Por Axel Chávez
Las aulas mexicanas han dejado de ser espacios de absoluta inocencia para convertirse en escenarios de tragedias documentadas en bitácoras oficiales. La presencia de armas en los planteles educativos revela una crisis profunda y creciente, que está cobrando vidas
Esta investigación da luz a una realidad invisibilizada por la ausencia de registros nacionales: al menos 250 casos de violencia armada en escuelas han ocurrido entre 2010 y marzo de 2026, con un récord histórico de 44 sucesos anuales en 2024 y 2025 a nivel nacional, aunque los datos exponen una geografía del riesgo encabezada por Nuevo León, Sonora y Michoacán
Especialistas en psicología y sociología señalan que, en algunos casos, factores como el acoso escolar, la depresión no atendida y entornos familiares violentos actúan como un “caldo de cultivo”, que se acelera con la exposición a contenidos digitales radicales, y la ausencia evidente de prevención y protocolos en las escuelas
Primera de dos partes
El dedo de un niño accionó el gatillo de una herramienta de guerra, desató un alarido de miedo, y luego, cuando las balas acallaron los gritos, vino el silencio envuelto en olor a pólvora.
La inocencia se quebró y la flama asomó su herida letal, ya que la boca del fusil también apagó la vida del menor, que no tenía más de 12 años.
El reporte oficial dice: “un alumno de sexto grado de primaria detonó un arma de fuego con la que lesionó a cinco compañeros, provocó el deceso de su maestra y, posteriormente, él se quitó la vida…”.
Los incidentes de este tipo se repiten por todo el país: cambian las escuelas, los grupos, las aulas, las víctimas, pero hay una palabra en común: armas.
Más ejemplos: “Cuando el joven estaba en los baños empezó a manipular el arma y, por una bala perdida, lastimó en el ojo a otro adolescente…”, o “un estudiante sintió un impacto en el cuello, que lo hizo caer; cuando recibió atención médica se descubrió que la herida era de bala…”.
Estas historias provienen de reportes y bitácoras de incidencias en posesión de las Secretarías de Educación Pública (SEP) estatales, libros de actas que documentan escenas de armas –amenazas, heridos, fallecimientos dentro de las escuelas–, pero también otros hechos que implican armas y balas.
Cuando la seguridad es rebasada y ocurre un suceso como los narrados, los directivos escriben lo que nadie quisiera nombrar: así, entre renglón y renglón, en cada reporte hay una crónica de la catástrofe.
En algunas narraciones hay una precisión quirúrgica: calibre del arma de fuego, número de cartuchos, color de la mochila donde iba escondida la muerte… Pero cuando concluye cada una, queda un testimonio de lo acontecido en cajones de escritorios.
No son la única evidencia: en ocasiones, por los posibles delitos las Fiscalías abren investigaciones y, a veces también, las instancias de Derechos Humanos inician alguna queja por petición o de oficio.
En México no existe un registro oficial de incidentes con armas de fuego al interior de las escuelas; sin embargo, esta investigación obtuvo la cifra de al menos 250 casos: 233 ocurridos entre 2010 y 2025, más 17 acontecimientos en los primeros tres meses de 2026.
Estas cifras son resultado de 181 reportes oficiales obtenidos tras 96 solicitudes de información dirigidas a las Secretarías de Educación Pública, las Fiscalías Generales de Justicia y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de las entidades de todo el país. Adicionalmente, una revisión hemerográfica complementaria arrojó 69 casos confirmados que ninguna autoridad reconoció. Aunque hay hechos que se repiten entre los informes, la cifra que presenta este reportaje no incluye ninguna duplicidad; son 250 sucesos únicos.
Con los cientos de respuestas recibidas se construyó una base de datos que cuenta con tres elementos informativos principales: los reportes de incidencia elaborados en las escuelas, al ser los primeros responsables; las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías, y las quejas por posibles violaciones a las garantías de infantes y personal educativo debido a sucesos con armas de fuego en las escuelas.
Decesos y lesiones graves por ataques directos; amenazas en todos los niveles educativos y manipulación de armas por estudiantes, incluso infantes del nivel básico, son parte de los hechos documentados.
Como el caso de un niño de 7 años que ingresó con una pistola calibre .22 a la primaria Francisco González Bocanegra en La Paz, Baja California Sur, el 28 de octubre de 2025; asimismo, en Coahuila, el 12 de noviembre de 2024 otro infante de 9 años entró armado a la Escuela Primaria Año de Juárez, en Torreón, y amenazó a sus compañeros. Con el arma en la mano disparó hacia el pizarrón y afortunadamente no hubo lesionados.
