La exjueza federal Martha Eugenia Magaña López comparece este jueves ante el Tribunal de Disciplina Judicial por haber concedido en 2024 una suspensión provisional contra el proceso legislativo de la reforma judicial.
El procedimiento puede derivar en una sanción administrativa, inhabilitación e incluso en la remisión del caso a la Fiscalía General de la República. Magaña sostiene que se pretende castigarla por el contenido de una resolución y enviar una advertencia al resto de los juzgadores.
El 30 de agosto de 2024, cuando estaba al frente del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, Magaña admitió el amparo 1251/2024, promovido por cuatro integrantes del Poder Judicial contra una disposición que permitía a la nueva Cámara de Diputados retomar y votar el dictamen de la reforma.
La jueza concedió una suspensión para impedir temporalmente que la iniciativa fuera discutida, votada o enviada al Ejecutivo mientras se resolvía el juicio. Consideró urgente el asunto debido a que la reforma planteaba la destitución y sustitución de juzgadores.
La Cámara de Diputados ignoró la suspensión y legisladores de Morena acusaron a la jueza de invadir atribuciones del Poder Legislativo. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también la señaló públicamente y puso en duda su imparcialidad.
La Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación presentó posteriormente una queja administrativa. En un primer momento, el extinto Consejo de la Judicatura Federal la desechó al considerar que el contenido de una resolución debía impugnarse mediante los recursos judiciales correspondientes y no castigarse por la vía disciplinaria.
Sin embargo, la Consejería impugnó aquella decisión y el expediente continuó hasta ser heredado por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La Comisión de Investigación de ese órgano concluyó que Magaña pudo incurrir en una falta grave por “notoria ineptitud o descuido” en el ejercicio de sus funciones. Entre sus argumentos se encuentran que la jueza no debió considerar urgente el asunto y que tenía un interés personal porque la reforma afectaba su cargo.
Magaña rechaza esas acusaciones. Afirma que cuando concedió la suspensión todavía no existía una reforma constitucional aprobada y que los lineamientos vigentes durante el paro judicial permitían a cada juzgador determinar qué asuntos debían atenderse de manera urgente.
La exjueza renunció anticipadamente al Poder Judicial en julio de 2025 y actualmente reside en España. Ha señalado que el procedimiento puede convertirse en una “mordaza” y provocar que quienes siguen ejerciendo como jueces modifiquen sus decisiones por miedo a ser sancionados.
Integrantes y exintegrantes del Poder Judicial convocaron este jueves a una manifestación frente al Tribunal de Disciplina para respaldarla y exigir un proceso imparcial.
De acuerdo con datos proporcionados por un integrante del propio tribunal, durante su primer año el organismo emitió 95 sanciones contra 75 servidores públicos y mantiene investigaciones administrativas contra otras 173 personas.
Al cierre de esta información, el Tribunal de Disciplina no había comunicado el resultado de la comparecencia ni una resolución definitiva sobre el caso de Magaña.
