Una operación policial realizada el martes en Río de Janeiro, considerada la más violenta en la historia de la ciudad brasileña, dejó al menos 132 personas muertas, según cifras de la Defensoría Pública regional.
Habitantes de favelas reportaron que decenas de cuerpos fueron colocados en las calles por los propios vecinos, ante la falta de presencia de las autoridades para el levantamiento e identificación de las víctimas.
La Policía informó que el saldo oficial asciende a 119 fallecidos, mientras que la Defensoría contabilizó 132, entre ellos cuatro agentes. Además, se reportaron 113 personas arrestadas, 10 adolescentes detenidos, 118 armas incautadas y una tonelada de droga decomisada, sin mayores detalles sobre los operativos.
Vecinos del barrio de Penha colocaron más de 50 cuerpos en una plaza pública para facilitar su reconocimiento.
“El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvieron a abandonar después de esta matanza”, declaró a la agencia EFE una mujer que busca a su primo entre los fallecidos.
El operativo, denominado “Operación Contención”, movilizó a 2,500 agentes y tenía como objetivo detener a miembros del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales del país.
Las fuerzas de seguridad reportaron intensos enfrentamientos, barricadas y el uso de drones que lanzaron proyectiles durante los choques.
Mientras tanto, el gobernador Cláudio Castro lamentó la muerte de los cuatro policías y afirmó que Río “amaneció de luto”.
El Gobierno estatal informó que el patrullaje fue reforzado en un 40% y que la circulación de transporte público volvió a la normalidad.
El operativo se realizó a pocos días de que la ciudad sea sede de eventos internacionales vinculados a la cumbre climática COP30, entre ellos la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 y el premio Earthshot.
En operativos previos a eventos de esta magnitud, la policía local ha realizado acciones similares.
La ONU para los Derechos Humanos se declaró “horrorizada” y pidió investigaciones “prontas y efectivas” sobre las muertes, mientras que Human Rights Watch Brasil calificó la operación como un “desastre” y solicitó que la Fiscalía indague las circunstancias de cada deceso.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, lamentó la violencia del operativo y subrayó que el Gobierno federal no participó en su planeación, recordando que la seguridad pública corresponde a las autoridades estatales.
