La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un asunto relacionado con la llamada Estafa Maestra para determinar si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene facultades para promover juicios de amparo contra resoluciones judiciales que ponen fin a procesos penales por presuntos desvíos de recursos públicos.
De acuerdo con información publicada este jueves por Once Noticias, las ministras y los ministros aprobaron por unanimidad ejercer su facultad de atracción ante la existencia de criterios judiciales contradictorios sobre las posibilidades de intervención de la ASF en estos procedimientos.
La controversia llegó al máximo tribunal a solicitud del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte.
El problema jurídico radica en que algunos tribunales consideran que la Auditoría puede recurrir al amparo debido a su responsabilidad de fiscalizar los recursos públicos. Otros, en cambio, sostienen que únicamente puede hacerlo cuando una resolución judicial afecta directamente su patrimonio.
La diferencia no es menor: de la interpretación que adopte la Corte dependerá el alcance de las facultades de la ASF para cuestionar determinadas resoluciones judiciales en procesos relacionados con el posible uso irregular del dinero público.
Una resolución con implicaciones para otros casos
El asunto será asignado a una ministra o un ministro, quien deberá elaborar un proyecto de resolución para someterlo a discusión del pleno.
La Corte tendrá que establecer un criterio sobre la legitimación de la ASF para promover estos recursos y su posible intervención como autoridad coadyuvante en los procedimientos correspondientes.
La decisión no supone la reapertura automática de los procesos relacionados con la Estafa Maestra ni implica que la Suprema Corte vaya a determinar responsabilidades penales en ese caso.
Lo que deberá resolver es una cuestión jurídica específica: en qué circunstancias la institución encargada de fiscalizar los recursos federales puede recurrir a la justicia para impugnar resoluciones penales.
El antecedente de la Estafa Maestra
La controversia se relaciona con la Estafa Maestra, nombre de la investigación periodística que documentó un esquema de contrataciones mediante el cual dependencias federales transfirieron recursos a universidades públicas, que posteriormente contrataron empresas, algunas de ellas identificadas como empresas fantasma.
El caso involucró presuntos desvíos millonarios durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y dio lugar a investigaciones y procedimientos penales contra diversos exfuncionarios.
Entre los antecedentes judiciales se encuentra el proceso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien obtuvo en 2023 una resolución judicial favorable que puso fin al procedimiento penal que enfrentaba por ejercicio indebido del servicio público.
En aquella ocasión, la Fiscalía General de la República manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y anunció acciones legales.
Por ahora, la Suprema Corte deberá elaborar y discutir el proyecto correspondiente antes de establecer un criterio definitivo sobre las facultades de la ASF.