Asimismo, los reportes evidencian una exposición al peligro y un entorno particular de riesgo en entidades con alta presencia del crimen organizado, donde tanto la niñez como el personal administrativo y docente de escuelas están inmersos en un fuego cruzado entre cárteles o fuerzas de seguridad, como lo demuestran los relatos de educadoras de Sonora, que han protegido a niños asustados por tiroteos.
También en Monterrey, en un caso ampliamente difundido, los disparos rugían como dragones fuera, pero adentro, bajo los pupitres, la profesora Martha Rivera los cubrió con su cuerpo y con su voz, porque también les cantó para tranquilizarlos: “si las gotas de lluvia, fueran de caramelo, me encantaría estar ahí…”.
Uno de los últimos acontecimientos que involucra el uso de armas es el asesinato de las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal en la preparatoria privada Antón Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, después de que Osmar, un alumno de 15 años, abrió fuego contra ellas con un fusil largo AR-15.
“Hoy es el día”, publicó antes en sus redes sociales, la madrugada del 24 de marzo, cuando se hizo selfies y videos en su habitación con el rifle de asalto; él, con una indumentaria completamente negra –pantalón, sudadera y guantes–, como el luto que horas después sembraría, mientras sostenía la muerte de pie, frente al espejo.
Michoacán es la tercera entidad federativa con mayor número de incidentes con arma de fuego en escuelas, el de Osmar fue el suceso 25. Nuevo León se ubica en el primer lugar, con 37 casos, y Sonora con 27, en el segundo. En cuarto lugar están Puebla y Chiapas, con 15 cada uno; Baja California e Hidalgo, con 10; Guanajuato y Zacatecas, con 9, y Ciudad de México y Estado de México, con 8.
Ya sea en ataques directos o por accidentes, 31 personas, entre infantes, adolescentes y adultas, han fallecido en escuelas, y 45 más han resultado lesionadas por armas de fuego. Dado que en la información obtenida para esta investigación las autoridades no siempre fueron específicas sobre la identidad y edad de las víctimas, lo único que es posible determinar es que de esas 31 personas asesinadas, ocho eran estudiantes –cinco menores de edad–, cuatro maestras, una intendente y un vendedor ambulante. El más pequeño de las víctimas tenía 11 años y acudía a una escuela en Cadereyta, Nuevo León.
Respecto a las personas lesionadas: 25 eran estudiantes, 23 de ellos menores de edad; el más chico, también de 11 años, estudiante de primaria en Durango.
Y aunado a los homicidios y cuatro posibles feminicidios, se han presentado otros delitos graves como el intento de secuestro de una compañera –con violencia y a mano armada– por parte de un alumno de 18 años del Bachillerato Técnico Número 30 de la Universidad de Colima, en septiembre de 2023; el plagio por parte de un comando armado de, al parecer, un padre de familia que se encontraba en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en el ejido Zacate Colorado del municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz, y el ataque con armas y explosivos afuera del Colegio Azteca en Culiacán, cuando los agresores incendiaron un vehículo que habían impactado contra la puerta principal, el cual terminó calcinado y cuyo fuego se contuvo hasta la intervención de Protección Civil y Bomberos; fue, al final, como un cadáver de metal y cenizas.
A partir de 2017, con 19 incidentes, el problema de las armas en las escuelas mostró una nueva dimensión; ese fue el año en el que ocurrió uno de los hechos más impactantes sobre el uso de armas y la participación de menores en México, con tres muertos y cinco heridos por el tiroteo a manos de un menor de 15 años en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey.
El año siguiente se registraron 11 casos y en 2019 hubo 13 incidentes, la tendencia se detuvo por la emergencia sanitaria del Covid-19 y la suspensión oficial de las clases presenciales el 23 de marzo de 2020. La medida duró 17 meses, hasta el regreso generalizado a las aulas el 30 de agosto de 2021, tras las vacaciones de verano.
En esos años los números bajaron –hubo 8 en 2020, y 6 en 2021–, aunque nunca dejó de haber casos, pero a partir de 2022 han mostrado un incremento anual: 26 en 2022, 34 en 2023, y 44 tanto en 2024 como en 2025, un récord histórico. Para este año, sólo entre enero y marzo suman 17 sucesos más, antes del supuesto reto viral “tiroteo mañana” y hasta los días posteriores al doble feminicidio perpetrado por Osmar en Lázaro Cárdenas.
También existe el registro de 11 casos sin fechas determinadas.
En este legado de asesinatos, amenazas y ataques en las escuelas, las autoridades educativas también han tratado de explicar por qué ocurren estos incidentes. En algunos casos, el acoso, el bullying o violencia escolar; la depresión y otros trastornos que afectan a las infancias y adolescentes, así como la exposición a las armas y el entorno ligado al crimen organizado han sido algunas de sus respuestas.
