Deleznable uso de la fuerza y del poder en caso COVAFAM
Rafael Trujano
El pasado miércoles 29 de julio, se cumplieron 100 días de que la Asociación Conservando los valores de la familia, A.C. (COVAFAM) inició una toma de la sede del Congreso local aduciendo incumplimiento de acuerdos en la entrega de recursos aprobados desde el ejercicio presupuestal del 2023, así como, negociar el pago de adeudos por agua y luz de los centros educativos que maneja y protestar por lo que señalaron en ese entonces, como visitas de Protección Civil Estatal con la intención de encontrar observaciones para que las estancias en cuestión, dejasen de funcionar.
A propósito también de cumplirse 70 días de la huelga de hambre del abogado Jorge García Ramírez, las maestras citaron a conferencia de prensa en la Plaza Emiliana de Zubeldía junto con el Colectivo, Movimiento Social de los Excluidos (MOVEX) para dar a conocer la constitución formal de ese Frente social, en unión con la Asociación de Estudiantes Sonorenses (ADEUS) y activistas del Movimiento del Río Sonora.
Durante la Conferencia de Prensa, se anunció la toma del crucero de las dos más importantes vías que atraviesan la ciudad, esto es, los bulevares Abelardo L. Rodríguez y Boulevard Luis Encinas pero, en realidad, los bloqueos viales se realizaron también, en otros dos puntos importantes, uno de ellos, el de la Avenida Luis Donaldo Colosio y Reforma, donde, luego de siete horas de bloqueo, fuesen detenidas arbitrariamente por la policía estatal, las maestras Lizeth Villalobos y Valeria López, sin orden de aprehensión ni demanda previa, interpuesta.
La detención, fue celebrada en medios digitales afines al partido gobernante o del Partido Acción Nacional (PAN), por algun@s de l@s llamados influencers también afines a estas expresiones políticas y hasta por algun@s activistas del movimiento social. En la mayoría de los casos, estas celebraciones, hicieron eco del enfado de automovilistas por los cortes viales o aplaudieron el que, por fin, se pusiera un hasta aquí a las manifestantes y no faltó quien señalara como una farsa, tanto los motivos de la protesta como la misma huelga de hambre del abogado.
Una detención fuera de la ley
A una escasa hora de la toma del crucero en la Plaza Zubeldía, se presentó la subsecretaria de gobierno Bernardette Ruiz reiterando a las manifestantes y los medios presentes, que, las demandas si estaban siendo atendidas por parte del gobierno estatal e insistió en la disposición al diálogo y el ofrecimiento de volverse a sentar y seguir atendiendo los reclamos a través de la Mesa de negociación obligada. Una hora y media aproximadamente después, se reinstalaba la Mesa, pero, sin levantarse el bloqueo vial.
En los hechos, el diálogo y atención ofrecidos no se concretaron pues la Mesa, apenas duró el tiempo que lleva instalarla y darle entrada. A través de un video hecho circular casi al mediodía, el abogado García Ramírez hacía saber que, desde un inicio de la Mesa, el secretario de gobierno Adolfo Salazar , llegó regañándolos y agrediéndoles verbalmente al tiempo que buscaban imponer criterios gubernamentales sobre el ejercicio de manifestación y de expresión lo cual, no fue aceptado por las protestantes quienes debieron manifestar su retiro de la negociación y dejaron nuevamente entrampados a gobierno estatal y Congreso que no hayan como destrabar el conflicto.
Aproximadamente una hora y media después de rota la Mesa de negociación, policías estatales se presentarían en uno de los bloqueos a retirar cintas de bloqueo, desplazar a patrullas y policías municipales presentes y abrir el flujo vehicular aún y estando manifestantes y agentes estatales en medio de los arroyos vehiculares. Ante el caos provocado y la vacilación de los agentes estatales que pedían instrucciones por radio, arribo otro policía estatal quien, sin exhibición de orden de aprehensión y haciendo gala de fuerza y prepotencia, arremetió contra las maestras que serían esposadas e introducidas en las patrullas estatales, pero, fracasando en su intento de decomisar los teléfonos celulares que habían registrado el levantón.
Por alrededor de dos horas, las maestras fueron llevadas y traídas por la ciudad sin ser presentadas ante ministerio público, así lo narró con posterioridad Lizeth Villalobos manifestando que l@s agentes estatales que las trasladaban, pedían una y otra vez instrucciones de qué hacer con las detenidas, a dónde llevarlas sin que, en todo ese tiempo, tuvieran respuesta clara.
Los videos del levantón comenzaron a circular más allá del ámbito estatal y nacional y provocaron como era lógico, preocupación en sectores sociales, activistas y aquellos que, si bien podemos o no comulgar con las protestantes, sabemos por experiencia múltiple, de los riesgos que cualquier disidente o manifestante social, corre cuando fuerzas uniformadas se los llevan y no son presentados de inmediato ante la autoridad judicial correspondiente.
Alrededor de las 18:00 hs., las maestras fueron liberadas sin cargos a pesar de que, una denuncia de parte del Municipio de Hermosillo fue presentada por el delito de “Contra el funcionamiento de las vías de comunicación” pero, hasta las 16:50 hs., esto es, casi cinco horas después de ser levantadas en la vía pública.
¿No politizar lo que nació político?
