Texto publicado en colaboración con el área de Difusión del Colegio de Sonora.
Por Gloria Ciria Valdéz Gardea*
La muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, mexicano de 56 años, ocurrida el 17 de octubre de 2026 en el Centro de Procesamiento Río Grande del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Laredo, Texas, constituye un hecho profundamente lamentable que exige esclarecimiento y rendición de cuentas. Su familia ha denunciado que, durante su detención, no recibió los medicamentos ni la atención médica que necesitaba, pese a sus problemas de salud. Mientras se investigan las circunstancias de su fallecimiento, este caso recuerda la obligación de las autoridades de garantizar la vida, la integridad y la dignidad de todas las personas bajo su custodia, independientemente de su situación migratoria. Su muerte, al igual que la de tantas otras personas, no puede quedar sin una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con información difundida por organizaciones de la sociedad civil, entre 2025 y lo que va de 2026, aproximadamente más de 70 personas han fallecido durante persecuciones u operativos del ICE o en centros de detención migratoria en Estados Unidos. La mayoría son hombres latinos. Estas muertes exigen atención pública, investigación y acciones concretas para prevenir nuevas pérdidas de vidas.
Ante esta realidad, el Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora invita a la puesta del altar Rostros del ICE: Memoria de quienes no regresaron, que tendrá lugar en el patio central de las instalaciones de El Colegio de Sonora el jueves 29 de octubre a las 12 del día, como un acto de memoria, denuncia y solidaridad con las familias de las personas migrantes fallecidas. Durante el evento se dará lectura a un pronunciamiento internacional y se expondrán fotografías y nombres de personas que perdieron la vida durante 2025 y 2026, con el propósito de honrar sus vidas, visibilizar las circunstancias de sus muertes y exigir verdad, justicia y rendición de cuentas.
Ponerles rostro a los números es devolverles su humanidad
Detrás de cada cifra hay una persona con un nombre, una historia, una familia, afectos y proyectos de vida. Hay madres y padres, hijos e hijas, personas que trabajaron, cuidaron, soñaron y construyeron vínculos. Cada muerte deja ausencias que marcan la vida de sus seres queridos y, en muchos casos, preguntas sin respuesta, incertidumbre y dificultades para acceder a la justicia.
Con este altar, el Seminario Niñez Migrante busca que sus rostros no se pierdan en las estadísticas ni que sus muertes se conviertan en hechos ante los que la sociedad termine acostumbrándose. Nombrarlos, mostrar sus rostros y dedicarles un espacio de memoria es reconocer que sus vidas importaban y siguen importando. Es también una forma de acompañar simbólicamente a sus familias y de recordar que ninguna persona pierde su dignidad por su nacionalidad o situación migratoria.
Este altar no es solamente un espacio para recordar a quienes murieron: es una invitación a mirar, a preguntarnos y a no permanecer indiferentes. Cuando la muerte se convierte en una cifra, corremos el riesgo de olvidar a la persona; cuando recuperamos su rostro y su historia, reconocemos también nuestra responsabilidad frente a su ausencia. La memoria es una forma de resistir la indiferencia y de afirmar que ninguna vida debe considerarse prescindible.
Desde el Seminario Niñez Migrante sostenemos que la defensa de los derechos de las personas migrantes también implica reconocer las consecuencias de las políticas y los operativos migratorios sobre sus familias, especialmente sobre las niñas, los niños y los adolescentes. Las muertes de madres, padres y otras personas cercanas dejan huellas profundas en las infancias. Ninguna política migratoria puede justificar que la dignidad humana quede subordinada a la condición migratoria de una persona.
Por ello, hacemos un llamado a las autoridades de Estados Unidos y México, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional para que:
- Garanticen investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes sobre las muertes ocurridas bajo custodia del ICE, durante persecuciones, operativos y otras acciones vinculadas con el control migratorio, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
- Protejan la vida y la integridad de las personas migrantes, mediante condiciones dignas de detención, atención médica oportuna, acceso a representación legal y medidas eficaces para prevenir abusos, negligencia y muertes evitables.
- Garanticen a las familias el derecho a la verdad y a la justicia, mediante información oportuna, trato digno, acompañamiento jurídico y psicológico, y acceso a los mecanismos de investigación y reparación correspondientes.
- Revisen las políticas y prácticas de control migratorio que ponen vidas en riesgo y adopten medidas efectivas para prevenir la violencia, los abusos y la deshumanización de las personas migrantes.
- Fortalezcan la supervisión, la cooperación internacional y la rendición de cuentas, con la participación de organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, para esclarecer las muertes y establecer garantías de no repetición.
- El gobierno de México asuma un papel activo en la defensa de las personas mexicanas fallecidas en Estados Unidos y de sus familias, mediante gestiones diplomáticas y consulares que contribuyan a exigir investigaciones y explicaciones, brindar asesoría y acompañamiento jurídico, consular y psicológico, y apoyar la repatriación de los restos cuando las familias así lo soliciten. La protección consular debe contribuir tanto a prevenir nuevas pérdidas de vidas como a garantizar verdad y justicia para quienes han fallecido.
Nombrarlos es resistir. Recordarlos es exigir justicia.
*Profesora-investigadora del Centro de Estudios Transfronterizos de El Colegio de Sonora.