En su versión más reciente, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2023) incluyó la medición de sintomatología depresiva en adolescentes de 10 a 19 años. Ante la opción “durante la semana pasada sentía que no podía quitarme de encima la tristeza”, 4.6 por ciento de los menores escogió entre dos respuestas de alerta: “todo el tiempo/la mayoría del tiempo” (1.6), y “un número considerable de veces” (3 %); asimismo, 6.2 por ciento eligió los máximos reactivos ante la idea de sentirse deprimido.
La encuesta también revela que entre los niños y jóvenes de 10 a 19 años, el 2.5 por ciento reportó haber sufrido un ataque o violencia en los últimos 12 meses, y el 4.4 por ciento de esa población reportó alguna vez haberse hecho daño con el fin de quitarse la vida, una conducta más frecuente en mujeres que en hombres.
El mismo ejercicio da cuenta de que el 52 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años fueron sometidos a métodos de disciplina violenta. En este sentido, el 11.8 por ciento de las y los adolescentes encuestados pensaron que el castigo físico es necesario para educarlos apropiadamente.
Pero mientras la explicación llega y todo esto sucede, las aulas se han convertido en otro de los campos de batalla en el país, uno donde la inocencia también carga munición.
Nuevo León, el temor del infierno en la mochila
Cada pupitre pudo convertirse en un sepulcro; pues el cañón apuntaba directamente hacia ellos. Minutos después, el sudor adolescente se mezcló con el olor de la pólvora.
Luego surgió otro olor, extraño en aquella aula. Era la esencia característica de cuando una bala entra en un cuerpo: esa combinación de pólvora quemada y daño en el tejido, de los residuos de combustión en la piel que rodea la herida.
El reporte oficial dice: “A las 08:51 horas del 18 de enero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste, un alumno de secundaria que estaba sentado en una silla al lado de la puerta de su salón de clases ingresó al aula, tomó un arma calibre .22 de su mochila, disparó contra su profesora y atacó a sus compañeros a corta distancia…”.
Este suceso –que se convirtió en noticia internacional por ser uno de los más impactantes sobre uso de armas y la participación de menores en México– es uno de los 37 que acontecieron en escuelas de Nuevo León entre 2017 y marzo de 2026; según el registro oficial, con base en expedientes iniciados por la Fiscalía de Nuevo León (13 carpetas de investigación) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) (20 quejas), más registros hemerográficos (4).
La SEP local afirmó que no encontró algún incidente relacionado con armas de fuego en planteles educativos, pero acotó su búsqueda –sin explicar por qué– a los últimos cinco años; es decir, de 2020 a 2025. No obstante, la evidencia proporcionada por la Fiscalía y el organismo de Derechos Humanos refuta esa versión.
Imagen hecha con IA-Gemini
Del “mañana es el día” a las muertes en aulas
Dos ataques en los que hubo muertos; uno con un lesionado, pero sin víctimas mortales; cuatro posibles hallazgos de armas de fuego en los planteles; seis amenazas en las que se advertía el uso de fusiles –cinco que finalmente no se concretaron, pero hubo intervención policial–, seis incidentes en los que se descubrieron pistolas de postas en mochilas de menores, y uno más con una réplica, conforman los expedientes por hechos con armas de fuego en las escuelas neoleonesas antes de 2026.
Además del multihomicidio en el Colegio Americano del Noreste, el 11 de diciembre de 2017 un menor de 11 años perdió la vida al recibir un balazo en una escuela de Cadereyta; el disparo, al parecer, fue accidental, provocado por una compañera de clase dentro de la Escuela Primaria Francisco Salas Gómez, de acuerdo con el parte oficial.
Asimismo, hay antecedente de que un menor sufrió lesiones tras encender, con un encendedor, una bala que no se explica cómo llegó al plantel en la Secundaria Número 1 Lic. Raúl Rangel Frías, ubicada en el municipio de Santa Catarina. La queja por este suceso fue iniciada por la Comisión el 28 de junio de 2024.
Cuatro expedientes son por hallazgos de armas: los dos primeros datan de 2018, cuando en la Escuela Primaria Profesor Serafín Peña, que se sitúa en la Colonia Los Lermas en el municipio de Guadalupe, padres de familia reportaron que sus hijos les habían informado que un alumno de sexto grado traía una pistola, la cual mostró a sus compañeros afuera del plantel el viernes 2 de febrero. Ese mismo mes, pero el día 21, fue hallada una pistola en un salón de clases de la Primaria Héroes de Independencia, que se encuentra en el municipio de Apodaca.
En ambos casos, padres de familia protestaron en los planteles y exigieron esclarecer el origen de los artefactos.
Los últimos dos sucesos de esta índole corresponden a 2025: el 14 de marzo, el reporte de un alumno armado provocó movilización de la policía de San Pedro y elementos estatales hacia la escuela secundaria federal Constitución Mexicana, que se ubica en la colonia San Pedro 400; la CEDHNL también inició una queja.
