Organizaciones ambientalistas cuestionan la autorización de la terminal gasera y advierten riesgos para la biodiversidad del Golfo de California. La ASEA defiende el procedimiento de evaluación y anunció que impugnará una resolución judicial.
Hermosillo, Sonora, 21 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno revisará nuevamente los impactos ambientales del proyecto AMIGO GNL, una terminal de licuefacción y exportación de gas natural prevista en Guaymas, Sonora, cuya construcción permanece detenida por resoluciones judiciales promovidas por organizaciones ambientalistas.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria afirmó que se realiza una revisión para responder al procedimiento judicial y sostuvo que su administración no permitirá una afectación grave al Golfo de California.
«No vamos a cometer una barbaridad de impactar negativamente al Golfo de California», declaró.
Sin embargo, la controversia va más allá de los posibles daños ambientales. El proyecto también enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de su autorización, la transparencia de la consulta pública y la información proporcionada por las autoridades durante el juicio.
Un proyecto con permisos, pero sin autorización para avanzar en las obras
AMIGO GNL contempla recibir gas natural procedente de Estados Unidos, procesarlo para convertirlo en gas natural licuado y transportarlo mediante buques hacia mercados internacionales, principalmente asiáticos.
El desarrollo está vinculado con la empresa LNG Alliance y la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas.
Aunque cuenta con permisos energéticos y una autorización ambiental emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el proyecto permanece sujeto a suspensiones judiciales.
La organización Nuestro Futuro A. C., acompañada por ARTICLE 19, promovió un juicio de amparo para cuestionar aspectos de la consulta pública y la evaluación ambiental.
Una primera suspensión definitiva fue concedida en mayo. Posteriormente, el 18 de septiembre, se otorgó otra medida judicial que, de acuerdo con los representantes de la organización, impide que la autorización ambiental surta efectos y que comiencen las obras mientras continúa el litigio.
El proyecto está detenido, pero no cancelado.
La autorización ambiental y las contradicciones en el procedimiento
Uno de los aspectos más controvertidos del caso surgió cuando la ASEA informó al juzgado, el 20 de mayo, que no había otorgado una autorización de impacto ambiental.
Sin embargo, posteriormente se conoció que la dependencia había emitido el resolutivo desde el 13 de abril y lo había notificado a la empresa al día siguiente.
La ASEA sostiene que la autorización fue otorgada antes de las suspensiones dictadas en mayo y que el procedimiento de evaluación cumplió los requisitos legales.
También informó que durante la consulta pública, realizada entre febrero y marzo, recibió 4 mil 804 promociones electrónicas.
La dependencia estableció condiciones ambientales para el proyecto, entre ellas limitar a 60 los arribos anuales de buques metaneros, restringir las obras marinas entre diciembre y abril y monitorear posibles afectaciones a mamíferos marinos, tortugas, delfines, tiburones y rayas.
No obstante, las organizaciones promoventes consideran que esas medidas no resuelven los cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental de instalar una terminal de estas características en el Golfo de California.
La controversia se profundizó después de que se conociera una resolución judicial relacionada con irregularidades en el procedimiento de autorización ambiental.
El 19 de octubre, la ASEA anunció que impugnaría esa determinación, al considerar que existen antecedentes judiciales que respaldan su actuación.
Por lo tanto, la legalidad de la autorización continúa en disputa y será materia de nuevas decisiones judiciales.
Sheinbaum defiende el proyecto y minimiza su impacto territorial
Durante su conferencia de este miércoles, la presidenta afirmó que la terminal ocuparía apenas el 0.05% de la superficie de la zona de producción de Guaymas y que su operación representaría un incremento aproximado del 4% en el número de embarcaciones que ingresan al área.
También sostuvo que los buques utilizarían rutas marítimas ya existentes.
«No es que sea una zona nueva, distinta, sino es una zona ya impactada y tiene ventajas», señaló.
Estas cifras corresponden a la evaluación presentada por el Gobierno federal y no constituyen, por sí solas, una demostración de ausencia de impactos ambientales.
Las organizaciones opositoras advierten que deben evaluarse los efectos acumulativos del tráfico marítimo, el ruido submarino, la actividad industrial y la infraestructura asociada al transporte de gas.
En particular, han expresado preocupación por las posibles afectaciones a las ballenas y otras especies que habitan o transitan por el Golfo de California.
Científicos y organizaciones cuestionan la evaluación
En Guaymas, especialistas y organizaciones ambientales han insistido en que la discusión no puede limitarse a la superficie que ocupará la terminal.
El biólogo marino Arturo Ramírez cuestionó públicamente la rapidez del procedimiento de evaluación y señaló que un proyecto de esta magnitud requiere un análisis exhaustivo de sus efectos sobre el ecosistema.
De acuerdo con información difundida por Meganoticias, más de cien personas dedicadas a la investigación científica han expresado preocupación por los impactos que podrían generar proyectos de este tipo en el Golfo.
La coalición ¿Ballenas o Gas? también ha desarrollado una campaña de información sobre los riesgos ambientales asociados con las terminales de gas natural licuado proyectadas en las costas sonorenses.
El futuro de AMIGO GNL sigue en manos de los tribunales
La revisión anunciada por Sheinbaum no elimina las suspensiones judiciales ni resuelve las impugnaciones pendientes.
Por ahora, el proyecto mantiene autorizaciones administrativas cuestionadas judicialmente y no puede avanzar en las obras mientras permanezcan vigentes las medidas que lo impiden.
La controversia plantea dos cuestiones fundamentales: si la evaluación ambiental fue realizada conforme a la ley y si las medidas propuestas son suficientes para proteger la biodiversidad del Golfo de California.
La decisión sobre el futuro de AMIGO GNL dependerá tanto de las resoluciones judiciales como de la capacidad de las autoridades para demostrar, con información pública y verificable, que se han evaluado adecuadamente sus posibles impactos.
