- Esta consulta es una invitación urgente y colectiva a hacer del reconocimiento una realidad viva, construida desde la palabra de los pueblos.
Maira Olivo
Coordinadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo
Imaginemos un país que se mira al espejo y decide ignorar las huellas que narran su verdadera historia, las lenguas que resisten, los territorios que sostienen la vida comunitaria y las memorias que han sido transmitidas generación tras generación. Durante siglos, México ha caminado con una deuda histórica a cuestas, el reconocimiento pleno, jurídico y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta deuda no es únicamente normativa, sino profundamente social, cultural y política, pues ha implicado la persistencia de estructuras de desigualdad que han negado, invisibilizado o subordinado la existencia de los pueblos originarios y afromexicanos dentro del andamiaje del Estado mexicano.
La reforma al Artículo 2º constitucional en 2024 representó un avance histórico, pero por sí mismo, no garantiza su materialización efectiva en la vida cotidiana de las comunidades. Su plena realización exige un proceso de reglamentación y armonización legislativa que permita traducir el mandato constitucional en políticas públicas, instituciones y prácticas estatales concretas.
Por ello, la construcción de una Ley General es muy importante, al ser el instrumento jurídico que permitirá transitar del reconocimiento que se logró con la reforma a derechos concretos que puedan ser ejercidos y garantizados. Ello implica la asignación de presupuestos con pertinencia cultural, la consolidación de mecanismos de consulta verdaderamente vinculantes y el respeto integral a los sistemas normativos propios. Asimismo, supone garantizar el ejercicio pleno de los derechos territoriales, la libre determinación y la autonomía de los pueblos, no como principios declarativos, sino como condiciones materiales que reconfiguren la relación entre el Estado y las comunidades desde la justicia y el reconocimiento.
En este contexto adquiere especial relevancia lo ocurrido los días 19, 20 y 21 de junio de 2026, cuando, ante la presencia de integrantes de los tres poderes del Estado mexicano, el Comité Técnico Asesor para la elaboración de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, junto con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, integrado por representantes indígenas y afromexicanos de todo el país, quienes llevaron a cabo la revisión y aprobación del borrador de la iniciativa que será presentado en el proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para recoger sus opiniones, propuestas y observaciones. Este documento constituye la base de un proceso de consulta nacional dirigido a aproximadamente 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas, el cual se desarrollará mediante 80 asambleas nacionales, con el propósito de asegurar una participación amplia, plural y representativa en la construcción del marco jurídico que regirá los derechos colectivos de los pueblos. En este ejercicio se abre la posibilidad de que la palabra comunitaria no sólo sea escuchada, sino que se convierta en fundamento vivo de la ley, sembrando así un futuro construido desde la voz colectiva de los pueblos.
La propuesta de Iniciativa de Ley General se estructura en más de 450 disposiciones normativas agrupadas en ocho libros, en los que se desarrollan avances sustantivos en materia de principios de interpretación, como el principio pro comunidad, además, profundiza en el contenido del derecho a la libre determinación y la autonomía, regulando aspectos fundamentales como el autogobierno, las formas de organización comunitaria, los sistemas normativos, la jurisdicción indígena, el territorio y los demás derechos derivados del ejercicio de dicha autonomía. De igual forma, incorpora medidas de protección especial, igualdad sustantiva y acciones afirmativas orientadas a garantizar condiciones de justicia para las mujeres.
En el mismo sentido, regula de forma integral los procedimientos de consulta indígena y afromexicana, incluyendo estándares sobre medidas legislativas y administrativas, así como mecanismos de consentimiento y participación en los beneficios derivados de proyectos o decisiones que impacten a las comunidades. Adicionalmente, el proyecto define las obligaciones y competencias de los distintos órdenes de gobierno en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, estableciendo un marco claro de responsabilidades institucionales. Finalmente, incorpora disposiciones relativas a responsabilidades, procedimientos, delitos y sanciones, e integra como un aporte relevante la figura del juicio de amparo indígena y afromexicano, orientado a fortalecer el acceso a la justicia con pertinencia cultural y el reconocimiento efectivo de los derechos colectivos.
Más allá de los códigos jurídicos y la teoría, esta Ley General tiene rostro, voz y memoria, porque se construye desde la vida misma de los pueblos. Pensar en los pueblos indígenas es reconocer a quienes han sido guardianes de lenguas que nombran el mundo de formas que el español no alcanza a comprender, y personas defensoras del cuidado de la tierra, del agua y de los bienes naturales que sostienen la vida colectiva. Y junto a ellas se encuentran los pueblos afromexicanos, cuya raíz histórica ha sido largamente invisibilizada, pese a sus aportes fundamentales a la música, la gastronomía, la medicina tradicional y a la propia historia de México, tantas veces negados en la narrativa oficial.
Por ello, participar en esta consulta no es un acto administrativo, sino un acto de justicia; es afirmar que ninguna ley puede construirse sin la voz de quienes han sido históricamente marginados, y que negar su participación equivale a mantener sus territorios en la periferia de las decisiones nacionales, a permitir que se decida sobre sus tierras sin consulta previa, libre e informada, y a tolerar que una lengua se apague cada vez que una persona deja de hablarla por miedo a la discriminación. Por eso, esta consulta es una invitación urgente y colectiva a hacer del reconocimiento una realidad viva, construida desde la palabra de los pueblos.