Asimismo, el 10 de junio, mediante un acta circunstanciada, la Unión de Padres de Familia de la Escuela Primaria Centenaria Miguel Hidalgo, de Cadereyta Jiménez, documentó el ingreso de un alumno con una pistola, quien, supuestamente, les dijo a los demás que era “para cuidarse”, no dijo de qué, ni de quién o quiénes.
Sus compañeros –con base en el documento con el que se inició la queja en Derechos Humanos– dijeron que el arma no parecía de juguete, “porque no traía las partes naranjas que tienen esas pistolas falsas”; tampoco hay más pormenores respecto al posible portador del artefacto prohibido.
En seis de los casos se usaron pistolas que, al ser inspeccionadas, se descubrió que eran de postas, aunque también hubo antecedentes de que pudieron ser utilizadas para el amedrentamiento de otros menores.
La Comisión de Derechos Humanos también integró seis expedientes por amenazas de ataques armados que, supuestamente, se llevarían a cabo en planteles por parte de alumnos (en algunos casos identificados). Aunque no se concretaron los ataques, hubo intervención policial directa ante el posible riesgo.
El 8 de marzo de 2018, un alumno de sexto grado de primaria del Colegio Francisco Gabilondo Soler, ubicado en la colonia Arboledas de Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza, difundió en sus redes sociales fotografías portando dos armas de fuego con un mensaje que decía “estoy listo”. Por el hecho, se activó una alerta de seguridad local.
De igual manera, el 28 de febrero de 2020, a través de redes sociales, se difundió el mensaje de un alumno de la Escuela Primaria Presidente Gustavo Díaz Ordaz en San Nicolás de los Garza, el cual decía que un compañero tenía planeado realizar una balacera al interior del plantel. La directora condicionó el acceso al infante, hasta que no presentara “los exámenes psicológicos correspondientes” que, dijo, eran solicitados por la Secretaría de Educación del Estado.
Además de estos sucesos, por la amenaza con un arma de fuego a una madre afuera de la Escuela Primaria General Jesús González Ortega Club de Leones número 17, en Monterrey, la CEDHNL inició una queja el 11 de enero de 2024; según el expediente, el suceso derivó de una discusión en la que estuvieron implicados docentes, dentro del plantel, y cuando se amedrentó a la mujer con el arma, ella se encontraba con sus hijos.
Plan de acción
Al menos desde 2015, México cuenta con una Guía para la Prevención, Detección y Reacción ante la Presencia de Armas en las Escuelas, elaborada por la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, en las respuestas a los requerimientos informativos para este reportaje se evidencia que no todos los estados han actuado conforme a este protocolo en una situación de riesgo; a su vez, otros han creado sus propias versiones ante sus contextos particulares de violencia.
En todos los casos, las guías o protocolos de actuación exponen que el tiempo que transcurre entre el momento en el que se detecta un arma en una escuela y la llegada de la asistencia policial es vital, por ello, tanto el cuerpo directivo, como el docente y el administrativo, deben contar con un Plan de Acción. Un elemento primario es siempre actuar considerando que el arma está abastecida.
La Guía incluye escenarios situacionales, por ejemplo, si algún miembro de la comunidad escolar se encuentra en un lugar abierto y no puede huir, debe tirarse inmediatamente al piso colocando las manos sobre su cabeza, evitar el contacto visual con el o los agresores, no tomar fotografía o video, y no realizar llamadas por teléfono en presencia del agresor.
Según las directrices de la Guía, este protocolo debía ser comunicado y memorizado por estudiantes y el profesorado; además, los planteles debían realizar ejercicios de autoprotección en diferentes escenarios: aulas, zonas al aire libre, salones de actos múltiples, sanitarios, en la entrada al plantel escolar y otros espacios.
Para Rafael Castelán, fundador de la asociación civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), la serie de mensajes que han aparecido en escuelas secundarias o los bachilleratos con frases en baños y otros espacios donde se leía “tiroteo mañana”, no deben tomarse sólo como una broma: “Se tienen que perfeccionar los protocolos, se tiene que atender la situación y se tienen que identificar las causas por las cuales se están colocando estos letreros”, más allá de que las autoridades de diferentes estados lo hayan atribuido únicamente a imitación por tendencias en redes sociales.
Organizaciones como el Centro Nacional de Evaluación de Amenazas y el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos han desmontado, a través de investigaciones, el mito del atacante que “enloquece” de un momento a otro, y revelan que el 93 por ciento de una serie de sucesos analizados en ese país tuvieron una planificación, y que en ocasiones, de alguna forma, los agresores “externaron” lo que estaba por suceder a través de redes, diarios, alusiones previas a alguien o cambios de comportamiento.
