El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) comunicó que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, no tienen un permiso especial de entrada a ese país. Este permiso, llamado “parole”, se usa para permitir el ingreso de extranjeros sin visa cuando es de interés para el gobierno estadounidense.
De acuerdo a un artículo publicado hoy en el diario angelino La Opinión, firmado por Jesús García, la respuesta del DHS se dio a solicitud de información del diario sobre “si la dependencia otorgó un ‘Significant Public Benefit Parole’ (Permiso Parole por Beneficio Público Significativo) y, de ser así, bajo qué condiciones”.
La aclaración oficial surge tras un reporte del diario Los Angeles Times la semana pasada, el cual afirmó que las visas de ambos mandatarios mexicanos habían sido canceladas por motivos de seguridad y que, por ello, necesitaban ese permiso especial para cruzar la frontera.
Ambos gobernadores negaron que sus visas hayan sido retiradas.
“La respuesta oficial del DHS es significativa en estos casos”, dice el artículo de La Opinión, “ya que solamente tres de sus oficinas pueden otorgar tal documento de ingreso a un extranjero: la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y la de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.
Por su parte, el Departamento de Estado, oficina que también fue cuestionada por el diario, no confirmó ni negó la cancelación de los documentos,
“La respuesta del Departamento de Estado fue que la revisión de la validez de las visas es un asunto constante, incluso después de que fueron aprobadas y, en caso de preocupaciones en materia de seguridad que hace a un extranjero inadmisible de ingresar a EE.UU., los oficiales consulares pueden determinar el retiro de tal permiso de entrada”, explica el artículo, citando al Departamento de Estado.
La información de Los Angeles Times coincidió con los cambios de la política de Estados Unidos hacia México. El gobierno estadounidense ha aumentado la presión para investigar a políticos que presuntamente tendría vínculos con la delincuencia, como ocurre con exfuncionarios de Sinaloa.
