Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la política con la que el gobierno de Donald Trump imponía multas de hasta 1.8 millones de dólares a personas migrantes que permanecieran en el país después de recibir una orden definitiva de deportación.
El juez George O’Toole, con sede en Boston, resolvió que las autoridades aplicaron las sanciones de manera ilegal y suspendió las políticas utilizadas para calcularlas y exigir su pago.
Las multas podían alcanzar los 998 dólares por cada día transcurrido después de una orden de deportación y aplicarse retroactivamente por un periodo de hasta cinco años. Así, una sola persona podía recibir una sanción máxima cercana a 1.8 millones de dólares.
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional citados en el proceso, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca se habían emitido más de 103 mil multas que, en conjunto, sumaban aproximadamente 84 mil millones de dólares.
La resolución se produjo dentro de una demanda colectiva presentada por dos migrantes sancionados y por el Immigrant Legal Resource Center.
El juez señaló que las autoridades enviaban formularios genéricos sin explicar las circunstancias particulares de cada persona ni demostrar que el incumplimiento de la orden de salida hubiera sido voluntario o deliberado.
También determinó que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia modificaron indebidamente el procedimiento en 2025, cuando eliminaron un periodo de notificación y redujeron las oportunidades para impugnar las sanciones sin permitir previamente la participación pública requerida por la legislación administrativa.
O’Toole consideró necesario detener el cobro porque las cantidades podrían llevar a la insolvencia a personas que ya viven en condiciones económicas precarias.
La decisión no cancela las órdenes de deportación ni impide que las autoridades migratorias busquen ejecutar la salida de las personas afectadas. Lo que bloquea es el procedimiento empleado por el gobierno de Trump para imponer y cobrar las multas.
El Departamento de Seguridad Nacional no había respondido inmediatamente a la resolución. El gobierno estadounidense todavía puede impugnarla ante una instancia superior.
