Hermosillo, Sonora, 15 de junio de 2026.- Integrantes de Conservando los Valores de la Familia (Covafam) y de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles denunciaron este lunes lo que calificaron como una estrategia de “represión política” por parte del Congreso de Sonora y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el contexto de la toma del recinto legislativo que mantienen desde hace 56 días y una huelga de hambre que suma 26 jornadas.
Durante una conferencia de prensa, la dirigente Lizeth Villalobos López informó seis acciones legales y políticas que emprenderá el movimiento en respuesta a las denuncias penales promovidas por diputados locales contra maestras y representantes de las estancias infantiles.
El primer punto estuvo relacionado con la actuación de la Fiscalía estatal, a la que acusaron de abandonar su carácter autónomo para convertirse en un instrumento de ejecución política. Las manifestantes señalaron que la institución carece de objetividad e imparcialidad en el manejo de las denuncias interpuestas por legisladores.
Covafam dio a conocer que la denuncia fue promovida por integrantes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado, bajo el presunto delito de desobediencia y resistencia de particulares.
En una segunda cápsula informativa, las representantes del movimiento sostuvieron que la falta de respuesta a sus demandas durante los últimos siete años constituye una forma de negligencia institucional. Acusaron tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo estatal de mantener bloqueados recursos destinados a estancias infantiles y de incumplir compromisos relacionados con la educación inicial.
Dentro de este mismo apartado recordaron que existe una sentencia de amparo favorable a las estancias infantiles, identificada con el expediente 758/2023, cuyo cumplimiento, afirmaron, continúa pendiente por parte de las autoridades responsables.
Como tercer punto, anunciaron la promoción de un nuevo juicio de amparo por presuntas omisiones gubernamentales acumuladas durante los últimos siete años, al considerar que las instancias estatales han ignorado de manera sistemática sus solicitudes y planteamientos.
Sin embargo, el anuncio más relevante de la conferencia estuvo relacionado con la estrategia jurídica que desplegarán frente al proceso penal iniciado en su contra.
En la cuarta cápsula, Covafam informó que prepara demandas por responsabilidad patrimonial del Estado y acciones legales contra servidores públicos, al considerar que tanto el Congreso como dependencias del Ejecutivo han causado daños derivados de actos u omisiones administrativas.
Las dirigentes sostuvieron además que los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política carecen de facultades para promover denuncias penales en representación del Congreso, por lo que consideran que existe un abuso de poder que será llevado ante tribunales.
Durante la ronda de preguntas, Villalobos confirmó que varias integrantes del movimiento ya comparecieron ante autoridades ministeriales y fueron sometidas a interrogatorios como parte de la investigación en curso.
Reconoció que, dentro del escenario jurídico más adverso, las personas denunciadas podrían enfrentar consecuencias que impliquen la pérdida de la libertad, aunque aseguró que el movimiento dará seguimiento legal a cada etapa del procedimiento.
“En un procedimiento penal, el peor escenario siempre es la pérdida de la libertad”, afirmó.
Asimismo, señaló que resulta contradictorio que el Congreso aparezca como denunciante cuando, según su interpretación, existe una resolución judicial que señala al propio Poder Legislativo como responsable del incumplimiento de una sentencia de amparo.
Como quinta acción, Covafam anunció que llevará el caso ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, UNICEF y el Parlamento Europeo.
Las manifestantes argumentaron que la denuncia penal representa un intento de criminalizar una protesta pacífica protegida por la Constitución y respaldada por resoluciones judiciales emitidas dentro del juicio de amparo relacionado con el conflicto.
En la sexta cápsula reiteraron que la solución al conflicto pasa por la instalación de una mesa de diálogo con capacidad resolutiva y no por acciones legales o medidas de presión contra las integrantes del movimiento.
Las representantes de Covafam insistieron en que mantendrán la clausura ciudadana del Congreso mientras no exista una respuesta concreta a sus demandas relacionadas con el financiamiento de estancias infantiles y la creación de un sistema estatal de educación inicial.
Actualmente, señalaron, la organización agrupa a 26 centros de atención infantil en Sonora, donde reciben servicio alrededor de mil 560 niñas y niños.
Redacción.
