la empresa, su objetivo principal es frenarla antes de que comience a recopilar información, contratar a integrantes de la comunidad o comprar terrenos; definitivamente, antes de que celebre reuniones en su comunidad.
Apenas sospeche que una empresa está interesada en su territorio, celebre reuniones o asambleas públicas en las que, con suerte, la mayoría de la población adulta de la comunidad pueda participar para decidir si se reunirán con la empresa. Puede ser útil invitar a personas con conocimientos para debatir algunos de los problemas que la comunidad tendrá que enfrentar si le abre las puertas a la minería.
Es absolutamente esencial que nadie acepte reuniones con funcionarios de la empresa o empleados del gobierno que promuevan el desarrollo minero a menos que sea en un lugar público y que se invite a toda la comunidad.
Se recomienda encarecidamente que los estatutos de la comunidad incluyan disposiciones para que cualquier aprobación de actividades que afecten el medioambiente natural o la paz social de la comunidad cuente con una mayoría de dos tercios de sus integrantes. Es peligroso dejar que quienes conforman la junta directiva de la comunidad (presidente, vicepresidente, secretario/a, etcétera) representen a esta última cuando se trata de permitir actividades que podrían tener repercusiones sociales y medioambientales tan terribles y duraderas.
—La guía dice que las empresas mineras utilizan muchas tácticas para dividir a las comunidades y sofocar la oposición. ¿Cuál es la táctica empresarial más difícil de contrarrestar que haya encontrado? ¿Qué deben tener en cuenta las comunidades?
—Las empresas pueden utilizar muchas tácticas para neutralizar a la oposición. Nos hemos enfrentado a casi todo. Desde demandas penales inventadas para intentar encarcelar a líderes efectivos de la oposición y la contratación de paramilitares para acceder violentamente al sitio minero, hasta amenazas de muerte, compra directa de líderes comunitarios, terribles campañas de desprestigio destinadas a desacreditar a los líderes de la resistencia o a las organizaciones que apoyan a las comunidades.
Luego están las tácticas suaves. Una de las más difíciles de contrarrestar es el dinero fácil que las empresas ofrecen a los líderes y, con el tiempo, a quienes integran la comunidad cuando comienzan a trabajar para la empresa. Esto es especialmente eficaz en zonas donde resulta difícil vivir de la tierra.
No hace falta decir que esto alejará a la gente de los campos y del trabajo normalmente arduo que implica la agricultura. Recuerde: la empresa ofrece sueldos fijos, a menudo acompañados de seguridad social y cobertura sanitaria. Algo que debemos hacer es señalar que estos trabajos no durarán más que unos pocos años o hasta que se abra la mina. Una vez que se abre una mina, sólo se requiere personal calificado, con pocas excepciones. Sin embargo, la empresa nunca lo admitirá.
Las comunidades tienen que saber cuáles son los sacrificios que implica aceptar los empleos que ofrecen estas empresas. Estos incluyen, muy a menudo, conflictos sociales permanentes y continuos; también podría ocasionar la reubicación de comunidades enteras para hacer espacio para la mina y su infraestructura, posiblemente la contaminación de fuentes de agua, la profanación de tierras sagradas y una repercusión directa en actividades sostenibles como el ecoturismo o la agricultura agroecológica.
También se ha documentado que hay más delincuencia y violencia en torno a los proyectos mineros, entre muchas otras repercusiones negativas. Dichas repercusiones son especialmente graves para las mujeres. La mayoría de los trabajos mineros se asignan a hombres, lo que empeora la desigualdad económica en los hogares. Las mujeres a menudo tienen que encargarse del trabajo de los hombres en el campo, lo que añade aún más estrés a su vida cotidiana. También tiende a haber más problemas de salud por enfermedades de transmisión sexual y más violencia intrafamiliar en las minas.
Entonces, cuando las empresas mineras vienen y ofrecen empleos, las comunidades deben sopesar todos los efectos, no solo los aspectos positivos.