“A veces son mensajes no tan explícitos que ya en retrospectiva se pueden ver como que anunciaban que algo iba a pasar”, explica Flor de María Erari Gil Bernal, doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesora investigadora del Área Académica de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Gil Bernal también alerta que “en términos del fenómeno, las amenazas en sí mismas ya constituyen un indicador importante de riesgo significativo; es decir, no solamente hay que irnos con la parte de los hechos que se concretan, sino también de las amenazas, y estas son menos documentadas”.
Imagen hecha con IA-Gemini
Michoacán, las armas antes de Osmar
Osmar salió de su casa con un estuche de guitarra; ocultaba en él un rifle, el cántico de letalidad que apagaría los susurros de las aulas aquella mañana. Llegó a la preparatoria Antón Makárenko, donde cursaba el bachillerato; luego, en la entrada, sacó el arma y disparó contra dos profesoras: Tatiana, de 37 años, y María del Rosario, de 36.
El estruendo quebró la rutina escolar; las maestras cayeron frente a sus compañeros, en un acto que después fue clasificado por las autoridades como doble feminicidio.
El dedo de un adolescente de 15 años en el gatillo de un fusil hechizo vuelto violencia irreversible.
Los propios alumnos de la preparatoria fueron quienes detuvieron a Osmar. Lo ataron con cables y lo llevaron así, maniatado, a la salida, para entregarlo a la policía municipal.
Un alumno lo lleva, unos pasos atrás camina una alumna que los custodia, junto con dos estudiantes más que los acompañan, es la escena que se muestra en un video que presentó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el pasado 9 de abril.
El origen del rifle aún no es conocido por las autoridades, pero se trata de un arma hechiza; es decir, integrada por diferentes partes de otras, de calibre AR-15.
Michoacán tiene un contexto de alta violencia relacionada con el crimen organizado, balaceras y enfrentamientos armados en zonas urbanas o rurales, donde de acuerdo con informes del Departamento de Estado, y de la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se disputan el territorio el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos (CU), La Familia Michoacana (LFM) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM), aunque por la fragmentación de grupos tienen decenas de células criminales identificadas.
Antes de Osmar, la Fiscalía de Michoacán documentaba 24 sucesos con armas de fuego en escuelas, ocurridos entre 2015 y 2025: 15 amenazas, tres homicidios dolosos, cinco lesiones dolosas, más un caso de lesiones en grado de tentativa.
En ningún caso la Fiscalía da más pormenores, en tanto que la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán afirmó que no se tienen quejas, expedientes o recomendaciones relacionadas con escuelas y armas de fuego, mientras que la SEP estatal sostuvo que tampoco registra ninguna.
Sin embargo la Subsecretaría de Educación Básica da una posible explicación de la ausencia de registros: “se informa que los incidentes que involucran armas de fuego en las escuelas del nivel básico no se reportan a las direcciones o subdirecciones; cada institución educativa sigue el protocolo establecido en la ‘Guía para la Prevención, Detección y Reacción ante la Presencia de Armas de fuego en las Escuelas’”, en cuyo plan se establece que la primera acción corresponde a la autoridad escolar, “quien debe identificar la situación y proponer alternativas para su resolución y seguimiento, siempre asegurando la protección de los derechos de todas las personas involucradas”.
Es decir, aunque se presenten incidentes –y por ello se ha estructurado una guía de reacción–, el seguimiento y la contención se dirimen –en la primera acción– desde los planteles, sin reportar a las autoridades.
El caso de Osmar abrió el debate público sobre la salud mental de la población adolescente
Señales previas
Para la doctora Flor de María Erari Gil Bernal, un caso de ingreso con arma a una escuela, amenazas o ataques directos “no es aislado, no es espontáneo”, sino que responde “desde la parte psicológica y social a una combinación de factores tanto individuales, familiares, sociales y tecnológicos, que en este momento están convergiendo de una manera mucho más importante y radical que hace unos años”.
La especialista explica que “es como si la tecnología le agregara un acelerante al fuego”, no sólo por el acceso a la información, sino por la exposición a la violencia y los factores de vulnerabilidad que existen entre los menores.
En este escenario, “donde hay malestar individual, familiar, social, entre otros, no atendidos, y hay una falta de regulación emocional, de contención, y sobre todo entornos poco favorecedores y contenedores de este malestar…, al agregar este contenido digital es como un detonante”.
El acceso a las armas, ya sea blancas o de fuego, en entornos donde está normalizado su uso, potencia los riesgos, así como el consumo problemático o desmedido de contenido violento y el acceso a comunidades digitales radicalizadas.
