REYNA HAYDEE RAMÍREZ
CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso legal entre el grupo Bal, de la familia Bailleres, y el ejido El Bajío en Caborca, Sonora, es cosa juzgada, con una sentencia firme desde 2014, sólo falta la voluntad presidencial para que se ejecute. Son casi ocho años de impunidad y casi dos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció resolver este caso. Aún sin éxito.
A las 5:00 horas de este lunes 10, casi un centenar de ejidatarios venidos del noroeste del país, llegaron a manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México, para recordarle al presidente su promesa de terminar con la impunidad en la restitución de sus tierras.
También se manifestaron en el Senado y en el Tribunal Agrario. Y fueron recibidos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México.
En el Zócalo, con las penurias propias de encontrarlo custodiado con vallas de acero, varias cuadras a la redonda, a las 7:00 horas pudieron ingresar, y ahí frente a Palacio Nacional, colocaron cuatro mantas de dos por tres metros, cada una, en las que explicaban sus demandas. En una de ellas le recordaron sus palabras de hace casi dos años, dichas en conferencia matutina:
“Sr: presidente, existen 67 sentencias que son Cosa Juzgada sin ejecutar, le recordamos sus palabras del 26 de marzo del 2020: “… entonces, si ya está esta resolución se tiene que llevar a la práctica, se tiene que concretar, se tiene que cumplir, Nosotros no protegemos a nadie, nadie, no. No es el tiempo de antes,no, no hay impunidad”, se leía en la manta.
En otra manta le volvieron a recordar también el discurso que dio el 30 de octubre del 2015, en Mineral del Monte, Hidalgo, para externar su rechazo a que Alberto Baillere González recibiera la medalla Belisario Domínguez:
“Bailleres se ha hecho multimillonario al amparo de la mafia del poder, contaminando el entorno ecológico con sus empresas mineras, explotando a los trabajadores y saqueando al País”.
En esa ocasión, López Obrador estaba realmente indignado, pues consideraba a Bailleres miembro de la “mafia del poder”, un término acuñado por él mismo y repitió el discurso en Puebla, el 5 de noviembre de 2015, donde agregó: “Que se vayan al carajo con el reconocimiento a los integrantes de la mafia del poder”, según se lee en www.lopezobrador.org.mx
Aunque hoy, ya como presidente, López Obrador ha cambiado su discurso contra Bailleres, y también su relación, sostienen conversaciones telefónicas y se envían felicitaciones mutuas, en mayo de 2019, el empresario le envió una carta al presidente por sus decisiones políticas y defensa de México frente al gobierno de Estados Unidos y en la conferencia matutina del 30 de abril del 2021, López Obrador celebró el relevo de la presidencia de Grupo Bal, que pasó de Alberto Bailleres a su hijo Alejandro, cuyo anuncio -dijo- lo hizo por la importancia de sus empresas que generan 75 mil empleos en el País.
Una de esas empresas es minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, de Grupo Bal, que en Sonora tiene las minas La Herradura, Noche Buena y Dípolos-La Soledad, (esta última es la que está en conflicto con el ejido El Bajío), sólo funcionan las dos primeras que según datos de su página de Internet, generan 19 mil empleos, de los cuales 4 mil 776 son directos y el resto indirectos.
Alberto Bailleres González fue mencionado en abril del 2021 por la revista Forbes como el cuarto millonario de México, con una fortuna de 10 mil 480 millones de dólares.
Aún así, este lunes, en su manifestación frente a Palacio, los ejidatarios también denunciaron que el Tribunal Superior Agrario- el número 28 con sede en Sonora- se niega a ejecutar la sentencia y protege a Alberto Bailleres. Y enumeraron a quienes han sido asesinados o secuestrados en esta lucha por la defensa de su tierra y contra la minera Penmont:
“El Tribunal Superior Agrario durante la 4ta Transformación continúa protegiendo los intereses de quienes nos han saqueado y detenido las sentencias que se dictan en sus propios tribunales. Alberto Bailleres tiene ocho años sin acatar la justicia, el Tribunal tiene ocho años sin ejecutarla y nosotros ocho años defendiendo nuestra tierra con la vida: Raúl Ibarra de La Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, y Noemí Elizabeth López Gutíerrez. Presentes”.
