Incluye medidas como la activación inmediata de protocolos y mayor participación de familiares. Sin embargo, desde la oposición se cuestionó la forma en que fue avalada, al señalar que se aprobó de manera apresurada y sin análisis suficiente, además de advertir posibles riesgos en el manejo de datos sensibles y la falta de inclusión de propuestas alternas
Hermosillo, Sonora; 23 de abril de 2026.- En sede alterna, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora, con el objetivo de generar un marco jurídico bajo un enfoque de derechos humanos, garantizar la activación inmediata de protocolos de localización y mejorar los mecanismos de atención a familiares de víctimas.
La iniciativa, impulsada por legisladores de diversas fuerzas políticas, establece la creación de un sistema integral de coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, en el que participan instancias como la comisión de búsqueda, la fiscalía estatal y organismos de atención a víctimas, con el propósito de agilizar las acciones de localización e investigación.
Entre los principales cambios, se determina que la búsqueda de personas desaparecidas deberá iniciarse de forma inmediata, sin requisitos previos, desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho. Asimismo, se obliga a las autoridades a recibir reportes las 24 horas del día durante todo el año, mediante distintos canales de atención.
La reforma también amplía los derechos de los familiares, quienes podrán participar activamente en los procesos de búsqueda e investigación, acceder a expedientes, proponer diligencias y recibir acompañamiento integral, que incluye asesoría jurídica, atención psicológica y medidas de apoyo. Además, las autoridades deberán informar de manera oportuna sobre avances y resultados.
En materia forense, se prioriza la identificación científica de personas fallecidas no identificadas mediante técnicas especializadas, al tiempo que se prohíbe la disposición de restos humanos sin agotar previamente los procedimientos de identificación, con el fin de garantizar el respeto a la dignidad y el derecho a la verdad de las familias.
La legislación incorpora la figura de Declaración Especial de Ausencia, orientada a proteger los derechos civiles, patrimoniales y laborales de las personas desaparecidas, sin que ello detenga las labores de búsqueda. Este mecanismo busca brindar certeza jurídica a sus familiares.
Asimismo, se contemplan medidas de protección para familiares, testigos y colectivos de búsqueda, así como acciones preventivas que incluyen campañas informativas, capacitación de autoridades y análisis de contextos para identificar zonas de riesgo. Con esta reforma, el Congreso estatal busca consolidar un sistema de búsqueda más eficaz, coordinado y centrado en la atención a las víctimas.
Oposición cuestiona aprobación de la reforma
En contraste, legisladores de oposición cuestionaron el proceso mediante el cual se aprobó la reforma, al señalar que se realizó bajo un esquema de “urgente u obvia resolución” y fuera del orden del día original, lo que, a su juicio, limitó el análisis a fondo del contenido. La diputada Gabriela Félix Bojórquez sostuvo que la premura respondió a una resolución judicial reciente que obligaba al Congreso a legislar en la materia, tras años de rezago en la homologación con la ley general vigente.
Durante la discusión, la legisladora advirtió que el dictamen fue aprobado sin una revisión exhaustiva de sus más de 160 artículos, lo que, dijo, podría derivar en inconsistencias o vacíos legales. También expresó preocupación por la inclusión de disposiciones relacionadas con el uso de datos biométricos en las labores de búsqueda, al considerar que no se establecen con claridad los mecanismos de resguardo, uso y temporalidad de esta información sensible.
Asimismo, señaló que propuestas previamente presentadas por su bancada, como una iniciativa en materia de Declaración Especial de Ausencia orientada a proteger derechos patrimoniales y de menores, no fueron incorporadas al dictamen final. En este contexto, la legisladora criticó la falta de apertura para construir consensos y advirtió que la aprobación, aunque necesaria, se realizó sin el debido proceso deliberativo que requiere una legislación de este alcance.
Con información de congresoson.gob.mx
