Con un Código Penal que tipifica el desplazamiento pero suma sólo un detenido, las familias indígenas de Chihuahua enfrentan un doble destierro: la amenaza de los grupos armados en la sierra y la inseguridad alimentaria en las urbes. Un relato sobre los saberes ancestrales que se apagan bajo el ruido del cemento.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
por Karla Quintana
El ruido fue la primera herida. Cuando llegaron a la ciudad, los niños y niñas se quejaban de un dolor punzante en los oídos, el estruendo urbano les resultaba físico. Después de un año y medio de exilio forzado, el cuerpo terminó por acostumbrarse al tránsito, al cemento y a la asfixia de los espacios reducidos. Sin embargo, hay algo que el asfalto no ha podido sustituir: el territorio como el único lugar donde sabían vivir.
La historia de esta familia –cuatro personas adultas y doce menores del pueblo ódami–, es una huida desesperada. Salieron de la comunidad de Dolores en el municipio de Guadalupe y Calvo, a plena luz del día, cargando únicamente la ropa que llevaban puesta. La decisión estuvo atravesada por el miedo, en la comunidad había muchos jóvenes y temían que fueran reclutados por grupos armados, cuenta en ódami el grupo de mujeres desplazadas.
Este relato, construido con el apoyo de un reportero ódami, para honrar sus voces y demandas, es el mapa de un destierro. Antes de llegar a la ciudad de Chihuahua, transitaron por Santo Domingo, donde esperaron un año a que la violencia amainara. No lo hizo. Finalmente, pagaron mil pesos por persona a un vehículo de plataforma con dinero enviado por un familiar. Salieron sin apoyo gubernamental y, desde entonces, ninguna autoridad ha tocado su puerta.
Esta historia no es aislada. El informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documenta múltiples episodios de desplazamiento en 2024 en el municipio de Guadalupe y Calvo, asociados a ataques, enfrentamientos y violencia por criminalidad organizada, con cientos de personas desplazadas en distintos eventos registrados entre marzo y diciembre de ese año.
El desplazamiento forzado interno está tipificado en el estado de Chihuahua, en el artículo 206 Quater del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece penas de tres a diez años de prisión a quien obligue, mediante violencia física o moral, a una persona o grupo a abandonar su residencia habitual, también menciona que no se considerará desplazamiento si la persona participa en hechos de violencia contra su perpetrador.
Sin embargo, la tipificación no ha frenado la salida continua de familias de la región serrana. No hay personas detenidas por estos delitos.
El territorio como escuela
Antes de la huida, la vida transcurría en un barranco de la Sierra Madre, justo donde Chihuahua roza con Sinaloa. En ese clima tropical entre encinos, madroños y el dulce sabor de las tunas silvestres, sembraban maíz, frijol, chícharos y trigo. Tenían árboles de limón, naranja y durazno. Algunas personas mayores criaban borregos y vacas. El agua se obtenía de un arroyo cercano, a dos horas había un río.
Caminaban durante horas para trasladarse o para conseguir señal telefónica. Llegaban a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, en una jornada completa a pie. El aislamiento implicaba carencias, pero también autonomía y libertad.
Karina Baltazares, del colectivo Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria, explica que para los pueblos ódami y rarámuri, el territorio no es “tierra”, es el espacio donde se aprende a ser parte de la comunidad.
Ahí se adquieren conocimientos sobre espiritualidad, historia, organización comunitaria y se define la relación con la naturaleza, prácticas que configuran identidad.
Baltazares señala que el aprendizaje incluye reconocer plantas, interpretar señales del clima, entender los ciclos del agua y participar en rituales. Es una enseñanza que ocurre en el monte, en el arroyo, en la milpa, en las reuniones comunitarias. Cuando las familias llegan a la ciudad, ese proceso se interrumpe y, además, las personas adultas deben aprender a habitar un entorno desconocido.
Amada Chávez, una mujer rarámuri desplazada tras el asesinato del defensor Julián Carrillo en 2018, lo describe con dolor: “en la comunidad, los niños acarreaban leña, por el monte. Hoy, en la ciudad, no saben nada. no conocen una planta que sea una planta medicinal ni un árbol”. La pérdida es silenciosa pero acumulativa, disminuye la práctica del idioma, se abandonan oficios tradicionales, se interrumpe la transmisión de saberes que no están escritos, sino que se viven.
Niños de las familias desplazadas. Fotos: Karla Quintana
De la soberanía al hambre
En la sierra, la comida provenía de la siembra, la recolección y la crianza de animales. En la ciudad, depende del ingreso económico y del acceso a productos comerciales.
El informe «Ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua 2023», realizado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), indica que 49% de los hogares desplazados presenta inseguridad alimentaria moderada o grave, frente a 22% en hogares no desplazados.
