Comités de Cuenca señalan vacíos tres reunión con autoridades sobre el Río Sonora
Comunicado de los Comités de Cuenca del Río Sonora:
- Las autoridades presentan aciertos en los contenidos de sus programas, pero dejan pendientes significativos, considerando la grave situación de degradación ambiental que enfrenta la población de la cuenca
- El inicio de ejecución de las obras de remediación iniciaría en agosto de 2026, debiendo culminar en diciembre de este mismo año.
- Las autoridades del agua y de salud no presentaron calendarización de obras, ni se prevén medidas a corto plazo a favor de habitantes que ya presentan impactos en salud.
Hermosillo, Sonora, a 10 de febrero de 2026. El 29 de enero de 2026, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) nos reunimos con autoridades federales y estatales en materia ambiental y sanitaria para sostener un diálogo en torno al nuevo plan de atención integral que se pretende implementar en la cuenca del Río Sonora, y que fuera anunciado el 23 de diciembre pasado. A la reunión asistieron la Lic. Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Dr. Arturo Gavilán, titular de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, así como autoridades de CONAGUA, IMSS Bienestar, Gobierno del Estado, académicos aliados y las comunidades afectadas representadas por los CCRS.
La reunión tuvo como eje tres áreas fundamentales que definen el futuro de la región: remediación ambiental, agua potable y salud. Lo presentado por las autoridades tiene aciertos, pero deja pendientes significativo si se considera la grave situación que enfrenta la población de la cuenca y que sigue costando la vida de los ribereños. Si una de estas medidas falla, falla todo.
REMEDIACIÓN DEL RÍO SONORA
El Dr. Arturo Gavilán presentó un nuevo plan de remediación, que consiste en la implementación de cinco fases: 1) estudios preliminares, con acciones de muestreos, modelado de contaminantes, selección de aditivos estabilizadores y medición de sedimentos; 2) desarrollo del proyecto ejecutivo; 3) envío a confinamiento controlado y construcción de celdas; 4) transporte de suelos y; 5) monitoreo y mantenimiento. El proyecto integral tendría una duración de un año y las actividades de la primera fase darían inicio este mismo mes con acompañamiento de representantes de las comunidades afectadas.
Aunado a esto, se informó que el costo integral del proyecto sería de $655,000,000.00 y la cantidad estimada de suelo a remediar de 256,000 toneladas y 32 polígonos, incluyendo una extensión para la zona 5 del programa, que pueda abarcar la presa Abelardo L. Rodríguez debido a denuncias de inconsistencias en el manejo de los recursos hídricos y trasvase de agua contaminada a este reservorio.
Consideramos esto un paso positivo, aunque insuficiente si no se garantiza transparencia, cumplimiento y rendición de cuentas.
AGUA POTABLE
La Dra. Katy Treviño Macías, directora técnica del Organismo de Cuenca Noroeste de Conagua, presentó un vago plan de acciones en materia de agua, entre lo que destaca: 1) trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 6 plantas potabilizadoras existentes en Bacanuchi, Banamichi, San Felipe de Jesús, Mazocahui, La Capilla y San Rafael de Ures; 2) la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras para los pueblos de: Arizpe, Chinapa, Acónchi, San Pablo, Rodeo, Baviácora, Suaqui, San José de Baviácora, La Aurora, La Labor, Huépac, Topahue, Guadalupe de Ures, Ures, Saúz y el Huahui; 3) 16 sistemas de desinfección en los pueblos: Sinoquipe, Tahuichopa, Bámori, La Estancia, El Molinote, Las Delicias, La Mora, Molino de Camou, Buena Vista, San José de Gracia, Ranchito de Huépac, Ojo de Agua, Puerta del Sol, San Pedro de Ures, Santiago de Ures y La Estancia de Ures; 4) estaciones automáticas de monitoreo de calidad del agua; 5) un centro de visualización en Ures con el propósito de administrar la información de las estaciones automáticas; 6) equipamiento y operación de un laboratorio regional para realizar análisis de las muestras de manera bimestral.
Se contempla que la operación y mantenimiento de las obras y acciones para dotar de agua limpia a la población afectada tenga una duración de hasta por 5 años, sin explicar los criterios en los que se basaron para determinar este plazo tan restringido. Asimismo, ante los cuestionamientos de la población respecto al número de plantas tratadoras y su ubicación, se informó que la decisión fue tomada a partir de los resultados de los monitoreos históricos del agua superficial y subterránea. Sin embargo, a pesar de que se ha comprobado que los pozos de Tahuichopa y Puerta del Sol -que están a la orilla del río- continúan contaminados, solamente contarán con sistemas de desinfección; y por otro lado, Chinapa, localidad ubicada fuera de los sitios impactados, sí contaría con una planta.
