A los pueblos de México y del mundo
A las comunidades indígenas y campesinas
A las organizaciones sociales y de derechos humanos
A los medios libres, comunitarios y populares
A la opinión pública nacional e internacional
A quienes defienden el agua, la tierra, el territorio y la vida
Al Congreso Nacional Indígena.
El 23 de agosto de 2026 se cumplieron ocho años de la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, indígena nahua, padre de familia, trabajador, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista y defensor del río Coyolapa y del territorio de la Sierra Negra de Puebla.
Ocho años han pasado sin que las autoridades puedan decirnos dónde está Sergio.Ocho años de incertidumbre para su familia. Ocho años de impunidad, simulación institucional, investigaciones deficientes y búsquedas interrumpidas. Ocho años durante los cuales el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar verdad, justicia y protección para quienes conocen los hechos y para quienes siguen levantando la voz.
La desaparición de Sergio no fue un hecho aislado, Sergio participaba activamente en la resistencia de las comunidades nahuas contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzalan, que pretendía apropiarse de las aguas de los ríos Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl para colocarlas al servicio de intereses empresariales, de la familia Rivero Larrea o Minera Autlan.
Para los pueblos de la Sierra Negra, el río no es una mercancía ni una simple fuente de energía. El río sostiene la milpa, el café, los animales, los árboles y la vida comunitaria. Es memoria, alimento, territorio y espiritualidad de quienes lo habitan.
Sergio lo dijo con claridad al advertir que, con el proyecto hidroeléctrico, el caudal del río podía reducirse hasta casi desaparecer. Defender el río significaba defender la permanencia de los pueblos en su territorio y el derecho de las nuevas generaciones a vivir con dignidad u justica.
Por esa defensa, Sergio recibió amenazas y agresiones. Meses antes de su desaparición fue golpeado y amenazado por el grupo que operaba para la Minera por el que fue desaparecido. Sus captores Victorino Telles, Antonio Sandoval quienes operaban en conjunto con Fermin Gonzales Leon en ese entonces presidente Municipal de zoquitlan y hoy actual servidor público del gobierno que encabeza Alejandro Armenta, así como la empresa Minara Autlán, actora intelectual. Las comunidades también enfrentaron ataques, intimidaciones, divisiones y violencia. Las radios comunitarias que informaban sobre el proyecto fueron hostigadas porque rompían el silencio y permitían que los pueblos conocieran lo que se pretendía imponer sobre sus territorios.
El 23 de agosto de 2018, Sergio viajaba en motocicleta entre Coyolapa y Tepexilotla. Desde entonces se desconoce su paradero, su desaparición debe investigarse tomando en cuenta su condición de defensor indígena del territorio. Negarse a reconocer esta dimensión significa ocultar el contexto político, económico y comunitario en el que ocurrieron los hechos.Durante estos ocho años, las autoridades han mostrado una conducta marcada por la negligencia y la falta de voluntad política. Las acciones de búsqueda han sido insuficientes, simuladas y solo son para tomarse la foto. No existe información pública clara sobre los lugares investigados, las líneas de búsqueda agotadas ni las acciones que se realizarán para localizarlo. La responsabilidad de buscarlo ha recaído injustamente sobre su familia, sus compañeros y las comunidades. La actual comisión de búsqueda de personas de desaparecidos de puebla, es inoperante y decepcionante para la búsqueda de familiares que han sufrido este mismo acto de omisión y de administración de la justicia.
En el ámbito judicial, tres personas fueron detenidas en 2018. Sin embargo, en septiembre de 2020 fueron absueltas y liberadas después de un proceso cuestionado por graves irregularidades y la complicidad y racismo del juez Mario Ortiz Aldama, entre ellas la falta de interpretación adecuada para testigos hablantes de náhuatl, posteriormente se ordenó reponer el juicio porque no se garantizaron plenamente los derechos de los testigos indígenas y porque no se valoró adecuadamente que Sergio era defensor del territorio.
A pesar de ello, ocho años después no existe una verdad judicial que esclarezca plenamente lo ocurrido. Tampoco se han determinado todas las responsabilidades materiales e intelectuales relacionadas con su desaparición, sin embargo sabemos que tanto Fermín Gonzales León en complicidad con Victorino Telles, Antonio Sandoval entre otros, actuaron por orden de Minera Autlan.
Las amenazas no terminaron con la desaparición de Sergio. Testigos, familiares e integrantes de la organización han denunciado intimidaciones. Su esposa, sus hijos y su familia han tenido que enfrentar el miedo, el desplazamiento y el abandono institucional.
