El partido pidió esclarecer contratos millonarios y posibles irregularidades en distintas administraciones del organismo electoral. La Auditoría Superior de la Federación ya investiga operaciones con proveedores y posibles conflictos de interés.
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.— Morena exigió ampliar las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), para que las indagatorias no se limiten a la administración de Guadalupe Taddei Zavala, sino que también abarquen la gestión de Lorenzo Córdova Vianello y periodos anteriores.
El partido sostuvo que las irregularidades denunciadas en las contrataciones del organismo podrían tener antecedentes de varios años y pidió identificar a los funcionarios que autorizaron los contratos, las empresas beneficiadas y los mecanismos mediante los cuales se asignaron recursos públicos.
La exigencia surge en medio de las investigaciones sobre una presunta red de proveedores que habría concentrado contratos millonarios con el INE y diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
De acuerdo con información presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2014 y 2026 se identificaron operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos concentradas en dos grupos empresariales, de las cuales aproximadamente 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales.
La concentración de contratos forma parte de las operaciones bajo revisión, aunque por sí misma no demuestra la comisión de delitos.
Contratos bajo sospecha
Entre los antecedentes señalados por Morena figura un contrato de arrendamiento de vehículos celebrado en 2015 con la empresa Jet Van, durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
Según el partido, el contrato alcanzó un monto cercano a mil millones de pesos y fue objeto de cuestionamientos por parte de la entonces Contraloría del organismo electoral.
Morena pidió que se esclarezca si existieron prácticas de favoritismo, conflictos de interés o mecanismos para beneficiar a determinados proveedores durante las distintas administraciones del instituto.
La exigencia también alcanza a la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE en octubre, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades administrativas.
Auditoría investiga posibles acuerdos entre proveedores
La ASF inició una investigación de oficio tras identificar indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Las indagatorias buscan determinar si distintas empresas simularon competir entre sí, si hubo sobreprecios o si determinados proveedores influyeron en los requisitos de contratación para limitar la participación de otras compañías.
El órgano fiscalizador también solicitó información a autoridades estatales y organismos electorales locales para rastrear operaciones y posibles vínculos entre empresas y servidores públicos.
Por su parte, el Consejo General del INE acordó solicitar una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026, además de reforzar los mecanismos internos de control y conservación de documentos.
La rendición de cuentas, más allá de los partidos
Las acusaciones han abierto una disputa política sobre el origen y alcance de las presuntas irregularidades. Mientras Morena exige revisar administraciones anteriores, las investigaciones también involucran contrataciones realizadas durante la gestión más reciente del instituto.
Sin embargo, el esclarecimiento de los hechos dependerá de la revisión de expedientes, contratos, transferencias y posibles responsabilidades administrativas o penales, no de los señalamientos entre partidos.
El manejo de miles de millones de pesos destinados a las instituciones electorales exige transparencia, independientemente de quién haya encabezado el INE o de qué fuerza política formule las denuncias.
Hasta ahora, las investigaciones no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad contra los exfuncionarios o proveedores señalados.
La ASF deberá establecer si las operaciones investigadas presentan irregularidades, quiénes participaron en ellas y qué consecuencias legales corresponden.






