El 4 de febrero, se vivió algo inverosímil en Zihuatanejo y Petatlán. Gerentes y trabajadores de las empresas de venta de gas LP contaron que integrantes de La Familia Michoacana les lanzaron una advertencia: o compraban solo a ellos el combustible o asumían las consecuencias. Las gaseras cerraron y durante una semana hubo escasez de gas en las casas y negocios.
Esta medida no es nueva, en otras regiones del estado, las organizaciones criminales controlan desde la venta de carne de pollo, de res, puerco, el huevo, harina, la tortilla, el pan, así como la venta de materiales de construcción y muchos servicios, pero aquí le paramos, porque no acabaríamos con la lista.
En el caso del gas LP, surge una duda: ¿Una organización criminal, como la Familia Michoacana, puede vender el combustible sin la autorización, permiso de alguna autoridad? Para amenazar de esa forma, se cree, que esta organización criminal ya cuenta con una red de distribución y, por supuesto, con los permisos. ¿Desde la clandestinidad lo pueden lograr? O más bien: ¿Hay alguna autoridad que les ayude con esas gestiones?
Este domingo, en Zihuatanejo se restableció la distribución del gas LP, quedaron muchas dudas. ¿Por qué el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda negó problema en los primeros días? ¿Por qué tardó tanto en reaccionar? ¿Esperaba que los empresarios se las arreglaran por sí solos? ¿O se reanudó por qué los empresarios aceptaron el pacto con esta organización criminal?
Nos llama mucho la atención que desde los últimos ocho meses la Familia Michoacana ha cobrado relevancia. Si no nos creen, acá está un recuento, no tan breve desgraciadamente, de los hechos en los que se les relaciona.
El 26 de julio del 2022, la Marina, Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal desplegaron una amplia operación hacia Tierra Caliente. Cuando el convoy casi llegaba a Arcelia, en el crucero de Palos Altos, transportistas a bordo de sus unidades y ciudadanos les cerraron el paso.
Una de las versiones es que los presuntos líderes de la Familia Michoacana, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, se enteraron de la operación y de inmediato ordenaron cerrar la vía federal.
¿Quién les dio el pitazo?
Esta operación, entre policías y soldados y de la Fiscalía General del Estado (FGE), tenía como objetivo catear ranchos en Arcelia y San Miguel Totolapan, presuntamente propiedad de esos líderes criminales y que, según las autoridades, los utilizaban como casas de seguridad para tener cautivas a sus víctimas.
Pero qué creen, resulta que la jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, Isis Peralta, negó la orden de cateo que solicitó la FGE el 26 de julio contra las presuntas propiedades de los dirigentes de la FM.
Esto lo contó el entonces subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien precisó que la jueza ordenó el cateo hasta el 28 de julio, y ese retraso provocó que se frustrara la detención de los miembros de esa organización criminal.
Aún no se sabe si la jueza negó en forma inmediata la orden de cateo solicitada por la FGE por haber recibido amenazas del grupo de crimen organizado o ella recibió alguna orden de un alto nivel.
Con la fama de corrupción que tiene el Poder Judicial en Guerrero da mucho qué pensar. En este TSJ, el mero mero, Raymundo Casarrubias, actual aliado de los Salgado, tiene pleito con un grupo de caciques de este Tribunal que encabeza el magistrado Jesús Martínez Garnelo.
Volviendo al tema de la FM, hay que recordar que después de esa frustrada operación policiaco-militar de julio del 2022, tres meses después, el 10 de octubre, un grupo armado de al menos 50 hombres a bordo de varias camionetas cruzaron el entronque de Poliutla, municipio de Tlapehuala, y en menos de 30 minutos llegaron a San Miguel Totolapan, cabecera de este municipio.
En forma impune, los hombres armados asesinaron a tiros a 23 personas (la versión oficial es de que fueron 20) entre ellos el alcalde perredista Conrado Mendoza y a su padre, Juan Mendoza, quien fue edil de este mismo municipio en dos períodos seguidos, una por la vía de la reelección.