Además, 44% de las personas desplazadas mencionó los alimentos como una de sus principales necesidades al momento de abandonar su comunidad.
El mismo estudio señala que muchas familias rurales eran autosuficientes antes del desplazamiento y que en la ciudad, deben pagar renta, servicios y alimentos que antes producían.
El diagnóstico de la condición nutricia elaborado por Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), realizado en 2025 en comunidades de Guadalupe y Calvo, documentó el retraso en el crecimiento infantil en proporciones superiores a la media nacional, particularmente en la comunidad de Cinco Llagas, donde la prevalencia en menores de cinco años fue casi cuatro veces la nacional.
Estos datos muestran que, incluso antes del desplazamiento, existían condiciones de vulnerabilidad alimentaria que pueden agravarse al perder el acceso directo a la tierra.
Karina Baltazares, quien es psicóloga y antropóloga, subraya que la alimentación en la sierra no es sólo consumo, sino relación con el trabajo y con el entorno. El trabajo alimenticio implica sembrar, cuidar animales, recolectar. En la ciudad, esa relación se sustituye por la compra de alimentos procesados, lo que modifica no sólo la dieta, sino la experiencia sensorial y cultural asociada a la comida.
“Creo que es importante visibilizar que la relación con la comida no solamente es como la pensamos aquí en la ciudad de “voy y compro esto en el súper” […] en la sierra hay otras dinámicas, los niños y las niñas en el cuidado de las chivas, es una de las actividades que tienen, incluso cuando las abuelas les compran sus chivitas, y los niños y las niñas se hacen cargo, lo cuidan y buscan criarlo, todo animal ahí en la sierra tiene una función”, explica Baltazares
Niños de las familias desplazadas. Fotos: Karla Quintana
Una educación que borra identidades
Para la familia de Dolores, la escuela en la ciudad fue una novedad, pero también una barrera. Una de las niñas comenzó a asistir a la escuela después del primer desplazamiento. Antes no acudía debido a la distancia y a la discriminación en una comunidad cercana.
Diana Villalobos, directora de Contec, ha señalado que la educación en la sierra es deficiente y que no existe un sistema plenamente bilingüe o bicultural. Los contenidos suelen elaborarse desde la ciudad y no responden a la realidad de las comunidades. Ha documentado casos de estudiantes que llegan a sexto grado sin saber leer o escribir en español, lo que evidencia fallas estructurales.
“Sí están las escuelas, pero no es una educación que a los jóvenes o a los niños les vaya a permitir usar esas herramientas para obtener otro tipo de actividades o salir a trabajar y tener un buen empleo, porque la educación es deficiente”, menciona Villalobos.
La educación en lengua indígena es un derecho reconocido en el marco constitucional mexicano y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
“Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos”, menciona el Artículo 11 de la ley.
De acuerdo con Karina Baltazares, los testimonios recogidos en distintas comunidades indican que en ocasiones se prohíbe a niñas y niños hablar su idioma en la escuela o se les solicita que se expresen únicamente en español.
“La discriminación en las escuelas aquí en Chihuahua se ha dado en Baborigame (seccional de Guadalupe y Calvo) también, nos han compartido que han sido víctimas de bullying, han sido víctimas de discriminación y no solamente por sus compañeros, sino por los propios maestros, que cuando los escuchan hablar en ódami o los escuchan en hablar en rarámuri, les piden que no hablen en ese idioma porque no les entienden, que les hablen en español”, compartió Baltazares.
El diagnóstico estatal sobre desplazamiento también documenta rezago escolar entre adolescentes indígenas desplazados y obstáculos como discriminación, miedo a salir y dificultades para inscribirse a mitad del ciclo escolar.
La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, observó en su visita a México en 2022 (que incluyó Chihuahua), la presencia constante de niñas, niños y adolescentes en episodios de desplazamiento y destacó impactos diferenciados como interrupción de procesos educativos, pérdida de entornos protectores y obstáculos en el acceso a servicios básicos.
Marcha en 2025 durante el Encuentro estatal de personas desplazadas en la ciudad de Chihuahua. Fotos: Karla Quintana
Salud intermitente y ausencia estatal
En su comunidad de origen, en Dolores, cuando enfermaban recurrían a plantas medicinales. El acceso a servicios formales era limitado. Ahora tienen que comparar las plantas medicinales y continúan sin tener acceso a servicios de salud, relatan las mujeres ódami.
Contec ha documentado que en varias comunidades serranas, las brigadas médicas son irregulares, de corta duración y en ocasiones sin medicamentos suficientes.
En contextos de brotes epidemiológicos, como el sarampión, la tuberculosis, entre otros, la cobertura no siempre alcanza a todas las rancherías.