Por eso es tan importante no dejar que la empresa llegue tan lejos. Las comunidades deben saber que las empresas mineras y los funcionarios gubernamentales mienten cuando se trata de convencer a las comunidades sobre la minería. Ese es uno de los mensajes más importantes. Tienen que mentir porque, si dijeran la verdad sobre las repercusiones sociales y medioambientales de la minería, ni una sola persona en la comunidad los apoyaría.
En este sentido, es importante invitar a personas conocedoras e integrantes de otras comunidades que hayan sufrido a manos de las empresas mineras para que transmitan lo que realmente sucede cuando las empresas mineras llegan a una comunidad.
—Usted hace hincapié en la importancia de la resistencia pacífica incluso ante la intimidación y la violencia de la empresa. ¿Por qué es tan importante mantener el pacifismo?
—En la mayoría de los casos, las empresas mineras transnacionales tienen mucho más dinero que las comunidades afectadas y suelen contar con el apoyo total de instituciones estatales, como la policía, el ejército, las unidades de inteligencia y, a menudo, hasta del poder legislativo. Y, si no hay separación de poderes, también el poder judicial del gobierno podría aumentar la disparidad. Por lo tanto, usted puede terminar enfrentándose a un enorme mecanismo represivo, especialmente si la corrupción es endémica en su país. En aquellos países donde el extractivismo representa una parte importante de sus fondos estatales, los funcionarios intentarán garantizar que estos proyectos mineros tengan éxito. Eso significa enviar policías o militares para sofocar los movimientos de resistencia si ven que la oposición está poniendo en peligro el proyecto minero.
La corrupción también juega un papel importante en el resultado de estos proyectos. Es muy frecuente que, cuanto más dependientes sean los países de los recursos no renovables para llenar sus arcas, más corruptos sean. Esto significa que el Estado podría estar dispuesto a penalizar la protesta si cree que amenaza estos proyectos. El fiscal general o su homólogo podría acusar a decenas de personas de delitos penales o civiles, como terrorismo o sabotaje, para intimidar al resto de la población. Y sólo hace falta que algunas de ellas vayan a la cárcel para que la estrategia funcione. Si la resistencia se mantiene pacífica, es mucho menos probable que esa situación ocurra.
Dicho esto, sé que es muy difícil para la gente soportar tanta injusticia y no reaccionar violentamente. Sin embargo, un defensor de derechos humanos me dijo una vez que, en estos casos, está bien que el corazón arda, pero que hay que tener los pies de plomo y moverlos con lentitud.
También es una estrategia bien establecida por parte del gobierno o las empresas provocar reacciones violentas en las comunidades: esto le da al gobierno un pretexto para militarizar el sitio minero y arrestar a líderes clave de la resistencia.
La percepción pública también es importante, ya que es mucho más probable que se consiga el apoyo del resto del país si este considera que la lucha sigue la tradición del pacifismo. Le resultaría mucho más difícil obtener ese apoyo si su lucha se considerara violenta.
Una forma de mantener la lucha pacífica es confiar en el sistema judicial, pero eso depende de si se vive en un país con una fuerte tradición de separación de poderes y ramas de gobierno bastante equitativas. Muchos proyectos mineros han sido frenados en los tribunales. Sin embargo, también es cierto que es un campo de juego muy desigual, dado que las empresas tienen millones de dólares para contratar a los mejores abogados del país y las comunidades a menudo dependen de ayuda legal gratuita. No obstante, es posible ganar a pesar de tan grotesca asimetría de poder.
—¿Qué recursos o habilidades cree que necesitan desarrollar más los organizadores comunitarios que se oponen a un proyecto minero? ¿A dónde pueden acudir en busca de ayuda?
—Creo que a las organizadoras y organizadores comunitarios les ayudaría mejorar sus capacidades de investigación. Eso incluye aprender todo lo posible sobre una empresa y sus inversores, identificar posibles aliados dentro y fuera del país y saber qué ha funcionado y qué no en otras luchas similares a la suya. También les resultará útil dominar las redes sociales para hacer correr la voz lo más lejos posible.
