- El Juez Rivera González resolverá en los próximos días si se cierra el caso, basándose en un convenio que el propio gobierno dice que no existe.
- Un carpetazo dejaría el Río Sonora contaminado, sin reparación integral y sin la participación comunitaria que ordenó la Suprema Corte.
- Lo que resuelva el juez definirá si la justicia ambiental en México es real o solo una promesa.
COMUNICADO
Hermosillo, Sonora, a 19 de mayo de 2026. A casi doce años del peor desastre minero en la historia de México, el Río Sonora sigue contaminado, las comunidades afectadas siguen sin agua potable segura, y Grupo México sigue sin reparar el daño que causó.
Ahora, el Gobierno Federal y la empresa buscan cerrar judicialmente el caso sobre el Fideicomiso Río Sonora (1) mediante acuerdos opacos (cuando las comunidades solicitaron el convenio vía transparencia, el propio gobierno respondió que no existe, pese a que Grupo México ya transfirió 500 millones de pesos en el marco de ese acuerdo), negociados a puerta cerrada, sin garantizar reparación integral ni participación efectiva de las comunidades, y sin que exista un plan, documentos o garantías que respalden la promesa de remediar el daño.
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Lic. Ulises Oswaldo Rivera González, deberá resolver en los próximos días si el caso se declara “cumplido” mediante acuerdos cuyos contenidos, alcances reales y mecanismos de cumplimiento siguen siendo desconocidos para las comunidades afectadas, incluso, para el mismo juzgador y el Poder Judicial.
En enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica: reconoció el derecho a la participación ciudadana efectiva de las comunidades del Río Sonora en los mecanismos de reparación. La SCJN fue clara: las comunidades afectadas deben ser informadas, escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones relacionadas con la remediación ambiental, la salud y el acceso al agua.
La SCJN ordenó participación comunitaria, no negociaciones en secreto: no se puede declarar reparado un río que sigue contaminado ni cerrar un caso donde las comunidades somos excluidas sistemáticamente de las decisiones sobre reparación.
El juez se encuentra ante dos caminos: el formalismo estéril, que declara cumplida la sentencia con base en la simple existencia de un convenio firmado a puerta cerrada y con cláusulas opacas —convalidando el mismo modelo de simulación de administraciones anteriores y debilitando la obligación del Estado de garantizar reparación efectiva frente a violaciones graves a derechos humanos—, o bien mantener abierto el caso para garantizar que los derechos a la salud, al agua limpia y a un ambiente sano de las comunidades sean restituidos de forma integral.
Hacemos un llamado enérgico al juez Rivera González para que rechace el cierre, archivo o la declaración de cumplimiento total del caso, y para que al momento de tomar la decisión considere lo siguiente:
- La sentencia ordenó la inclusión real de las comunidades en el diseño de la reparación.
- El juzgado no puede declarar cumplida la sentencia si se ignora la voz de las comunidades y las pruebas técnicas aportadas, incluido el dictamen ambiental de la SEMARNAT que da fe de la persistencia de la contaminación y de los verdaderos costos del derrame.
- El caso pretende cerrarse mediante un nuevo convenio cuyo contenido e implicaciones no han sido transparentados con las comunidades afectadas, mientras el destino y uso de los recursos del Fideicomiso Río Sonora siguen bajo absoluta opacidad institucional, lo cual viola el derecho a la verdad y no repetición.
- El nuevo acuerdo carece de mecanismos obligatorios y de garantías presupuestarias en caso de que los fondos de la empresa sean insuficientes.
- El Tribunal debe mantener abierta la ejecución para asegurar que existan partidas financieras líquidas y exigibles para la salud y remediación del Río Sonora.
La decisión del juez Rivera González definirá si la justicia ambiental en México es real o solo una promesa: si el Poder Judicial está dispuesto a hacer cumplir una sentencia emblemática de la SCJN, o si permitirá que uno de los casos más graves de contaminación ambiental en el país se cierre sin transparencia ni rendición de cuentas.
Cerrar el caso en estas condiciones institucionalizaría la impunidad de Grupo México y enviaría un mensaje alarmante: que en México las empresas responsables de daños ambientales y a derechos humanos pueden incumplir o saltarse resoluciones judiciales, reducir sus obligaciones de reparación y evadir su responsabilidad frente a comunidades afectadas, hoy y para las generaciones futuras.
Río Sonora merece una reparación real, no un carpetazo judicial.
Atentamente
¡Justicia, reparación y no repetición!
Comités de Cuenca Río Sonorante a desastres industriales generados por corporaciones privadas.
1. El Fideicomiso Río Sonora fue un mecanismo privado creado en 2014 entre Grupo México y el Gobierno Federal para atender los daños del derrame, sin participación de las comunidades afectadas. Se cerró en febrero de 2017 sin haber cumplido sus objetivos y sin haber ejercido la totalidad de los recursos. En 2018, los CCRS interpusieron amparos ante la SCJN, que en enero de 2020 emitió una sentencia histórica ordenando participación comunitaria efectiva en todos los mecanismos de reparación. En agosto de 2023, la SEMARNAT presentó denuncia penal contra Grupo México por incumplimiento de la remediación, retirada por propio gobierno en enero de 2026 como parte de los acuerdos negociados a puerta cerrada con la empresa. El caso del Fideicomiso está actualmente en ejecución ante el Juez Rivera González.
