Redacción.-
Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre de 2026.- La Fundación PDP Educa, Adopta, Esteriliza A.C. denunció que el Gobierno de Sonora impugnó una resolución judicial que le ordena emitir el reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal, una obligación cuyo plazo legal venció desde 2025.
De acuerdo con la organización, el amparo 1457/2026 fue promovido ante la falta de reglamentación de la legislación estatal. La fundación sostiene que un juzgado federal reconoció la omisión y ordenó al Ejecutivo cumplir con esa obligación, pero la administración encabezada por Alfonso Durazo presentó un recurso para impugnar la sentencia.
La ley fue aprobada en septiembre de 2024 y su artículo cuarto transitorio estableció un plazo de seis meses para que las dependencias y entidades competentes expidieran las normas y reglamentos correspondientes. Ese periodo concluyó en marzo de 2025. gestion.api.congresoson.gob.mx+1
El reglamento es relevante porque permite desarrollar los procedimientos, responsabilidades y mecanismos administrativos necesarios para aplicar las disposiciones legales. Su ausencia puede dificultar la ejecución de determinadas obligaciones, aunque no significa que la ley haya dejado de estar vigente.
La denuncia coincide con antecedentes documentados por otros medios. A finales de octubre, la Fundación Pata de Perro también hizo público un amparo relacionado con la falta de reglamentación. Su presidenta, Claudia Balcázar Guzmán, explicó que la intención del procedimiento judicial es exigir la aplicación de la legislación, no modificarla. El Sol de Hermosillo
La Ley de Protección y Bienestar Animal establece medidas contra el maltrato, la crueldad y el sufrimiento animal. Sin embargo, su contenido ya ha sido objeto de controversias: en noviembre de 2024, el Congreso aprobó reformas que modificaron diversas disposiciones, entre ellas las relativas a animales de consumo y trabajo, y excluyeron de su ámbito de aplicación a determinadas especies destinadas a actividades ganaderas y cinegéticas. boletinoficial.sonora.gob.mx
En su pronunciamiento más reciente, la Fundación PDP también advirtió sobre posibles nuevas reformas que, a su juicio, podrían reducir las protecciones existentes. Por ello, solicitó al Congreso del Estado transparentar cualquier iniciativa relacionada con esta legislación.
El antecedente de inconformidad no es nuevo. En agosto de 2026, organizaciones animalistas de Sonora se manifestaron contra disposiciones de un proyecto de legislación federal, particularmente por sus posibles implicaciones en el manejo de animales en situación de calle. Uniradio Informa+1
Hasta ahora, la documentación pública consultada no permite establecer los argumentos jurídicos con los que el Gobierno de Sonora impugnó la sentencia ni confirmar directamente el estado procesal del amparo 1457/2026. La postura del Ejecutivo sobre este caso también queda pendiente.
Mientras se resuelve la controversia judicial, permanece el cuestionamiento central de las organizaciones: cuándo se expedirá la reglamentación pendiente para hacer operativas las disposiciones de protección animal previstas en la ley estatal.
