La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene plenas facultades para atender y conciliar reclamaciones de usuarios de escuelas particulares, al determinar que el pago de colegiaturas constituye una relación de consumo protegida por la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La resolución representa el primer pronunciamiento expreso del máximo tribunal sobre este tema y cierra cualquier margen de interpretación que pudiera ser utilizado por instituciones educativas privadas para rechazar la intervención de la Profeco en conflictos con madres, padres de familia o estudiantes.
El criterio deriva de un litigio que se prolongó durante aproximadamente una década, luego de que una escuela privada impugnó una multa impuesta por la Profeco tras negarse a acudir a una audiencia de conciliación. La SCJN concluyó que, al existir un pago por la prestación del servicio educativo, se configura una relación de consumo, por lo que la actuación de la Procuraduría se encuentra plenamente respaldada por la legislación.
Aunque el fallo fortalece la certeza jurídica sobre las atribuciones de la dependencia, la Profeco recordó que sus facultades en esta materia no son nuevas. Desde 1992 existen resoluciones judiciales y administrativas que reconocen su competencia para vigilar que las escuelas particulares transparenten costos, cuotas, trámites, condiciones de contratación y demás aspectos relacionados con la prestación del servicio.
La institución ha intervenido en procesos de conciliación por casos de cobros indebidos, cuotas o requisitos no previstos en los contratos, así como por condicionamientos para acceder a servicios académicos, entre ellos cursos extraordinarios exigidos para la titulación.
Además, durante 2025 la Profeco firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para intercambiar información cuando se detecten posibles incumplimientos administrativos o regulatorios en planteles privados, con el objetivo de fortalecer las labores de supervisión y protección a los consumidores.
Entre las facultades de la Procuraduría se encuentra verificar que las escuelas informen de manera clara sus colegiaturas, cuotas, tarifas, términos y condiciones, políticas de cancelación y cualquier otro cargo aplicable, además de evitar que la prestación del servicio educativo sea condicionada de forma indebida.
Ante el próximo ciclo escolar, la Profeco recomendó a madres, padres y estudiantes comparar distintas opciones educativas, revisar cuidadosamente los contratos y solicitar información completa sobre los costos y condiciones antes de realizar cualquier pago o firmar documentación.
En caso de detectar incumplimientos comerciales por parte de escuelas particulares, las personas consumidoras pueden presentar denuncias y solicitar orientación a través de los canales oficiales de la Profeco.