“Nos dicen que a veces no llevan medicamentos. Si hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues no hay medicamentos. Por ejemplo, ahora con el tema del sarampión, no vacunaron a toda la gente, no iban a vacunar a los ranchos” mencionó la directora de Contec.
El desplazamiento no elimina estas carencias, las transforma. En la ciudad, las familias deben pagar consultas o medicamentos porque no hay suficiente abasto en las clínicas y hospitales públicos, lo que presiona economías ya precarizadas.
Seguridad, competencia federal y falta de presupuesto
Norma Ledezma Ortega, directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), señaló que la violencia vinculada a la disputa territorial en la región serrana, en la zona conocida como “Triángulo Dorado” (los límites entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango) involucra dinámicas interestatales y que la atención de la seguridad corresponde a todos, pero principalmente desde sus inicios al ámbito federal.
También reconoció que la capacidad estatal es limitada cuando llegan grupos numerosos de personas desplazadas.
“Yo creo que no está preparado, yo creo que nadie del estado. Te llegan 100 personas y les tienes que brindar todo el acompañamiento de vivienda por ejemplo, al igual que con la pertinencia cultural, no hay la capacidad del estado” mencionó Ledezma.
Sahara Cárdenas Fernández, subsecretaria de la Secretaría de Gobierno y presidenta de la Comisión Estatal de Desplazamiento Forzado Interno, informó que existen 62 carpetas abiertas relacionadas con estos hechos en los últimos años, sin embargo, sólo hay una persona detenida en el mes de marzo de 2026.
Reconoció que no existe un padrón sistematizado de personas desplazadas y que no hay un presupuesto etiquetado formalmente para atender el fenómeno.
“Esta secretaría general de gobierno, únicamente tiene conocimiento de aquellos municipios o integrantes que han sido canalizados por conducto de asociaciones, organizaciones internacionales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos u otro, o bien, que se ha acercado a la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, a través de alguna de las secretarías o dependencias que la integran. Derivado de estas solicitudes, se ha atendido aproximadamente a 4 mil 800 personas”, indicó la funcionaria en un reporte escrito.
El informe indica que las cifra mencionada contempla las atenciones derivadas de solicitudes de ayuda humanitaria a personas o comunidades que pudieron ser potencialmente desplazadas de sus comunidades, así como las solicitudes referentes a un desplazamiento consumado. “No obstante lo anterior, no de todas las personas atendidas se tiene certeza del tiempo que ha transcurrido desde su desplazamiento”, justificó.
Los municipios que la CEDFI reporta como expulsores de personas de manera forzada y que han atendido con mayor incidencia de desplazamiento forzado, son Madera, Uruachi, Urique, Moris y Guadalupe y Calvo.
Cárdenas Fernández explicó que han realizado un convenio con la dirección de Política Digital del gobierno estatal, para realizar una plataforma y poder sistematizar las entrevistas, y con ello crear un padrón de personas en situación de desplazamiento forzado interno en el estado.
Además, han señalado que no ha recibido capacitación especializada en enfoque o perspectiva cultural, y que el aprendizaje institucional ha sido progresivo y en campo.
“Yo te podría decir con toda honestidad que yo no he recibido una capacitación especializada en perspectiva cultural. Sin embargo, lo que nosotros hemos aprendido […] lo hemos aprendido en el campo”, expresó Sahara Cardenas
Norma Ledezma también mencionó: “Lo hemos aprendido, no es algo así como que ya en automático teníamos toda la pertinencia y toda la perspectiva , lo hemos aprendido con ellos mismos con las mismas familias […] esto lo hemos ido aprendiendo no puedo presumir que ya tenemos, la Comisión de Víctimas o que toda la Mesa de Desplazamiento pueda tenerlo pero hemos tenido esos cuidados”
Lo que no se recupera fácilmente
Antes de la huida, la familia desplazada de la comunidad de Dolores, realizaba celebraciones tradicionales y danzas de matachín. Se reunían alrededor de veinte personas, todas familiares. Hoy expresan que les gustaría retomar esas prácticas, pero sienten vergüenza o incertidumbre sobre cómo serían vistas en el entorno urbano.
Las niñas y niños ya no recorren el monte ni participan en la misma dinámica comunitaria. Tampoco aprenden a identificar plantas, a sembrar, a recolectar ni a practicar rituales en el mismo contexto. Parte del conocimiento permanece en la memoria de las personas mayores, pero sin el territorio la transmisión pierde continuidad.
El ruido urbano dejó de doler, pero la distancia con la sierra se ha vuelto un abismo. En esa lejanía no sólo se pierden hectáreas de tierra, se está perdiendo una generación de niños que crecen lejos del monte, olvidando los nombres de las plantas y el sonido de su propia lengua, convirtiéndose en sobrevivientes de un asfalto que no les pertenece.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
