El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, con la que, asegura, busca garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales.
La propuesta pretende revertir la visión del agua como mercancía, instaurada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando las concesiones se convirtieron en títulos transmisibles y vendibles entre particulares. Ahora, el objetivo es que el recurso hídrico sea gestionado por la nación de manera ordenada, equitativa y transparente.
Entre los cambios planteados destacan: que el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua; la eliminación de la transmisión de concesiones entre particulares; el requisito de que toda prórroga de concesión sea revisada por la autoridad competente; y la creación de un nuevo Registro Nacional del Agua para brindar certeza jurídica a todos los usuarios.
La presidenta Sheinbaum afirmó que la iniciativa “es un paso importante hacia la gestión sostenible del recurso hídrico” y la calificó como “una buena forma de celebrar el primer año de Gobierno”.
La reforma también contempla fortalecer los procedimientos de sanción para evitar el uso indebido del agua y reconoce los sistemas comunitarios como parte esencial de la gestión local.
Se espera que con estas medidas se promueva un manejo más eficiente, transparente y responsable del agua en México.