La representante de Conagua tampoco esclareció la calendarización ni las personas funcionarias designadas para implementar los proyectos, así como los costos de construcción, mantenimiento y operación que tendrían las obras
El problema no es solamente la construcción de plantas potabilizadoras, sino la falta de claridad en la propuesta gubernamental. Persiste la desconfianza en los resultados de los monitoreos, pues estos no suelen transparentarse, por lo que propusimos monitoreos duplicados por académicos de la Universidad de Sonora que esperamos acepten las autoridades.
SALUD HUMANA
El nuevo plan de justicia contempla la reanudación de la construcción de la clínica que quedó en obra negra en Ures, comprometida por Grupo México durante el fideicomiso. Esta obra funcionaría como hospital regional y estaría equipado con un laboratorio especializado en metales pesados, área de monitoreo ambiental y seguimiento toxicológico, así como un centro de salud renal, 17 consultorios, banco de sangre, cospología, laboratorio e imagenología.
Se prevé la conclusión de su construcción y equipamiento en un año, con recursos derivados del convenio firmado entre las autoridades y la empresa responsable, así como recursos provenientes de presupuesto del IMSS Bienestar para la operación y mantenimiento.
Sin embargo, las autoridades sanitarias omitieron exponer las medidas de atención urgente que se implementarían a corto plazo destinadas a la población que ya presenta enfermedades causadas por la alta exposición a metales pesados sin sintomatología, especialmente a población vulnerable, así como personas que requieren tratamientos de por vida, según el abordaje toxicológico realizado por la propia Secretaría de Salud. Ante nuestra exigencia de atención en tiempo cero se respondió que la atención para enfermos graves está condicionada a sintomatología. Esto resulta gravísimo, ya que, del estudio realizado por la propia secretaría, es imperante que se implementen acciones a corto plazo, pues el no hacerlo equivale a una negligencia que implica el costo de vidas humanas. Existen además como resoluciones judiciales en materia de amparo y recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las que se les ha ordenado acciones por resultar imperativas para salvaguardar la vida y la salud de la población, Además, se estima que el 30% de la población tiene anemia, condición que incrementa la absorción de metales pesados. Para esto, no hubo respuesta.
NO REPETICIÓN Y EL DERECHO A LA VERDAD
La lucha de los CCRS es un referente a nivel nacional por la exigencia de participación en temas ambientales, siendo la primera comunidad no indígena en lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera su derecho a participar en procesos de justicia ambiental. No obstante, el gobierno federal firmó un nuevo convenio con Grupo México sin la participación de las comunidades y sin transparentar su contenido. No existe certeza respecto al rumbo de los procesos de justicia ya existentes, incluyendo el Fideicomiso, cuyo cierre fue anulado en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante este panorama, exigimos la garantía de no repetición de vicios y simulación de participación en este nuevo proceso de justicia, pues aún falta claridad sobre la designación de los funcionarios responsables, los mecanismos de garantía y cumplimiento, así como los procesos de participación efectiva de las comunidades afectadas.
EXIGENCIAS DE LOS COMITÉS DE CUENCA DEL RÍO SONORA
Demandamos:
1. Transparencia de resultados de monitoreo de la contaminación ambiental en aire, agua, suelo y sedimentos.
2. Plan de salud y medidas urgentes de atención para toda la población afectada, incluyendo monitoreo y acciones preventivas desde ya. La entrega de los expedientes de salud realizados por CENAPRECE.
3. Participación comunitaria efectiva en todas las fases de los proyectos.
4. Publicación y transparencia del convenio celebrado entre el gobierno federal y Grupo México, así como la regulación efectiva a la empresa para que no ocurra otra tragedia.
5. Exigimos que el gobierno abandone los plazos sexenales y se comprometa con un Plan de Estado transexenal, ya que la contaminación por metales pesados no se resuelve en 5 años.
6. El seguimiento y culminación de los procesos legales instaurados en contra de la empresa responsable, como garantía a nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición.
LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES
Hacemos un llamado respetuoso pero firme a:
- Lic. Mariana Boy, titular de PROFEPA
- Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum
- Dra. Alicia Bárcena, titular de SEMARNAT
- Lic. Efraín Morales López, director general de CONAGUA
- Dr. Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar
Exijan a sus subalternos escuchar con atención a las comunidades del Río Sonora y actúen con la urgencia que esta crisis requiere.
No pedimos privilegios. Pedimos información, salud, agua limpia, transparencia y participación. La vida y el futuro de nuestra región están en juego.
Atentamente,
¡Justicia, Reparación y No Repetición!
Comités de Cuenca Río Sonora
