Texto publicado en colaboración con el área de Difusión del Colegio de Sonora.
Por: Rubén Carreón Diazconti,
Hay guerras que se pierden porque no alcanzan sus objetivos. Y hay guerras que, aunque fracasen en lo que prometieron, triunfan en algo mucho más perverso: cambian nuestra manera de pensar. La llamada “guerra contra las drogas” pertenece a esta segunda categoría.
Durante décadas nos prometieron un mundo libre de drogas. No lo consiguieron. Las drogas siguen circulando, los mercados clandestinos siguen existiendo y millones de personas continúan consumiendo sustancias. Pero la guerra sí consiguió algo: instalar en el imaginario colectivo la idea de que quien consume drogas representa un mal que debe ser eliminado, corregido, encerrado o, cuando menos, mantenido lejos de nuestra vista. Ese es quizá su triunfo más profundo.
Una reciente reflexión publicada por Filter[1] desmonta varios de los mitos que siguen alimentando las políticas prohibicionistas: desde el supuesto vínculo entre los servicios de jeringas y el aumento del consumo o la delincuencia, hasta determinadas narrativas alarmistas alrededor del fentanilo y la naloxona. El problema no es solamente que existan afirmaciones falsas o exageradas. El problema es que estos mitos terminan convirtiéndose en política pública. Y México conoce perfectamente esa historia.
Aquí todavía escuchamos que entregar jeringas “fomenta” el consumo. Que hablar de reducción de daños es “normalizar las drogas”. Que la naloxona puede convertirse en un incentivo para consumir. Que quien usa metanfetamina simplemente “no quiere dejarla”. Que las personas que viven en la calle y consumen son una amenaza. Que la única respuesta legítima es internarlas, castigarlas o imponerles abstinencia.
No importa que la evidencia contradiga muchas de estas afirmaciones. El prejuicio tiene una enorme ventaja sobre la evidencia: no necesita demostrar nada.
La guerra contra las drogas construyó una gramática moral. Enseñó a llamar “viciosa” y “adicta” a la persona usuaria, “peligroso” al consumo y “limpieza” a la desaparición de quienes incomodan. De esta manera, una persona que usa drogas dejó de ser vista como un sujeto de derechos para convertirse en un problema social que alguien más debe resolver. Y cuando una sociedad acepta esa premisa, todo lo demás resulta mucho más sencillo.
Es más sencillo justificar que una persona sea expulsada de un servicio de salud porque “no cumple”. Es más sencillo negar material estéril porque “eso incentiva”. Es más sencillo criminalizar antes que atender. Es más sencillo hablar de “rescatar” a las personas sin preguntarles qué necesitan. Es más sencillo construir centros de tratamiento desde la obediencia y la abstinencia que construir servicios desde la autonomía y el consentimiento.
La guerra contra las drogas no solamente puso policías en las calles. Puso policías dentro de nuestras cabezas
Nos enseñó a sospechar. A juzgar. A separar a “nosotros” de “ellos”. Y esa frontera moral es particularmente peligrosa en salud pública.
Porque cuando una persona que consume drogas tiene miedo de acudir a un hospital por ser estigmatizada, la guerra ya entró al consultorio. Cuando alguien no solicita ayuda durante una sobredosis porque teme consecuencias legales, la prohibición ya está participando en esa muerte. Cuando una persona que se inyecta oculta su consumo y comparte material por miedo a ser señalada, el estigma deja de ser una opinión y se convierte en un factor de riesgo sanitario.
La reducción de daños viene a romper precisamente ese guion. No romantiza las drogas. No afirma que consumir sea inocuo. No niega los riesgos. Hace algo mucho más radical: reconoce que las personas existen aunque el Estado quisiera que dejaran de consumir. Y por eso les ofrece herramientas para vivir. Jeringas estériles. Naloxona. Información basada en evidencia. Análisis de sustancias. Atención sanitaria sin juicio. Acompañamiento. Prevención de VIH y hepatitis C. Espacios donde una persona pueda decir “consumo” sin que inmediatamente alguien responda “entonces tienes que dejarlo”.
Esto debería ser sentido común. Pero después de décadas de guerra, hasta el sentido común necesita ser descolonizado del prohibicionismo.
México necesita dejar de construir su política de drogas desde el miedo. Necesita abandonar la fantasía de que podemos eliminar las drogas mediante castigos y comenzar a preguntarnos algo mucho más realista: ¿cómo hacemos para que las personas sobrevivan, tengan salud y ejerzan sus derechos en un mundo donde las drogas existen?
Porque las drogas existen. Y seguirán existiendo. La pregunta política no es si nos gustan o nos disgustan. La pregunta es qué hacemos frente a ellas.
Podemos continuar alimentando el mercado clandestino, el estigma y la persecución. O podemos construir políticas capaces de reducir los daños producidos por las sustancias y los daños producidos por nuestras propias políticas.
La primera opción ya la conocemos. Se llama guerra contra las drogas. Y después de décadas de experimentarla, quizá llegó la hora de reconocer algo brutalmente sencillo: el mayor peligro no es solamente que algunas drogas puedan hacer daño.
También hace daño una sociedad que decide que las personas que las usan valen menos. Ahí comienza la verdadera batalla. Y esa sí tenemos que ganarla.
[1] Medrano, K. (2026, 11 de agosto). The drug war myths people still believe. Filter. https://filtermag.org/drug-war-myths/
*Egresado de la maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora.
Imagen principal: elmundo.es