Los organizadores deben comprender que las luchas no se pueden ganar si permanecen a nivel local. Deben buscar el apoyo del resto del país y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y medioambientales.
También es importante saber que, si una empresa es extranjera, existe la posibilidad de que usted pueda establecer una relación con algunas organizaciones no gubernamentales de ese país específico que ayuden a exponer lo que las empresas están haciendo en su país y posiblemente obtener apoyo financiero para su trabajo. Es mucho más probable que esto funcione si las empresas cotizan sus acciones en bolsas de valores bien consideradas. Las empresas temen la mala reputación y las noticias que puedan afectar su perfil inversor. Por lo tanto, comuníquese con tantas otras organizaciones como pueda. Human Rights Watch y Amnistía Internacional son buenas, pero también hay otras. Verifique cuáles operan en su país y manténgalas al tanto de lo que sucede.
Si el sitio minero se encuentra en un lugar especialmente biodiverso donde existen muchas especies amenazadas, hay que comunicarse con organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, por ejemplo. Es importante identificar a estas organizaciones para presionar al gobierno y a las empresas para que respeten los derechos humanos, las tierras sagradas y los lugares biodiversos.
También es importante establecer contacto con la prensa. Recuerde: la mayoría de las empresas temen la mala publicidad. En ese sentido, denunciar todos los trucos sucios e ilegalidades de las empresas y hacerlas quedar mal ante la opinión pública debería ser un mandato. Eso implica, entre otras cosas, documentar cuidadosamente todas las actividades irregulares o ilegales de la empresa y las de los reguladores gubernamentales.
Dejo fuera la opción de acudir al poder legislativo del gobierno porque, por mi experiencia, muy a menudo se pone del lado del ejecutivo y de las empresas. Sin embargo, es posible que su país tenga un poder legislativo más independiente al que pueda apelar. Eso significa ponerse en contacto con su representante legislativo local e invitarlo a su comunidad para que pueda ver de primera mano lo que está haciendo la empresa. Haga que se interese en su lucha y denuncie lo que las empresas están haciendo o planean hacer.
—En el caso de las comunidades que no pueden frenar por completo un proyecto minero, ¿qué consejo les daría para mitigar los peores efectos y proteger sus derechos tanto como sea posible?
—Hay muchos factores que entran en juego en la mitigación de los efectos de la minería una vez que una mina ha abierto y se encuentra en plena actividad.
Un factor clave es estudiar de cerca los documentos habilitantes de la mina, como la declaración de impacto ambiental, el plan de gestión o la licencia de operación, y utilizar cualquier método disponible para verificar si se está cumpliendo con las medidas para mitigar las repercusiones de la mina.
Es muy probable que se necesite ayuda para interpretar los cientos o miles de páginas de datos técnicos contenidos en estos documentos. ¡A no desesperarse! Trate de obtener ayuda de organizaciones nacionales que trabajan en temas mineros.
Documente y denuncie ilegalidades en el país y en el extranjero. Si encuentra suficientes casos flagrantes de incumplimiento, y según la imparcialidad del sistema judicial de su país, quizás quiera llevarlos a los tribunales para que el gobierno obligue a la empresa a abordar las infracciones o incluso pedir a los tribunales que cierren la mina.
Utilice el poder de los medios de comunicación para arrojar luz sobre la explotación minera y exponer permanentemente las transgresiones de derechos a nivel local, nacional e internacional.
Identifique a los principales inversores y asegúrese de que se mantengan actualizados sobre las repercusiones sociales y medioambientales negativas que financian sus inversiones. Esto incluye informar a los reguladores de las bolsas de valores en las que la empresa pueda cotizar. Para ello se deberá contar con la ayuda de las ONG del país en el que están registradas las empresas mineras.