Para distraer la atención mediática, José Alfredo Olaoscoaga, acusó, a través de un video, que el grupo enemigo de la FM, Los Tequileros habrían realizado esa masacre.
El gobierno federal estableció que fue la FM la que llevo a cabo esa matanza.
El 8 de diciembre del 2022, un grupo de 80 hombres armados irrumpió a la cárcel de Coyuca de Catalán y obligó al director y al jefe de custodios entregarles al reo Samuel Ávila Marín.
Dos días después, el 10 de diciembre, hombres armados irrumpieron en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán y con engaños piden a los lugareños que se concentren en la comisaría para darles un mensaje importante.
Solo acuden al llamado menos de diez hombres, el grupo armado asesinó a balazos a siete y a uno lo dejan herido.
El 12 de diciembre, aparece el cadáver de Samuel Ávila, alías El Vago, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en el crucero que conduce a San Miguel Totolapan. La Familia Michoacana se atribuye el asesinato de El Vago, al que consideró su enemigo porque pertenecía al grupo Los Tequileros.
En esas mismas fechas se difunden audios de presuntos miembros de la FM que se atribuyen la masacre de los siete hombres en El Durazno, una comunidad que se conecta con pueblos de la Costa Grande y, donde, desde hace años, es reducto de otros grupos del crimen organizado.
La pregunta es por qué después de la masacre de San Miguel Totolapan, su irrupción en la cárcel de Coyuca de Catalán y posteriormente la matanza de El Durazno, tres hechos realizados en menos de seis meses ¿los gobiernos federal y estatal no han actuado contra la FM?
Pero eso no es todo. Un caso que se considera sumamente grave y que hasta el momento el gobierno del estado sigue sin aclarar, es lo que ocurrió en la comunidad de El Parotal, municipio de Tecpan de Galeana, el pasado 28 de enero.
Las versiones de los lugareños de El Parotal es que un grupo de policías estatales irrumpieron en su pueblo en donde se metieron a sus casas y se robaron sus pertenencias. Ya cuando los agentes se retiraban en sus patrullas los pobladores les cerraron el paso.
La gente exigió la credencial de identificación a los uniformados, pero como tres de ellos se negaron a obedecer la orden, se armó una discusión.
Fue entonces que se armó un enfrentamiento a balazos, recalcamos que según la versión de los pobladores, que al pasar de los días sigue siendo la única dada a conocer, porque como hemos contado, este gobierno está atrincherado y es muy hermético en cuanto a informar.
El caso es que hubo cinco muertos, uno de ellos, el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE), el capitán de la Marina, Jaime Téllez Ruiz, otro agente y los tres individuos que iban “infiltrados” en la operación.
Los lugareños aseguran que Téllez Ruiz fue el que protegió a los tres presuntos miembros de la FM.
En videos que circularon en las redes sociales, que habrían sido filtrados por los lugareños de El Parotal, se ve a una mujer policía que el sábado 28 de enero acepta que los tres hombres se sumaron al convoy, al menos uno, desde el hotel Fiesta Americana de Acapulco.
Esos tres presuntos infiltrados y que murieron en el enfrentamiento, según la versión de los pobladores, son miembros de la FM.
En otro video se ve como al grupo de policías estatales desarmados y sometidos contestan a la pregunta que les hace un individuo del que solo se escucha su voz.
¿Con qué grupo venían? Pregunta.
«Con la Familia Michoacana», contestan casi al unísono los agentes estatales, quienes están hincados y sometidos, horas antes de que fueran rescatados por los secretarios de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez y el general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
A dos semanas de estos hechos el gobierno de Evelyn Salgado Pineda no ha informado varias situaciones: ¿En verdad hay orden oficial de esa operación policiaca y realmente fue un enfrentamiento entre los pobladores y los agentes? ¿O fue otra masacre?
Publicado en: amapolaperiodismo