“Desde la psicología tenemos algo que llamamos factores de vulnerabilidad o factores que incrementan la probabilidad de que ciertas conductas ocurran. Algo que se ha encontrado que es, digamos, predictor, o que se asocia a estas señales, tiene que ver con el aislamiento. Los chicos o chicas que se aíslan, que tienen dificultades para expresar sus emociones, que no suelen mantener relaciones sociales con sus pares, así como los problemas de salud mental no atendidos –es decir, depresión, ansiedad, algún otro síntoma que normalmente pasa desapercibido y que sobre todo se da en contextos vulnerables–, son puntos importantes”, así como también “historias de violencia familiar, de negligencia o abandono”.
La especialista ha trabajado en establecer la relación entre el uso de las redes sociales, la autoestima y la ansiedad en estudiantes; también la relación entre el uso problemático de internet y la impulsividad, a nivel universitario, pero su línea de investigación principal se centra en la ciberseguridad y el bienestar emocional.
“Ahora sí es en donde entran las redes sociales y todos los medios en donde estamos completamente rodeados de información, de asaltos, de violencia: ya lo mató, ya lo colgó, ya violó, etcétera…; entonces, todas estas circunstancias hacen que el pastel se vaya horneando mucho más rápido, más fácil. De alguna manera, estas conductas (los ataques con armas en las escuelas) son, digamos, la punta del iceberg, pero debajo de ellas hay muchas más relacionadas con eso que no es observable como tal”, que es cómo se gestan todas estas violencias.
Gil Bernal expone que en análisis previos en materia de psicología y violencia escolar se ha encontrado desde hace unos años que hay una relación específica entre las experiencias de rechazo, el cyberbullying, el bullying y la humillación persistente por parte de los compañeros hacia quienes terminan por convertirse en agresores; es decir, desarrollan sentimientos de injusticia notoria, enojo acumulado o una sensación de deseo de venganza.
Todo esto se gesta antes de un ataque directo, que suele ser planificado. El doctor en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Luis Alberto Hernández Cerón lo pone en perspectiva al explicar que los tiroteos en escuelas, o sucesos en los que menores se propusieron quitarle la vida a alguien más con el uso de armas son como “una solución fuerte y atroz” ante su realidad, “por eso hay jóvenes que se quitan la vida tras el ataque, porque es una segunda solución; la primera solución es acabar con el problema que tienen, [luego] como la solución fue más agresiva que el problema mismo, se quitan la vida para eliminar algún castigo ante lo que acaban de hacer”.
Escenas como estas se han visto durante años en Estados Unidos, que enfrenta una crisis de violencia armada con una frecuencia de tiroteos en escuelas.
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En México, en enero de 2020, en el Colegio Cervantes de Torreón, un alumno de sexto grado detonó un arma de fuego con la que lesionó a cinco compañeros, provocó el deceso de su maestra y, posteriormente, se quitó la vida. El acontecimiento, narrado al inicio de este reportaje, fue documentado por la SEP de Coahuila, por la Comisión estatal de Derechos Humanos (quien, “por desistimiento”, concluyó un procedimiento por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad) y por la Fiscalía, que inició una carpeta de investigación por lesiones y homicidio doloso.
Aunque el sociólogo acota que nuestro país no tiene la misma cultura que el vecino del norte, considera que la “importación” de un aparente mecanismo de “solución de problemas” de Estados Unidos ha potenciado las posibilidades de que estos acontecimientos ocurran en México, para lo cual —explicó— también han sido importantes las redes sociales, los algoritmos que orientan contenido y los medios de comunicación.
Sin embargo, “en el uso de las plataformas (digitales), (las infancias y jóvenes) generan comunidades y en muchas comunidades se van generando estos modelos estadounidenses de solución de conflictos: por lo tanto, lo que podemos ver en el caso de México es (que) jóvenes que han sufrido violencia en la escuela, que en sus sistemas familiares tienen esta distancia moral, ocupan el modelo norteamericano de solución de conflictos”.
Por su parte, Flor de María Erari Gil Bernal abunda que en la revisión histórica a casos de alumnos que han atacado, llevado armas a las escuelas o actuado violentamente, se han encontrado algunos episodios intensos de crisis emocionales, rupturas, pérdidas familiares, conflictos, entre otros, “pero sobre todo hay un detonante que se ha observado en estos perfiles, que tiene que ver con situaciones de exposición intensa de violencia previa, ya sea directa o indirecta”.
“Si vemos que estos chicos suelen tener acceso o comparten en sus redes sociales imágenes o notas de violencia, eso es una alerta importante. La baja supervisión de los adultos y algunas dificultades como la sensación de pertenencia con los pares también son algo importante; entonces, el hecho de la poca supervisión, el aislamiento, la falta de atención a situaciones de salud mental, problemas de habilidades para expresar emociones, y un contexto rico en negligencia, en violencia y la oportunidad de tener acceso a ciertas armas hace como un ‘caldo de cultivo’ muy fuerte, (que son) los focos rojos”, alertó la doctora, quien también ha analizado, a través de la investigación, cómo el uso de la tecnología impacta en el bienestar psicoemocional.
