La ONU verificó 9788 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en 2025, más del doble que el año anterior, aunque advierte que la cifra real es mucho mayor. Un nuevo informe denuncia que estos crímenes se utilizan cada vez más como táctica de guerra, terror y control territorial, y pide más sanciones, justicia y apoyo para las sobrevivientes.
Los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos se han más que duplicado en un año y alcanzaron un nivel sin precedentes en 2025, en medio de guerras cada vez más brutales, desplazamientos masivos y un creciente desprecio del derecho internacional.
Según el último informe del Secretario General, las Naciones Unidas verificaron 9788 casos el año pasado, más del doble que en 2024. Pero la cifra real es mucho mayor: por cada caso que llega a una clínica, entre diez y veinte nunca se denuncian ni reciben atención.
Así lo advirtió este miércoles ante el Consejo de Seguridad la representante especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, durante un debate presidido por la primera ministra de la República Democrática del Congo, Judith Suminwa Tuluka, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo en julio.
El debate estuvo dedicado a “honrar la promesa del derecho internacional para los sobrevivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos”.
“No recopilamos estos informes simplemente para contar víctimas; los recopilamos porque las víctimas cuentan con nosotros”, afirmó Patten.
Una táctica de guerra, terror y represión
El informe abarca 21 situaciones de conflicto y documenta patrones de violación, violación colectiva, esclavitud sexual, matrimonio forzado y trata de personas, utilizados deliberadamente como tácticas de guerra, terror, tortura y represión política.
La República Democrática del Congo, Haití, Sudán y la República Centroafricana registraron el mayor número de casos verificados por la ONU.
Patten subrayó que estos crímenes no son hechos aislados ni daños colaterales, sino parte de estrategias militares y políticas para desplazar poblaciones, castigar a opositores reales o percibidos, aterrorizar comunidades, alterar la demografía y consolidar el control de territorios.
La representante especial describió un mundo en el que vuelve a ganar terreno la lógica de que “la fuerza hace el derecho”, en un contexto marcado por la intensificación de los conflictos, el gasto militar récord, los desplazamientos forzados, las divisiones geopolíticas y los ataques contra defensoras de derechos humanos y periodistas que denuncian estos abusos.
Mujeres y niñas, las principales víctimas
Cerca del 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Además, casi 3000 niños y niñas sufrieron violencia sexual en 2025, un aumento del 37% respecto del año anterior.
Los hombres y los niños también son atacados, en particular en centros de detención, donde la violencia sexual se utiliza como forma de castigo, humillación o para arrancar información y confesiones.
Las víctimas identificadas por la ONU tenían entre un año y más de 70. Patten alertó de que los ataques son no solo más frecuentes, sino también más brutales, en algunos casos acompañados de violencia física extrema o asesinatos para impedir que las víctimas testifiquen.
Entre las tendencias más preocupantes, mencionó el uso de la violencia sexual en la economía de guerra, incluso mediante prostitución forzada y trata; las amenazas sexuales en línea contra mujeres activistas; y la proliferación de armas pequeñas y ligeras, implicadas en entre el 70% y el 90% de los casos.
Pese a la magnitud del problema, menos del 1% de la ayuda humanitaria se destina a atender la violencia sexual relacionada con los conflictos, aunque se estima que una de cada cinco mujeres desplazadas o refugiadas atrapadas en una guerra la ha sufrido.
Responsables estatales y grupos armados
El informe enumera 77 partes responsables de estos crímenes, de las cuales 62 son grupos armados no estatales. Más del 65% son perpetradores persistentes, es decir, llevan cinco años o más en la lista sin adoptar medidas correctivas.
Entre las nuevas partes incluidas este año figuran actores no estatales en la República Democrática del Congo y Haití, así como dos actores estatales: Israel y la Federación de Rusia.
Patten explicó que ambos Estados habían sido notificados el año pasado por preocupaciones de protección, incluidos patrones de violencia sexual y denegaciones sistemáticas de acceso a observadores independientes de la ONU. Sin embargo, señaló que ni las violaciones ni los conflictos han cesado, y que no se han registrado avances tangibles.
En el caso de las fuerzas armadas y de seguridad israelíes, el informe señala patrones de violación y otras formas de violencia sexual, principalmente en contextos de detención, pero también en puestos de control y durante operaciones militares. En el caso de las fuerzas armadas rusas, documenta patrones de violencia sexual contra prisioneros de guerra, detenidos civiles y personas que viven en territorios ocupados temporalmente desde la invasión de Ucrania en 2022.
Patten insistió en que la lista “no es un instrumento político”, sino una herramienta de protección. Su objetivo, dijo, no es simplemente documentar y atribuir violaciones, sino ponerles fin.
Haití: la violencia sexual se dispara
El Consejo de Seguridad también escuchó el testimonio de Carine Jocelyn, fundadora del Colectivo de Mujeres Haitianas, quien denunció que las mujeres y las niñas se han convertido en objetivos sistemáticos de los grupos armados.
Según datos citados durante la sesión, la ONU registró un aumento del 163% de la violencia sexual en Haití en 2025, una cifra que, según Jocelyn, refleja solo una parte de la realidad.
Las mujeres y las niñas son violadas en sus barrios, en campamentos de desplazados o secuestradas con fines de explotación sexual por bandas fuertemente armadas.
Jocelyn describió un sistema judicial colapsado, una policía con recursos insuficientes y centros de salud saqueados o destruidos, lo que deja a las sobrevivientes sin atención esencial. También pidió aplicar estrictamente el embargo de armas, al afirmar que el tráfico, procedente principalmente de Estados Unidos, alimenta la violencia.
“Los haitianos están cansados de falsas promesas”, dijo, al pedir a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado.
Impunidad, justicia y señales de esperanza
Patten llamó al Consejo de Seguridad a reforzar las sanciones selectivas contra los perpetradores, financiar los servicios para sobrevivientes, desplegar más asesores de protección de las mujeres en las misiones de paz y garantizar que los responsables rindan cuentas.
Actualmente, esos asesores están desplegados en solo cinco de los contextos cubiertos por el informe, frente a nueve cuando se publicó, pese a que el Consejo de Seguridad ha pedido su presencia en las situaciones afectadas por conflictos.
La representante especial también destacó algunos avances. En la República Democrática del Congo, 35 portadores de armas fueron condenados por violencia sexual el año pasado, se pagaron reparaciones a sobrevivientes, más de 45.000 personas desplazadas recibieron apoyo médico, psicosocial y de medios de vida, y más de 1000 niños nacidos de violaciones fueron reconocidos y registrados.
También mencionó señales de esperanza en Colombia, donde excomandantes han sido acusados de crímenes de guerra, incluida violencia sexual, y en Iraq, donde se han aprobado más de 2500 solicitudes de reparación para sobrevivientes yazidíes.
Pero advirtió que el derecho internacional no se aplica por sí solo y requiere voluntad política, recursos y consecuencias reales para quienes cometen, ordenan o toleran estos crímenes.
“Es hora de sustituir la impunidad por la unidad”, concluyó. “El problema no es que el derecho internacional sea insuficiente, sino que se respeta y se aplica de manera insuficiente”.
Publicado originalmente en ONU
