Ciudad de México, 30 de Abril del 2024.
- A pesar de reformas y contra reformas, el funcionamiento de la CFE continúa permitiendo y perpetuando que las empresas privadas sigan siendo las principales beneficiadas en la industria eléctrica.
- Procesos opacos y adjudicaciones directas con empresas privadas como Troy T&D y Vagú de Sabinas dejan clara la influencia de la elite económica y sus relaciones con actores políticos.
- Violaciones a derechos humanos y daños ambientales son algunos de los impactos derivados de las políticas y prácticas en esta industria.
A 10 años de la Reforma Energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la cual la industria eléctrica nacional sufrió una transformación acelerada y agresiva, el informe “Voltios y negocios: Industria eléctrica y captura corporativa del Estado en México” deja claro que las corporaciones continúan siendo las principales beneficiadas en esta industria del país, y que este sector está lejos de alcanzar su soberanía y, aún más lejos de una transición energética justa.
El documento, elaborado por la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), presenta un análisis detallado de las transformaciones significativas que han ocurrido en el sector eléctrico mexicano en los últimos 12 años (2012-2023). Este, aborda los graves impactos sociales (más de 1,000 quejas por violaciones de derechos humanos asociadas a proyectos energéticos) y ambientales (ausencia de una agenda sobre transición energética justa, y un incremento del 8% en las emisiones de CO2 que contribuye a la crisis climática y dificultan el cumplimiento de compromisos internacionales de México, como el Acuerdo de París).
La captura corporativa del Estado y la opacidad con la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha llevado a cabo sus procesos también quedan expuestas en este informe: existen contratos con empresas en donde hay accionistas y funcionarios que destacan por su relación económica, política y social con otras empresas del sector, así como relaciones entre el exdirector de la CFE, un familiar del ex-gobernador de Puebla y otros personajes de la política nacional. Los datos de contrataciones públicas de la CFE muestran la falta de procesos competitivos y transparentes, como con las empresas Troy T&D y Vagú de Sabinas, en donde existen adjudicaciones directas que en conjunto superan los 800 millones de pesos. El entramado del sector es sumamente complejo, generándose un contexto favorable para prácticas monopólicas, captura corporativa del Estado, corrupción y conflicto de interés.
Asimismo, el documento revela las discrepancias entre los objetivos originales de la Reforma de 2013 y los resultados actuales tras las contrarreformas del gobierno de López Obrador: mayor control de la CFE en el sector (incrementó su participación de mercado de 46% a más del 54%), falta de mejorías en el servicio y aumento de los precios en las tarifas.
Finalmente, el informe también es un llamado al gobierno mexicano y a los organismos reguladores a revisar y optimizar las políticas y prácticas del sector eléctrico.
Es urgente que se implementen medidas para asegurar la transparencia y la competencia; se respeten los derechos humanos y se tomen acciones decisivas para cumplir con los objetivos de combate al cambio climático. Estos cambios son indispensables para garantizar que la industria eléctrica de México pueda avanzar hacia un futuro más justo, sostenible y alineado con las necesidades de la sociedad y cuidado del medio ambiente.
Principales hallazgos del informe:
- Las reformas y contrarreformas energéticas han sido insuficientes para asegurar la soberanía energética del país y garantizar el suministro eléctrico como un derecho humano.
- El principal controlador de toda la industria es la CFE, la cual puede celebrar contratos con empresas privadas para la compra-venta de energía. La participación de empresas privadas se encuentra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
- La cadena de valor de la industria eléctrica mexicana carece de una agenda de promoción y protección de los derechos humanos. Tanto los ductos, líneas de transmisión, plantas, represas y permisos de operación deberían tomar en cuenta la opinión y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades vecinas a las áreas de influencia de todos estos proyectos.
- La matriz de la industria eléctrica depende en un 80% de los hidrocarburos, por lo que México está varios años atrasado en materia de transición energética
- Hay captura corporativa del Estado en las contrataciones de CFE. La venta de carbón de la empresa Troy T&D es una muestra del entramado político, económico y familiar de las élites mexicanas en las operaciones públicas de una de las dos grandes empresas productivas del Estado. Hay otros casos de total opacidad y falta de control gubernamental en este tipo de asignaciones como es la empresa Vagú de Sabinas, cuya información es sumamente escasa.
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Fuente: comunicacion@poderlatam.org
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