El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) responsabilizó al Estado mexicano de la “inacción” y “omisiones en su deber” para realizar un censo sobre los más de 4 mil desplazados por la violencia del crimen organizado en Tila, así como para brindarles atención humanitaria y reparación integral de los daños tras las agresiones armadas, quema de casas y robo de pertenencias registrados entre los pasados 4 y 7 de junio.
“No se trata de una omisión aislada, el patrón en Chiapas ha sido la negación, ocultamiento y minimización del desplazamiento forzado y las causas violentas que lo ocasionan. Por estos motivos responsabilizamos a los gobiernos federal y estatal de la actual crisis de violencia y desplazamiento en Chiapas”, señaló el Frayba en un comunicado.
El Centro de Derechos Humanos añadió que “la responsabilidad del Estado” en la profundización de la violencia en Tila y la falta de atención a las víctimas “es clara”, pues “ha desatendido, administrado e incluso fomentado el conflicto por acción y omisión, a la vez que ha mantenido en impunidad los crímenes cometidos, permitiendo con ello el escalamiento actual”.
Lee No hay garantías para regresar, acusan los más de 4 mil desplazados por la violencia en Tila
“La problemática en Tila posee una larga data en la que se han profundizado las disputas políticas y la polarización social en un entramado complejo de actores, hasta un punto actual en que se señala la aparición de diferentes grupos armados responsables de la comisión de actos violentos que constituyen graves violaciones a derechos humanos como asesinatos y desapariciones”, puntualizó el Frayba.
La organización llamó a las autoridades estatales y federales a atender integralmente a las víctimas del desplazamiento forzado en Tila a través del levantamiento de los censos correspondientes y de la identificación de las necesidades diferenciadas de poblaciones en vulnerabilidad. Además, exigió la investigación de todos los hechos violentos cometidos “tanto en el marco de esta explosión de violencia como durante todos sus antecedentes, con el fin de reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y desarticular a los grupos armados existentes”.
A casi dos semanas del desplazamiento de más de 4 mil mujeres, hombres, niños y adultos mayores, en su mayoría choles, los pobladores aseguran que no existen las condiciones para regresar de forma segura al ejido de Tila, a pesar de que el gobierno intentó convencerlos de retornar.
A continuación el comunicado completo:
El ejido Tila vive una crisis de violencia. De acuerdo a testimonios, entre los días 4 y 7 de junio de 2024 un grupo armado ocupó el poblado provocando graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, violaciones sexuales en contra de mujeres, personas heridas, quema de casas y saqueo de bienes. Durante estos días los habitantes se mantuvieron resguardados al interior de sus domicilios. 1
De acuerdo a testimonios recibidos, el día 7 de junio, tras la entrada del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y coorporaciones estatales, se desplazaron más de cuatro mil civiles hacia otras localidades. Estas fuentes refieren que durante los días siguientes el desplazamiento continuó en miles. Fuentes diversas refieren estimaciones distantes que van de las seis mil a las doce mil víctimas de desplazamiento forzado. Entre los lugares de resguardo se encuentran Yajalón, Petalcingo, El Limar, Salto de Agua, entre otros.
Responsabilizamos al Estado mexicano, por su inacción en el levantamiento de un registro de las personas desplazadas que dé certeza sobre la cantidad de personas afectadas e impactos diferenciados. Así como de las omisioes en su deber de atención humanitaria y reparación integral.Recordamos que la ley local en materia de desplazamiento forzado 2, establece el deber de llevar a cabo estos censos y atención.
No se trata de una omisión aislada, el patrón en Chiapas ha sido la negación, ocultamiento y minimización del desplazamiento forzado y las causas violentas que lo ocasionan. Por estos motivos responsabilizamos a los gobiernos federal y estatal de la actual crisis de violencia y desplazamiento en Chiapas.
La problemática en Tila posee una larga data en la que se han profundizado las disputas políticas y la polarización social en un entramado complejo de actores, hasta un punto actual en que se señala la aparición de diferentes grupos armados responsables de la comisión de actos violentos que constituyen graves violaciones a derechos humanos como asesinatos y desapariciones.
La responsabilidad del Estado es clara, durante todo este tiempo ha desatendido, administrado e incluso fomentado el conflicto por acción y omisión, a la vez que ha mantenido en impunidad los crímenes cometidos, permitiendo con ello el escalamiento actual.
Hacemos un llamado enérgico a las autoridades estatales y federales a atender integralmente a las víctimas del desplazamiento forzado en Tila, levantando los censos correspondientes así como identificando las necesidades diferenciadas de poblaciones en vulnerabilidad.
Exigimos la investigación de todos los hechos violentos cometidos tanto en el marco de esta explosión de violencia como durante todos sus antecedentes, con el fin de reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y desarticular a los grupos armados existentes.
Desde el Frayba nuestro compromiso es por la paz, por un pueblo que pueda vivir en armonía. Nos solidarizamos con los habitantes por toda la situación de violencia que viven.
Hacemos un llamado a construir la unidad y una paz duradera, desde la pluralidad de voces, a través del diálogo y la no violencia donde quepan todas y todos. Creemos que frente a la tempestad alimentada por el Estado e intereses sombríos, los pueblos poseen la capacidad de tejer lazos, de encontrarse frente al prójimo para lograr acuerdos que permitan el buen vivir.
1Red TDT. Alto a la inseguridad en Tila, Chiapas, Acción Urgente. Disponible en: https://redtdt.org.mx/archivos/18982
2Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado De Chiapas.
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