Un grupo de abogados que representan a las víctimas en el caso de la masacre carcelaria del 19 de diciembre de 2000 celebró una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Estambul, en respuesta a la reciente sentencia de prescripción en el juicio relativo a la operación dirigida por el Estado turco que causó la muerte de 30 presos.
El abogado Güçlü Sevimli criticó la decisión emitida el 17 de noviembre de 2025 por el Tribunal Penal Superior n.º 13 de Bakırköy, que dictaminó que el caso había prescrito a pesar de que el proceso se había iniciado en 2010. Sevimli afirmó que la masacre fue el resultado directo de la política penitenciaria del Estado. Destacó que lo que se describió oficialmente como una “operación” fue, en realidad, “una masacre en todos los sentidos de la palabra”. Añadió: “Los que llevaron a cabo la operación actuaron con la intención de matar y cumplieron esa intención”.
Sevimli también recordó que el fiscal jefe de Eyüp, Ali Ihsan Demirel, que inicialmente dirigió la investigación de la masacre, mantuvo el expediente pendiente durante diez años. Después de una década, solo se presentaron cargos contra 39 soldados de diversos rangos. Sevimli señaló que Demirel fue apartado del caso después de que se presentara una denuncia por negligencia contra él. El nuevo fiscal reabrió el expediente y una segunda acusación preparada en 2015 dio lugar a que se imputara a otros 157 soldados.
Sevimli señaló que el tribunal había dictaminado finalmente que el caso había prescrito y continuó: “El expediente del caso muestra claramente, a través de informes forenses, exámenes de la escena del crimen y resultados de autopsias, que los soldados que llevaron a cabo la operación dispararon ráfagas masivas de munición contra las celdas de los presos, mientras que desde el lado de los presos no se disparó ni un solo tiro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha dictaminado que la operación violó el derecho a la vida de los presos. En una situación en la que seis mujeres presas fueron quemadas vivas y los soldados acribillaron a los reclusos desarmados con fuego continuo, es inaceptable dictar una sentencia de prescripción para los soldados acusados. Recordemos también que el ex fiscal jefe de Eyüp, Ali İhsan Demirel, que supervisó la investigación inicial, fue acusado y procesado por obstruir la investigación”.
Güçlü Sevimli añadió que la sentencia del Tribunal Penal Superior n.º 13 de Bakırköy ha reforzado la arraigada cultura de impunidad que caracteriza desde hace tiempo los casos que involucran a funcionarios públicos en Turquía. Afirmó: “Esta decisión tiene implicaciones no solo para el pasado, sino también para el presente y el futuro. Al declarar prescrito el caso, el tribunal ha afianzado la injusticia en su sentencia definitiva. Sin embargo, a pesar de todo, creemos que este caso y lo que ocurrió nunca se olvidarán, y que los responsables de la masacre no escaparán a la búsqueda de justicia por parte del pueblo”.
La abogada Several Ballıkaya declaró: “El Tribunal Constitucional ha dictaminado que la fuerza utilizada fue letal y que se violó el derecho a la vida. Tenemos documentos que demuestran que este resultado era previsible. El propio plan de la operación incluye la afirmación: ‘La operación será sangrienta y temen ser procesados una vez que haya terminado’. Nunca se presentó ante el tribunal cómo se resolvió esta preocupación. Tampoco se presentaron las comunicaciones por radio ni las grabaciones de vídeo”.
La abogada Gülizar Tuncer añadió que el concepto de crímenes contra la humanidad se aplica especialmente a las ejecuciones y los asesinatos en masa. Afirmó: “Desde el principio, hemos defendido sistemáticamente que esta masacre, junto con otras masacres llevadas a cabo tanto dentro como fuera de las prisiones, constituye un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, no puede estar sujeta a una sentencia de prescripción”.
Fuente: Espanol.anf-news.com
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