Nada es espontáneo
Luis Alberto Hernández Cerón advierte que los ataques con armas en las escuelas son fenómenos que ocurren “por una forma pensada, planificada, racionalmente hablando”, lo que significa que no son actos espontáneos, sino que detonan después de que mucho, internamente, pasó en el individuo.
“Si buscamos algunos de los registros que ha habido sobre este tipo de situaciones tanto en Estados Unidos como en México, vamos a darnos cuenta de que en muchos casos el porcentaje de jóvenes que se les han diagnosticado algún tipo de trastorno o padecimiento es variable; en algunos casos es menor, en algunos casos mayor. Pero algo que no varía, algo que es constante, es el uso de situaciones conflictivas.
“Por ejemplo, bullying; por ejemplo, mobbing –aunque mobbing es una palabra que se aplica para el acoso en el trabajo, originalmente se usa en etnología para describir a un grupo de animales que hostigan específicamente a otro animal, pero lo hacen para defenderse–; entonces, en las escuelas está pasando mucho este tipo de situaciones”, aseveró.
El también profesor investigador del Área Académica de Sociología de la UAEH expuso que por la revisión histórica a algunos casos “podemos darnos cuenta que también vienen de familias con ciertas situaciones de violencia, con ciertas situaciones de acoso sexual”, entre otras realidades, y todo eso escala en conflictos que se dan por largo tiempo y que los pueden representar en la escuela.
“¿Por qué lo representan en la escuela y no en otro lugar?”, cuestiona el especialista y responde: “porque es el segundo lugar en donde pueden desarrollarse de manera un poco más libre y no están sus padres. Especialmente en las escuelas donde a veces no hay, no vigilancia, sino acompañamiento a las y los jóvenes; por lo tanto, la escuela es un contexto idóneo para que ocurran este tipo de situaciones”.
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Hubo advertencia
Hernández Cerón plantea un concepto para entender lo que sucede actualmente con los ataques armados en las escuelas: la adiáfora –del griego adiaphora–, que en el contexto de su área de estudio y de la ética contemporánea se refiere a una desmoralización o ceguera moral.
“La adiáfora es un alejamiento, una suspensión moral, una distancia moral capaz de hacernos pensar la violencia en extremos humanamente posibles e inhumanamente posibles. La distancia social en el siglo XX fue especialmente en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto nazi, y también fue con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Cumplieron las mismas características, fueron distancias morales.
“La gran diferencia en nuestra sociedad moderna actual del siglo XXI es que prácticamente todos los sistemas familiares están con una alta incidencia de adiáfora, de distancia social, y entre más distancia social exista, más fácil podemos llegar a un acto cruel”, alertó.
Además, advirtió que nuestra sociedad actual está basada en el consumo de plataformas como TikTok, Instagram o Facebook, en las que “la distancia social es impresionante, es muy adiafórica” y, por lo tanto, “generan tensiones, ansiedades y miedos a salir y convivir con la gente”.
“Nuestra sociedad está generando mucho mayor distancia social, capaz de producir soluciones de manera cruel, atroz y con finales trágicos, como lo es en los casos de ataques en las escuelas”, expuso el especialista, además de advertir que en la falta de escucha y de conexión entre padres también inciden aspectos como la autoridad heteropatriarcal, “una autoridad que está basada en reglas”.
Como es el caso de la maestra Fabiola Ortiz Medina, quien fue privada de la vida a balazos el 15 de octubre de 2025 cuando llegaba al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 06, en Putla Villa de Guerrero, en la región Mixteca, donde impartía cátedra. La propia Fiscalía estatal confirmó que su principal línea de investigación en este asesinato es la inconformidad por una calificación escolar.
En Morelos hay otro antecedente de un menor de 13 años que, el 30 de abril de 2015, disparó contra el director de la Secundaria 41 del municipio de Jiutepec; aparentemente, después de que este le llamó la atención por su mal comportamiento. Al directivo, el proyectil le causó una lesión en el hombro.
El académico, cuya línea de investigación es la sociología del comportamiento criminal y de las enfermedades mentales, además de los componentes de fenómenos históricos sobre temas de violencia, crueldad y amenazas, expuso que si no hay un acercamiento con los menores y conversaciones efectivas; si no hay una escucha atenta a lo que está pasando con el niño; revisión de sus mochilas, acompañamiento, apoyo, más que castigo y, por el contrario, hay una distancia social para poder contarle a papá o a mamá las cosas que le han sucedido en el día, la desmoralización o ceguera se acrecientan, porque eso es la adiáfora.