Sobre la base de lo anterior, puede intentar enviar representantes a las asambleas anuales de accionistas de las empresas de estos para exponer negligencias o cualquier ilegalidad que la empresa haya cometido o esté cometiendo. Esto también lo pueden lograr aliados en el país de origen de la empresa. Normalmente les basta con comprar unas pocas acciones para poder participar en estas reuniones.
Si la empresa tiene su sede en un país que pertenece a la OCDE y si usted cuenta con el fuerte apoyo de una ONG en ese país, quizás quiera presentar una queja formal contra la conducta de la empresa mediante las Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Esto no detendrá a la mina, pero debería aumentar el escrutinio bajo el que se encuentra y podría impedir que inversores nuevos inviertan en la empresa.
Si la empresa no cotiza en una bolsa de valores pública, deberá confiar más en las dos primeras recomendaciones, pero esfuércese más en conseguir que las autoridades pertinentes supervisen y controlen las actividades de la empresa. Usted puede colaborar para lograr esto estableciendo grupos de control comunitarios compuestos por personas no relacionadas con la empresa o el gobierno para supervisar las actividades de la empresa. De esta manera, podrá registrar infracciones y exponer a la empresa. Resulta de ayuda incorporar al grupo a hidrólogos, biólogos y geólogos o recibir capacitación de estos profesionales. Parte de la supervisión debe incluir el control periódico de la calidad del agua para documentar la contaminación.
Según las leyes de su país y del presupuesto con el que usted cuente, contratar a biólogos para encontrar especies nuevas o especies en peligro de extinción en el sitio minero puede ayudar a fortalecer los argumentos en los tribunales y en la opinión pública para frenar el desarrollo minero.
La idea es poner a la empresa permanentemente en el tribunal de la opinión pública y, al mismo tiempo, presionar a los reguladores gubernamentales haciéndoles saber que cada paso de las empresas será documentado y expuesto y que todo el mundo estará observando.
—A veces, proteger a una comunidad no significa solamente oponerse a un proyecto minero, sino asegurarse de que esta pueda beneficiarse adecuadamente de los proyectos y se la incluya en la gestión para evitar desastres ecológicos que afecten a los residentes. ¿Cómo encaja en esta guía la negociación de convenios de distribución de beneficios, memorandos de entendimiento o colaboraciones con proyectos mineros (o qué opina al respecto)?
—Estos memorandos sólo funcionan con empresas mineras éticas, las cuales son más raras que gallina con dientes. La única manera de que funcionen incluso con estas entidades es que las comunidades estén en igualdad de condiciones. A menudo sucede que la empresa crea supervisores comunitarios sólo para manipularlos a ellos y a los resultados que producen. Las empresas se aseguran de ser las únicas que pagan los salarios.
—¿Qué cambiaría o agregaría en una versión actualizada de esta última guía?
—En la versión nueva, si hay otra, enfatizaría las medidas para detener a las empresas antes de que corrompan a las comunidades.
—¿Qué lo mantiene motivado después de 30 años de activismo y resistencia?
—Es difícil expresar con palabras la conexión que siento con la tierra y la gente, con la comunidad biológica de la que formo parte. Realmente es una reflexión sobre el estado de las cosas. ¿Qué más podría hacer alguien que siente que es una parte integral de una comunidad? ¿Cómo no defenderla de las fuerzas que la destruirían? Yo no me siento ajeno de la naturaleza, lo que es una bendición y una maldición a la vez.
* Imagen principal: Carlos Zorrilla en la oficina de DECOIN en Apuela, Ecuador, con Jesús Prado, uno de los cuatro litigantes en el caso de los derechos de la naturaleza. Foto de Romi Castagnino para Mongabay..
Liz Kimbrough es redactora de Mongabay y tiene un doctorado en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Tulane, donde estudió los microbiomas de los árboles. Consulte otros de sus informes aquí.
Historia original publicada en inglés: https://news.mongabay.com/2024/04/stop-the-mining-before-it-starts-interview-with-community-organizer-carlos-zorrilla/
