El Grupo Salinas, conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego, ha sido señalado por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda por un presunto modus operandi para evadir el pago de 74 mil millones de pesos en impuestos adeudados al erario público. Grisel Galeano García, procuradora fiscal, detalló en conferencia de prensa las estrategias dilatorias empleadas por el grupo empresarial.
Según la procuradora, el Grupo Salinas mantiene 32 juicios en litigio por la mencionada suma, abarcando diversas instancias del Poder Judicial de la Federación. Estos incluyen tres asuntos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 26 mil millones de pesos, cinco en Tribunales Colegiados de Circuito por 20 mil millones de pesos, 11 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 8 mil millones de pesos, y 13 en otras instancias por 20 mil millones de pesos.
Galeano García destacó tres casos relevantes que se litigan en la Suprema Corte. El primero, que data de 2008, involucra 22 recursos presentados para evitar el pago de 16 años de impuestos. El segundo, de 2010, suma 10 juicios y 14 años de impago, y el tercero, de 2013, registra 29 recursos y 11 años de incumplimiento de obligaciones fiscales.
El Modus Operandi: Dilación y Recusación de Jueces
La procuradora fiscal describió el patrón de actuación del Grupo Salinas, el cual consiste en interponer recursos judiciales de manera consecutiva ante todas las autoridades posibles una vez que han dejado de pagar sus impuestos.
“En los casos donde adviertan que un juzgador está por no concederles la razón, entonces lo recusan o lo declaran impedido y alegan intereses personales”, expuso Galeano García en la “Mañanera del Pueblo”.
Incluso cuando se emiten sentencias firmes que confirman la imparcialidad de los jueces, el grupo empresarial presuntamente presenta nuevos juicios, recursos e impedimentos con el objetivo de retrasar indefinidamente la resolución de los asuntos.
La procuradora concluyó que el Grupo Salinas es consciente de la falta de solidez en sus argumentos, pero utiliza su “gran capacidad corporativa para retrasar los juicios y procedimientos de la mano de malos juzgadores e incluso intimidando a servidores públicos”. Advirtió que estas tácticas “ya no les darán resultados” y enfatizó que “los recursos del erario tienen que ser destinados al pueblo”.
