Como una muy buena noticia calificaron los padres de la Guardería ABC organizados en el Movimiento Cinco de Junio la admisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de la Guardería ABC.
“Es algo que nos ha costado mucho tiempo en espera de que sucediera, estamos convencidos de que va a ayudar mucho a la Justicia ABC se empuje a nivel nacional e interamericano”, declaró Patricia Duarte Franco, que junto con su esposo Francisco García Quintana; Martha Guadalupe García Morales y Manuel Alfredo Rodríguez, María Guadalupe Martínez Trujillo y Luis Carlos Santos interpusieron la queja hace 6 años.
“Recordarán que en el 2014 tres familias acudimos ante la CIDH en Washington a interponer una queja por la deficiencia y la no acción del gobierno de México en el caso de la Guardería ABC. Después de casi 6 años ayer se admitió y hoy se inicia un litigio en el sistema, lo que ayudará a empujar también los litigios que están en México, en la SCJN”, dice Duarte Franco.
“Lo que sigue es que la CIDH va a analizar de una manera profunda las posibles violaciones a los derechos humanos a los niños y a nosotros. Si la CIDH resuelve favorablemente, el Estado tendría que obedecer sus recomendaciones, si no lo hiciera, la CIDH enviaría el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), última instancia del sistema interamericano. La Corte IDH emitiría entonces una sentencia plenamente vinculatoria al Estado mexicano, sentencia que estaría obligado a cumplir.”
“La CIDH es un medio para llegar a la Corte” puntualiza la madre de Andrés Alonso, “esperamos que la atracción de la CIDN agilice los procesos que se llevan en México y que la SCJN termine de resolver los amparos que tenemos interpuestos desde hace dos años, y no vemos interés por parte del poder judicial. Nosotros buscamos que se vaya a la Corte IDH, porque es más importante la sentencia, porque es vinculante, obligatoria.”
Duarte Franco aclara que el sistema interamericano no juzga a una persona, sin que se llama a cuentas al Estado mexicano y dado, si llega a la Corte IDH, se juzgaría al estado mexicano. Después, al dar las sentencias o recomendaciones, el estado tiene que acatar éstas.
“El litigio interamericano busca una resolución enfocada en factores estructurales, como fallas en el sistema de subrogación y la falta de acceso a la verdad y a la justicia. Si el actual gobierno federal tiene voluntad política, puede empezar a trabajar en analizar el sistema de subrogación que ha sido criticado por toda la sociedad.”
“Tenemos la esperanza de que se resuelva antes de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así nos lo dicen los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro, por el hecho de que hayan admitido el caso antes de que se cerraran las instancias nacionales. La cid lo admitió tomando en cuenta un artículo que prevé casos de excepción, y así lo tomaron, porque a 11 años ni siquiera se ha resuelto el amparo donde quedaría en firme la sentencia que estamos esperando de los 19 funcionarios procesados y sentenciados.”
“Para nosotros es un gran paso de resultar favorable, es un elemento poderoso para impulsar el acceso a la justicia a nivel nacional. No es fácil en un país donde ha imperado la impunidad y la corrupción”, termina diciendo Patty Duarte.
A continuación el comunicado del Centro Prodh:
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso de los 49 niños y niñas fallecidas a causa del incendio ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009, tragedia que sacudió al país y que constituye uno de los casos más emblemáticos de lucha por la protección de los derechos de la niñez mexicana.
Durante más de 11 años, las familias de los niños y las niñas han emprendido una lucha incansable por la verdad, la justicia y la no repetición de hechos tan dolorosos como estos. Han señalado que el incendio en la Guardería ABC no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, pues dicho sistema convirtió el cuidado de los niños y las niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias. Por otro lado, las familias han exigido la investigación y sanción penal a todos los actores responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales del incendio.
Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la CIDH. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible. Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición.
Este litigio interamericano es un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana. Las acciones necesarias en este sentido incluyen la plena y efectiva aplicación a nivel nacional de la Ley 5 de Junio -fruto de la lucha de las familias del caso ABC- y el reconocimiento de que el cuidado de los niños y las niñas no puede ser visto como un negocio subrogable, sino que constituye una obligación del Estado y derecho de la niñez y de las familias.”