Los ejidatarios también externaron su rechazo a la operación de la mina, por el daño ambiental y a especies protegidas, que ocasiona la extracción de oro en el desierto de Sonora de Grupo Ball, también dueño de minas como Peñoles y Fresnillo.
El presidente puede poner orden: presidente ejidal
Javier Thomas, representante del ejido El Bajío de Caborca, explica porqué este caso sólo requiere la voluntad presidencial para resolverlo y en este caso le corresponde al presidente López Obrador, si es real lo que dice de combatir la impunidad en México.
“Él ya conoce el tema desde hace dos años, ya son ocho años de la sentencia y no se ha ejecutado.
“Estamos nosotros aquí – en Palacio Nacional- porque los tribunales agrarios son tribunales administrativos que dependen del Ejecutivo federal, pues él es quien puede poner orden ahí, no está fuera de su competencia, está totalmente en su ámbito”, precisó Thomas.
Esta lucha inició en 1991, cuando grupo Ball empezó a explorar el desierto de Caborca y una vez que los Bailleres comenzaron a extraer el mineral en 1999, y sobre todo a expanderse, empezaron a comprar tierras a los ejidos aledaños, uno de ellos El Bajío, donde operaron dividiéndolos, involucrando a un tío de la exgobernadora Claudia Pavlovich, persecución, a la par del juicio agrario que en noviembre del 2014 quedó con una sentencia firme, que al día de hoy no se ha ejecutado.
“El tribunal lejos de lo que la ley le obliga que es dictar las medidas necesarias para que se ejecute la sentencia, no está haciendo absolutamente nada, está protegiendo a la parte que no resultó tener la razón jurídica en los juicios; la minera tuvo oportunidad de defenderse, ya agotó las instancias, es cosa juzgada desde hace más de ocho años”, denunció el presidente ejidal.
Las demandas de los ejidatarios son claras:
-Que se ejecuten las 67 sentencias ya firmes a favor de los ejidatarios.
-Que el gobierno de México respete el derecho humano de los ejidatarios a tener justicia.
-Que se aclaren los asesinatos de tres ejidatarios y el secuestro de otro de ellos.
Esta es la segunda ocasión que los ejidatarios de El Bajío en Caborca, Sonora, viajan desde el noroeste del País a manifestarse en Palacio Nacional, la primera de ellas el 20 de marzo del 2020, debido a la represión que vivían de las fuerzas policiacas estatales, con apoyo de la Guardia Nacional, creada en este sexenio de López Obrador, a la que señalaron como protectores de la mina.
En esa ocasión lograron que su caso fuera expuesto ante el presidente en la conferencia matutina del 26 de marzo del 2020, y desde entonces la Guardia Nacional fue retirada del lugar y ellos pudieron retomar físicamente parte de las tierras, pero no lograron que fuera ejecutada la sentencia que obliga a la minera a restituirles sus tierras, indemnizarlos y restaurar el daño ecológico.
Dejaron cartas y documentos, pero no los atendieron personalmente ni fueron buscados por los funcionarios federales posteriormente. Lo peor que el Gobierno federal retiró a la Guardia Nacional, pero creó una policía especial para dar protección a la mina de Bailleres.
Este lunes los atendió personal de Atención Ciudadana, que preside Leticia Ramírez, y a quien el presidente López Obrador ha presentando en la conferencia como su mano derecha en la atención social. Incluso pudieron entrevistarse con ella personalmente.
Los funcionarios les pidieron paciencia y tomaron el caso como si fuera la primera vez que escuchaban de él.
Los ejidatarios también se manifestaron en el Tribunal Agrario y en el Senado de la República, en ambos lugares también entregaron documentos, en los que la principal petición es que se ejecute la sentencia ya firme y detenida desde el 2014.
