Ante la reducción del espacio público por parte de los Gobiernos, un Comité de la ONU emite un observación general sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: la libertad de asociación, reconocida en las leyes internacionales, permite a las personas unirse de forma voluntaria, también en el trabajo, para perseguir objetivos comunes. Es una piedra angular de la democracia.
Las personas no necesitan el permiso de su gobierno para formar o unirse a una asociación, afirmó este jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU al emitir una nueva orientación mientras el espacio cívico se reduce en todo el mundo.
La Observación General N.º 38 establece cómo debe interpretarse el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 22 garantiza el derecho a la libertad de asociación.
La orientación llega en un momento en que los grupos de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos de base enfrentan obstáculos legales y administrativos crecientes.
La libertad de asociación permite a las personas unirse de forma voluntaria, también en el trabajo, para perseguir objetivos comunes. El comité la calificó de piedra angular de la democracia y de esencial para el disfrute de otros derechos.
Un barómetro crucial
«Los ataques y las transgresiones del derecho a la libertad de asociación son, por tanto, un barómetro crucial de una represión más amplia de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia», afirmó el comité.
«El derecho a la libertad de asociación no está condicionado por la autorización ni el reconocimiento del Estado. Esto significa que no se necesita autorización previa para su disfrute y ejercicio».
El comité subrayó que las personas deben ser libres de elegir si forman o se unen a asociaciones registradas o informales, una decisión que «corresponde únicamente a los propios individuos».
El simple hecho de unirse o pertenecer a una asociación no registrada «no debe ser penalizado ni sancionado», añadió.
Disidencia y protesta protegidas
El derecho también abarca ideas y actividades que pueden considerarse «controvertidas, disidentes o disruptivas», incluidas las «acciones pacíficas de desobediencia civil colectiva».
El comité advirtió contra el uso indebido de las leyes antiterroristas y de seguridad nacional, incluidas leyes redactadas de forma vaga dirigidas contra organizaciones supuestamente «extremistas» o «indeseables».
Las asociaciones también tienen derecho a buscar, recibir y utilizar financiación, incluida la exterior, y a cooperar internacionalmente «sin el riesgo de ser etiquetadas como “agente extranjero” o cualquier etiqueta similar o una amenaza a la seguridad nacional».
Ni espionaje ni infiltración
El comité también advirtió contra la vigilancia de las asociaciones y sus miembros, incluida la vigilancia digital, y contra la infiltración de policías o agentes de inteligencia encubiertos.
La libertad de asociación no es absoluta. Sin embargo, el comité dijo que toda restricción debe ser la excepción y debe tener una base legal clara y un objetivo legítimo. También deben ser estrictamente necesarias y proporcionales.
La suspensión o disolución forzosa de una asociación solo debería ser un último recurso y debe estar sujeta a salvaguardas judiciales, añadió. El comité subrayó que «la relación entre derecho y restricción, y entre regla y excepción, no debe invertirse».
El Comité de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 18 expertos internacionales que supervisan cómo los países aplican el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por 175 Estados.
Los miembros son elegidos por los Estados partes para mandatos de cuatro años. No son personal de la ONU y no cobran por su trabajo.