Lo que empezó como una protesta ciudadana más, rápidamente se enturbió cuando los legisladores entraron a sesión ordinaria al recinto del Congreso con ayuda de la fuerza pública, el mismo día de la toma del Congreso, pero, dejando fuera al diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Emeterio Ochoa Bazúa y los del Movimiento Ciudadano, diputado Jesús Manuel Scott Sánchez y la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez.
Uno de los argumentos esgrimidos por las maestras protestantes fue desde siempre, la no entrega de un recurso por dos millones de pesos aprobado pero no entregado desde el ejercicio fiscal del 2023 y que por mandato judicial, se instruía al Congreso de entregar de inmediato pero, a decir de la presidenta del Congreso Alejandra López Noriega (PAN), no se podía entregar pues el presupuesto en cuestión, ya había sido cerrado por lo que, el mismo juez que había determinado se entregase el mencionado recurso, aceptó que fuese así pero, hasta el 2027. Como era de esperarse, las protestantes recurrieron a instancia superior judicial apelando la decisión.
El 4 de julio, personal de bomberos de Hermosillo y protección civil municipal, llegan al Congreso respondiendo a mensaje por conato de incendio reportado al 911. Luego de revisión de rutina, tanto bomberos como los funcionarios municipales se retiran determinando que no existió tal incendio, pero, protección civil estatal que también llegó al lugar, indicó a las manifestantes, en abierta contradicción con la parte municipal, que debían retirarse pues las instalaciones del Congreso pasaban a su resguardo por razón de un supuesto corto circuito. Las manifestantes y el abogado en huelga de hambre fueron desalojados de la entrada del recinto, pero, decidieron asentarse en la acera de enfrente dando al traste con el burdo intento de acabar con su protesta. En cuestión de horas, pero con un Congreso cercado por vallas metálicas, las y los diputados reiniciaron sesiones demostrando que lo del incendio, fue un grosero montaje entre el ejecutivo estatal morenista y la presidencia panista del Congreso que buscaba provocar por miedo, la huida de quienes se manifestaban ahí.
Ante la bochornosa exhibición del gobierno estatal, este recurrió ahora sí, a presentar públicamente a través de masiva campaña, argumentos para desautorizar la protesta, poner en tela de duda la misma y justificar ante la opinión pública el fracasado desalojo, pero sobre todo, buscando desviar la atención de la falta de oficio gubernamental para desahogar peticiones de un sector social hacía, la autenticidad y legitimidad de la protesta.
Ahora, y luego de no poder retener legalmente a las maestras en la cárcel, se ha anunciado la disposición gubernamental y del Congreso, de entregar este mismo año, los recursos económicos reclamados. Sin embargo y sin sacar las lecciones obligadas de sus fracasos previos, la alianza política del gobierno estatal con la presidencia del Congreso, nuevamente desataron una campaña para insistir en que hay manos negras detrás de las manifestantes e intentar justificar otra vez, el errático proceder de la autoridad que por supuesto, ha vuelto a fracasar en sus intentos de romper la protesta de las maestras.
Entonces, ¿hay intereses externos, oscuros o político electorales buscando sacar ventaja y posicionarse utilizando un reclamo que bien podía haberse resuelto desde meses atrás? sin duda así es pero, ello no es privativo de una parte de los actores sino de todas y todos los involucrados lo que tampoco, es para sorprendernos pues este tipo de aprovechamientos políticos, están latentes siempre y en todos los conflictos sociales, de ahí, la necesidad de que siempre, las manifestaciones y acciones de lucha, se den con absoluta autonomía e independencia política.
Los riesgos de quedarse callado
En una lucha como la de COVAFAM, siempre habrá quienes tengan críticas, cuestionamientos, desconfianzas, incertidumbres o de plano, no coincidencias, aprobación o empatía con los propósitos de o la lucha misma, pero, no simpatizar con una lucha, es muy distinto a quedarse callado, ante el uso de la fuerza irracional e ilegal para desbaratar una protesta.
De igual manera, es condenable no posicionarse ante el ejercicio de la autoridad que hace oídos sordos, busca invisibilizar, vencer por cansancio o bien, una y otra vez, busca desautorizar a los colectivos y las representaciones que estos se dan como interlocutores para la negociación de sus demandas y peticiones. Ejemplo de esto, son las últimas declaraciones del secretario de gobierno en funciones Adolfo Salazar, en el sentido de que, sí habrá apoyos a las infancias de los centros educativos que conducen las maestras en lucha, pero, no a través de la Asociación reclamante sino de cada madre y padre de las niñas y niños de que se trate. En realidad, este proceder así lo han hecho desde el 2018 a nivel federal y el propósito es claro, acabar con la representación colectiva e individualizar los apoyos.
Tampoco podemos hacer que para el caso que nos ocupa, es válido hacer mutis a la represión y solo porque las protestantes en cuestión respondan a una supuesta orientación política diferente a la propia.
En esta ocasión, dos mujeres que ejercían derechos constitucionales han sido violentadas ante nuestros ojos por prepotentes agentes estatales masculinos, sometidas y levantadas para invisibilizarlas momentáneamente, pero, ni derechos humanos estatal, ni autorizadas voces feministas, se dieron por esterados, salvo, honrosas excepciones.
Entonces, el tema político de algo que ruegan otr@s… no politizar, es que una cosa es no simpatizar con una determinada causa y otra, solapar la salida represiva de una causa a la que no se ha sido capaz de encontrar una solución por falta de oficio político.
Publicado originalmente en: https://www.facebook.com/trujanorafael
