Organizaciones y comunidades rurales del Río Sonora han emitido una grave denuncia contra el Gobierno del Estado de Sonora, acusándolo de “desvirtuar” y “manipular” la Consulta Pública propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el proyecto de la presa Puerta del Sol, en Ures. Señalan que en días recientes se han violado los principios fundamentales de una eventual consulta: que sea libre, previa, informada y de buena fe, y exigen la intervención de organismos de derechos humanos y ambientales.
Polémica, desgaste y distanciamiento ha causado la campaña en favor de la construcción de la presa Puerta del Sol en el municipio de Ures, toda vez que cientos de funcionarios de diversas dependencias y niveles fueron enviados a “tratar de convencer” a las y los ureneses de las bondades de la presa Puerta del Sol,
Y es que, según expresan los opositores, en lugar de propiciar un diálogo público abierto y de mutuo respeto, se optó por la estrategia de la coacción: brigadas van casa por casa preguntando necesidades concretas para luego, cuando ya tienen un esquema explícito de las vulnerabilidades de aquél hogar, pasan a preguntar que si “qué opina de la construcción de las presas”.
Esta estrategia, de acuerdo a la denuncia del Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, son “operativos de desinformación y manipulación”, lo que ha convertido la iniciativa propuesta por el Gobierno de México en un ejercicio viciado que busca únicamente legitimar una decisión ya tomada.
La crítica se centra en la transgresión de los cuatro pilares de debiera o deberá tener una consulta pública legítima:
Violación al Principio de “Buena Fe”: Se afirma que el proceso, hasta hoy, no ha sido un diálogo equitativo, sino una “imposición disfrazada“. El actuar del Gobierno del Estado demostraría una falta de imparcialidad, socavando la igualdad de condiciones para que todas las partes influyan en la decisión final.
Violación al Principio de “Libre”: Se argumenta que la consulta dejó de ser libre debido a la interferencia de funcionarios públicos que utilizaron programas sociales, ejercieron presiones institucionales y difundieron “propaganda engañosa” para influir en la opinión de los pobladores.
Violación al Principio de “Previa”: Este principio se quebrantó al intentar ingresar maquinaria y adelantar acciones en las comunidades antes de que se llevara a cabo la consulta. Toda ejecución, señalan, deben ser posterior al proceso consultivo.
Violación al Principio de “Informada”: Las comunidades denuncian la falta de información técnica, ambiental y social completa. Acusan que solo se han difundido “discursos políticos y mensajes superficiales, “sin presentar documentos oficiales, estudios de impacto ambiental o realizar foros técnicos serios”. Es hasta hace unos días que se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero no ha sido sociaizada por el gobierno.
La denuncia subraya que “la coerción ejercida contra las comunidades está plenamente documentada.” Se mencionan evidencias públicas en redes sociales y medios locales que muestran la participación activa de funcionarios de diversas dependencias estatales y federales.
Entre los servidores públicos señalados se encuentran personal del INEGI, DIF Sonora, Secretaría de Educación y Cultura y hasta personal del Congreso del Estado de Sonora, quienes supuestamente intentaron ocultar con hojas de papel los distintivos de vehículos oficiales. La presencia de estos funcionarios, ajena a sus atribuciones, constituye para los denunciantes un uso indebido de recursos humanos y públicos con el fin de orientar una decisión que debería ser autónoma de la comunidad.
Llamado Urgente a Organismos Nacionales e Internacionales
Ante esta situación, las comunidades han lanzado un llamado urgente a diversas entidades nacionales e internacionales para que brinden acompañamiento, supervisión y protección a las comunidades rurales del Río Sonora.
La petición va dirigida a organismos defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, incluyendo: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Transparencia Internacional, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
De acuerdo a los denunciantes, las comunidades enfrentan actualmente “el uso del aparato gubernamental, de recursos públicos y de instituciones oficiales como mecanismos de presión política, en un proceso que carece de las condiciones mínimas de legalidad, transparencia y respeto.”
Redacción: Libera Radio, con apoyo de IA, imágenes de redes.
