La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó este lunes ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto del Amparo en Revisión 648/2024, relacionado con el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.
El proyecto busca resolver si la acción penal contra un exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, vinculado a proceso por homicidio y lesiones culposas en modalidad de comisión por omisión, puede considerarse imprescriptible. La ministra sostiene que sí.
Ortiz Ahlf argumentó que el derecho internacional, la jurisprudencia interamericana y la propia Corte han reconocido que las violaciones graves a derechos humanos NO PRESCRIBEN. Esto, dijo, garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, combate la impunidad y evita el olvido social. Subrayó que el criterio se refuerza cuando las víctimas son niñas y niños.
La ministra recordó que en 2009 la SCJN, mediante la Facultad de Investigación 1/2009, determinó que los hechos de la Guardería ABC constituyeron violaciones graves a las entonces garantías individuales. También citó el artículo 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe declarar la prescripción en perjuicio de infancias.
De aprobarse el proyecto, el asunto regresaría al Tribunal Colegiado para que continúe su análisis bajo el criterio de imprescriptibilidad. La ministra señaló que la decisión permitiría reafirmar que la protección de las infancias debe estar por encima de cualquier obstáculo procesal.
En respuesta, Paty Duarte Franco, madre de uno de los 49 menores fallecidos, reconoció la ponencia de la ministra y el respaldo del Pleno. Señaló que por años ha enfrentado procesos judiciales que califica de frustrantes y revictimizantes, y que el caso ABC se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad vigente.
Duarte Franco indicó que el objetivo de las familias es llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante los límites del derecho interno. Mencionó que la resolución de la Corte abre la puerta para que la Fiscalía General de la República investigue a personas que, afirmó, no han sido requeridas hasta ahora, incluidos exfuncionarios del IMSS con deber de cuidado hacia los menores.
La madre de familia recordó que la investigación 1/2009 de la SCJN evidenció un desorden generalizado en el sistema de estancias infantiles subrogadas del IMSS. Consideró importante que la Corte discuta la ilegalidad de ese esquema de subrogación, al que atribuye un papel central en la tragedia.
Duarte Franco también se refirió a la exoneración de los propietarios de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Gildardo Urquidez Serrano. Señaló que en 2010 la Corte reconoció violaciones graves a derechos humanos, pero sostuvo que el fondo del problema no se resolvió por atender, dijo, a intereses de particulares.
El incendio del 5 de junio de 2009 inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda y se propagó a la Guardería ABC. Provocó la muerte de 49 niñas y niños y lesiones a decenas de personas, en su mayoría infantes. A 17 años de los hechos, continúan los procesos penales y la búsqueda de justicia por parte de las familias.