En un escenario así, “si un joven tiene conflictos en la escuela por bullying, por un profesor o una profesora que le agreden, o tiene otros problemas, y luego llega a casa y tiene un sistema adiafórico, como no va a poder contarlo va a pensar qué hacer y cuáles son las posibles salidas a estos conflictos”; esto, añade, es una las formas en las que se gestan las violencias.
El experto lo mira también en retrospectiva, pues afirma que cuando ha conocido las historias de vida de personas que han llegado al acto criminal –aunque no necesariamente menores con armas en los planteles–, después de saber cómo fue su vida tanto en familia como en la escuela, ha pensado que “esto se hubiera evitado” si todos los factores de alerta se hubieran detectado.
Reflejo de eventos conectados
Rafael Castelán Martínez, fundador de la asociación civil Servicios de Inclusión Integral, por su parte considera que los hechos violentos sucedidos en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán el 20 de abril, con dos muertos (incluido el atacante) y 13 heridos, o el doble feminicidio en el colegio Antón Makárenko, no son aislados, sino el reflejo de una serie de eventos que están todos conectados; “pero, sobre todo, es este ‘caldo’ de situaciones en las que estamos viviendo actualmente”.
“Por un lado, las problemáticas de salud mental que están enfrentando las y los jóvenes, las y los adolescentes, es un elemento que está allí presente; por otro, es el desarrollo de las nuevas tecnologías en función de los algoritmos donde basta con hacer una búsqueda por curiosidad, o por alguna situación personal, para que el algoritmo genere toda una serie de actos cotidianos, periódicos y recurrentes que nos hacen pensar en todo lo que estamos haciendo todos los días y que, de algún modo, van moldeando nuestras opiniones y nuestros sentimientos, en este caso reafirmando discursos de odio”, alertó.
Para Castelán lo peor es que este tipo de algoritmos benefician a grupos extremistas que han estado a lo largo de la historia, para amplificar sus mensajes, “que van a realizar actos muy radicalizados como asesinar, como el caso Columbine en 1999, el asesinato reciente de las maestras (en Michoacán) o este fenómeno de los incels”. En un escenario así, añade, las minorías son las más vulnerables.
Respecto a la posible influencia digital, por ejemplo Osmar, vinculado al tiroteo en Lázaro Cárdenas, utilizaba el usuario «vodka.om» en sus redes sociales, una referencia al seudónimo “VoDka” que usaba Dylan Klebold, uno de los atacantes de la masacre de Columbine el 20 de abril de 1999 en Littleton, Colorado, con 12 estudiantes muertos y un profesor, la cual es considerada por expertos una de las tragedias más influyentes y definitorias de la historia moderna.
Desde la perspectiva del fundador de Seiinac, aquí es donde entran también las responsabilidades del Estado: “tiene que generar leyes y reglamentos para que las plataformas digitales transparenten sus algoritmos y también para que, cuando haya discursos de odio que atenten contra la dignidad humana o que busquen generar este tipo de organización, sean identificados a la brevedad y, si bien no sancionados, sí eliminados de la web”.
“Hay allí todas estas cosas que están conectadas y lo cierto es que necesitamos organizarnos. Necesitamos que las familias, por un lado, conozcan o sepan identificar qué narrativas son de odio y qué cosas, por ejemplo, los jóvenes pueden estar manifestando que sean actos donde pongan en riesgo a otras personas o sean parte de los discursos de estos grupos radicales”, externó.
“Necesitamos también crear espacios de diálogo y de muchísima confianza para que se pueda conversar a la hora de la comida, se puedan verter este tipo de comentarios y que no sean sancionados, sino más bien se busque generar una forma de acompañar a estos jóvenes, de apoyarles y que no lleguen a un acto tan lamentable como querer asesinar a otras personas”, planteó Castelán.
En ello coincide con Hernández Cerón, quien propuso espacios de solución de conflictos en las escuelas, en los que se privilegie la escucha, no sean punitivos e integren a todos los miembros de la comunidad, entre docentes, padres de familia y menores, así como especialistas.
Por otro lado, Castelán remarcó que como sociedad “no tenemos que crear estos discursos de criminalización hacia las juventudes, sino, por el contrario, necesitamos generar espacios de recreación, espacios deportivos y espacios donde las y los adolescentes tengan la posibilidad de seguir creando en sus vidas”.
“Me parece que algo importante que necesitamos reflexionar es que es una tarea compartida, pero sobre todo que la violencia estructural es algo que está presente y no podemos seguir desensibilizándonos ante ella”, insistió.
* Aquí puedes consultar la base de datos y los apuntes metodológicos
** Todas las imágenes fueron generadas por Gemini (IA)
*** Publicado originalmente en http://LadoB
