Las Comisiones Unidas de Minería, Desarrollo Regional y Estudios Legislativos del Senado decidieron posponer un eventual dictaminen de la Ley Minera, pues consideraron que hacía falta “escuchar a todas las voces”. Los senadores integrantes se declararon, en cambio, en sesión permanente, lo que significa abrir un receso para luego emitir una nueva convocatoria. Hubo voces que no descartaron la posibilidad de una sesión extraordinaria, al inminente término de periodo legislativo.
Para algunos colectivos, como Cambiémosla Ya y la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA), se trata de una nueva estrategia dilatoria para darle lugar al lobby minero, y temen por lo tanto que la iniciativa aprobada el 20 de abril pasado y enviada por la Cámara de Diputados, sufra aún “más mutilaciones” con respecto a la que presentó originalmente el ejecutivo federal.
Algunos activistas no han tenido empacho en llamar “traidor” al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues fue este funcionario quien se reunió con empresarios de la industria minera y a raíz de esas reuniones se dieron cambios importantes. Por ejemplo, la iniciativa presidencial daba a las comunidades el 10% de la utilidad de las mineras, mientras que quedó en que solo fuera un 7% de la utilidad fiscal.
Otros cambios fueron que la iniciativa del presidente limitaba el uso de los acuíferos al 30%, mientras que la propuesta aprobada quita esas restricciones. Además, la remoción de residuos debía hacer por todos los años de emitida la Ley, pero cambió para quedar que solo es al año de que se les notifique.
Con todo, los colectivos urgen al Senado a aprobar la minuta, pues considera que tiene avances importantes que pueden ser echados atrás por los cabilderos de las mineras.
Entre los avances están: la reducción de las concesiones mineras de 50 a 30 años prorrogables por 25 años adicionales, la prohibición de la minería en Áreas Naturales Protegidas y zonas sin disponibilidad hídrica, e retira el carácter preferente a la industria minera, ordena la consulta pública, previa, libre e informada como mecanismo para obtener el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que se otorgue una concesión en su territorio, entre otras disposiciones.
El proyecto de Ley que envió la Cámara de Diputados plantea además, la prohibición de la minería en Áreas Naturales Protegidas y zonas sin disponibilidad hídrica, le retira el carácter preferente a la industria minera, ordena la consulta pública, previa, libre e informada como mecanismo para obtener el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que se otorgue una concesión en su territorio, entre otras disposiciones.
El paquete de reformas necesarias para ello incluye modificar leyes Minera, de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
A continuación el comunicado completo de los colectivos:
- La minuta aprobada en la Cámara de Diputados el 20 de abril incorpora temas relevantes que el Senado debe mantener. Ahora, la Cámara Alta tiene el reto de cerrar el paso al lobby corporativo y evitar que el dictamen sea mutilado.
- Llamamos al Senado a aprobar ya la minuta enviada por la Cámara de Diputados y evitar que se pierda lo avanzado.
- La lucha de comunidades y organizaciones continuará hasta que se frenen los abusos de la industria minera en el tema hídrico y en otros que no fueron incorporados en esta minuta.
El pasado 20 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley que presentó el grupo parlamentario de Morena, en la que, si bien hay importantes y positivos cambios que desde la Colectiva Cambiémosla Ya y la ALDEA (Alianza por la Libre Determinación y Autonomía) reconocemos y valoramos, pero dejó fuera importantes temas que sí estaban incluidos en la versión enviada por el Ejecutivo al Congreso, el pasado 28 de marzo.
La versión aprobada recupera exigencias de muchas comunidades, pueblos, personas, organizaciones y colectivas de distintos lugares de México, que durante años han luchado por la defensa de sus territorios, el respeto a sus derechos y la protección real del medio ambiente. Entre esos temas destacan: retirar el carácter preferente a la actividad minera, que evita que la minería pueda colocarse en automático por encima de aquellas actividades que los pueblos y comunidades que habitan y son dueños de los territorios decidan llevar a cabo en ellos; el derecho a la consulta previa, libre e informada, como mecanismo necesario para obtener el consentimiento de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, derecho que queda garantizado antes de que se otorgue cualquier tipo de permiso o concesión sobre los territorios; la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua, o zonas en la que la actividad minera ponga en riesgo a la población; la obligatoriedad de un programa de restauración, cierre y post-cierre, con obligaciones hídricas y ambientales, desde el inicio de las operaciones mineras, entre otras; la limitación para traspasar una concesión, que ahora queda condicionada a que el beneficiario cumpla los mismos requisitos y obtenga los mismos permisos que el concesionario original; se elimina la expropiación como derecho del concesionario; se dividen y diferencian los procesos de exploración y de explotación. Estos temas están presentes en la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, misma que ahora se encuentra en el Senado en espera de ser discutida y votada.
Mantener y aprobar estos temas en la próxima votación es fundamental para empezar a dar pasos en el fortalecimiento de derechos y protección del ambiente y los recursos naturales.
Cabe señalar que distintos aspectos de la mayor relevancia, incluidos en la iniciativa del Ejecutivo, fueron eliminados o modificados del dictamen del Congreso, entre ellas: fueron retiradas las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se posibilitaba frenar el despojo, la sobrexplotación y contaminación de enormes volúmenes de agua y limitar así los graves impactos para los pueblos vecinos a las minas; se modificó el momento en el que se deberá realizar la consulta previa para la obtención del consentimiento; se debilitan algunos controles regulatorios ambientales; se aumentan los años de duración de una concesión, que ahora quedan en 30 años prorrogables por 25 años adicionales; se plantea la realización de estudios de impactos socioambiental y social, pero no de manera previa al otorgamiento de concesiones ni llevados a cabo por entidades independientes y técnicamente capaces, supervisadas únicamente por el Estado.
Estos temas fueron suprimidos o modificados de manera injustificada y bajo la presión de los intereses empresariales responsables de la devastación social y ambiental durante ya 31 años. Todos estos temas se mantienen en nuestras agendas, los seguiremos denunciando e impulsando su transformación.
Llamamos al Senado a avanzar decididamente para consolidar los avances logrados en la Minuta y evitar caer en actitudes dilatorias que los pongan en riesgo.
Desde la Colectiva Cambiémosla Ya y la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía hacemos un llamado a las y los senadores a aprobar YA la minuta y consolidar estos avances.
Quiénes somos:
La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio organizados para impulsar cambios profundos en la Ley Minera. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos afectados por proyectos mineros en los estados de Sonora, Morelos, Zacatecas, Puebla, Baja California Sur, Veracruz; Oaxaca; organizaciones como CartoCrítica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Consejo Maseual Altepetajpianij; EDUCA, El poder del consumidor; Engenera; Fundación Heinrich Böll; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Iniciativa Sinaloa; Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica; Organización Familias Pasta de Conchos; Oxfam México; PODER; Unión de Comunidades de la Sierra de Juárez; Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres y académicos y académicas de UIA, UAM y UNAM.
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, (ALDEA) es una articulación de pueblos, comunidades y organizaciones civiles con presencia en 18 estados de la República. Quienes la integramos, nos unimos por una necesidad compartida de transformar las estructuras de desigualdad e injusticia que durante años han mantenido en la marginación y la pobreza a los pueblos indígenas en nuestro país.
Redacción: Libera Radio, con información de https://twitter.com/Viri_Rios y https://evlyn.online/
Imagen: https://twitter.com/cambiemosla_ya