No puede existir justicia mientras los testigos tengan miedo de declarar.
No puede existir justicia mientras una familia tenga que enfrentar amenazas por exigir la presentación con vida de uno de los suyos.
No puede existir justicia mientras las instituciones protegen la impunidad y administran el dolor de los pueblos.
Denunciamos también que el proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzalan no ha sido cancelado de manera clara y definitiva. Las comunidades tienen derecho a conocer el estado actual de las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con este proyecto.El silencio de las autoridades mantiene abierta la amenaza sobre los ríos y los territorios de la Sierra Negra.
Durante estos ocho años, Sergio no ha sido olvidado, su nombre ha caminado en las movilizaciones, las radios comunitarias, los documentales, los comunicados y las asambleas, en los medios libres y las comunidades han mantenido viva su voz y la memoria de la resistencia en la Sierra Negra, en el valle, en la mixteca y muchos otros lugares del mundo.
Por eso quienes comunican desde los pueblos han sido amenazados y perseguidos: porque enfrentan las mentiras de las empresas y de los gobiernos, recuperan la memoria y permiten que la palabra de las comunidades rompa el cerco del silencio, la desaparición de Sergio pretendió sembrar miedo, debilitar la resistencia y romper la organización comunitaria.
No lo consiguieron, las comunidades continúan defendiendo el río. Las radios comunitarias y libres continúan transmitiendo su nombre y su lucha. Las organizaciones continúan denunciando. Sergio continúa esperando y exigiendo justicia, sus hijos lo reclaman.
A ocho años de su desaparición, exigimos:
La presentación con vida de Sergio Rivera Hernández.
Una búsqueda permanente, profesional, coordinada y construida con su compañeros, su comunidad y los comités representantes de la residencia.
*Demandamos un informe público sobre todas las acciones de búsqueda realizadas desde el 23 de agosto de 2018, exigimos a la Comisión Nacional de los derechos Humanos se abra una queja contra las autoridades mencionadas por su omisión
*El esclarecimiento integral de su desaparición y de las amenazas y agresiones que la antecedieron.
*La investigación de todas las líneas relacionadas con su trabajo como defensor del río y del territorio.
*La investigación de las responsabilidades materiales e intelectuales, sin proteger intereses políticos, empresariales o caciquiles.
*Información clara y pública sobre el estado actual del proceso penal y la reposición del juicio.
*Protección efectiva para su esposa, sus hijos, su familia, los testigos, integrantes de MAIZ, comunicadores comunitarios y defensores de la Sierra Negra.
*Exigimos Intérpretes de náhuatl durante todas las diligencias y procedimientos que involucren a personas de las comunidades indígenas, como parte de una práctica permanente y sin racismo.
*La cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzalan y de las concesiones que amenazan los ríos y territorios de los pueblos nahuas.
*Garantías de no repetición para que ninguna persona vuelva a ser amenazada, perseguida o desaparecida por defender el agua y la vida.
*Responsabilizamos al Estado mexicano de garantizar la integridad de la familia de Sergio, de los testigos y de quienes continúan exigiendo justicia.
*También hacemos responsables a las autoridades de cualquier agresión, amenaza o acto de intimidación contra las comunidades y organizaciones que defienden el territorio.
Ocho años no cierran este caso.
Ocho años aumentan la responsabilidad de las instituciones que no buscaron, que no investigaron y que permitieron que la impunidad avanzara.
Ocho años demuestran que la desaparición de Sergio forma parte de una guerra contra los pueblos que defienden sus territorios frente al despojo, los proyectos extractivos y los intereses del capital.
Pero también demuestran que la memoria es más fuerte que el miedo.
Mientras el río siga corriendo, la voz de Sergio seguirá caminando entre los pueblos.
Mientras exista una familia que lo espere, una comunidad que lo recuerde y una organización que lo busque, el Estado no podrá declarar cerrado este crimen.
Sergio Rivera Hernández: presente.
¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!
¡Verdad y justicia para Sergio!
¡Alto a las amenazas contra su familia y los testigos!
¡Defender el territorio no es un delito!
¡El río, el agua y la vida no se venden, se aman y se defienden!
Movimiento Agrario Indígena Zapatista
23 Agosto del 2026
La entrada PRONUNCIAMIENTO A OCHO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ se publicó primero en Congreso Nacional Indígena.
Fuente: Congresonacionalindigena.org
